Andalucía ocupa el tercer puesto en el ranking de Comunidades que más aportan al PIB de España (13,9%), pero sigue siendo la más pobre de las CCAA, superando en más de 12 puntos la media estatal de pobreza. Cerca del 40% de sus habitantes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto significa que más de 1 de cada 4 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en el Estado español vive en Andalucía.

Por David Pérez, de Tocina-Los Rosales

La desigualdad entre la riqueza que se genera en Andalucía y la pobreza creciente que se expande entre los trabajadores y los pueblos tiene que ver con la concentración de riqueza y de tierra en un puñado de familias procedente de la nobleza y la aristocracia que siglo tras siglo han conservado el patrimonio. Hoy en día, más del 50% (4 millones de hectáreas) de la tierra está en manos del 2% de los propietarios. Gran parte de este patrimonio se concentra en las manos de las familias Alba, Domecq, Mora Figueroa, Quesada, Osborne, el Duque del Infantado, el Marques de la Motilla, y el Conde de Luna. Todas estas familias se llevan la mayor parte de las ayudas de la PAC (Política Agraria Comunitaria).

Andalucía ocupa el tercer puesto en el ranking de Comunidades que más aportan al PIB de España (13,9%), pero sigue siendo la más pobre de España

La política agraria de 1984 ha servido únicamente para que estas familias continúen aumentando su patrimonio, batiendo récord en cuanto a acaparamiento de tierras. Por eso el debate sobre la necesidad de una Reforma Agraria viene siendo silenciado, debido al compromiso de las organizaciones sindicales y políticas, incluida la izquierda, con la pertenencia a la UE.

Durante el gobierno del PSOE-IU recobró importancia el debate sobre la cuestión agraria. Sin embargo, y muy a pesar de esta reivindicación histórica de los andaluces, los debates no se centraron en cuestionar el desmantelamiento que sufre el campo ni tampoco el latifundismo parásito andaluz, sino que se focalizó en poner en marcha un banco público de tierras.

Esta tibia medida choca de lleno con el modelo de cupos que desde la UE se viene imponiendo a la producción agrícola. De ahí que tanto PSOE como IU ni siquiera fueron capaces de poner a  producir las tierras públicas de la Junta de Andalucía. Tal medida no sólo contó con un presupuesto ridículo sino que se nutrió tan solo de 10.000 hectáreas (la Casa de Alba posee sólo en Andalucía 34.000 hectáreas), donde la mitad eran forestales y la otra mitad secano, ni siquiera regadío. En realidad estas tierras que componen el banco de tierra anteriormente habían salido a subasta y nadie apostó por ella.

Del mismo modo que fracasó el famoso banco de tierra, la Junta de Andalucía continuaba poniendo trabas a las fincas recuperadas por l@s jornaler@s, cumpliendo el mandato de la UE de avanzar hacia una Andalucía baldía e improductiva.

Por tanto hablar de Reforma Agraria en Andalucía nos exige en primer lugar:

• Enfrentar el modelo restrictivo que desde la UE se está imponiendo en el campo de Andalucía basado en los cupos de producción. De nada sirve poner los latifundios en Andalucía en manos del pueblo si desde la UE nos penalizan por producir.

• Exigir que los fondos de la PAC se rijan por criterios productivos y de generación de empleo y no por el número de hectáreas como hasta ahora. Actualmente, solo 1/3 de los perceptores de la PAC trabajan la tierra.

• Ley que regule los precios de los productores para acabar con el chantaje y acoso que reciben los pequeños y medianos productores por parte de las grandes distribuidoras y comercializadoras.

• Expropiación de los latifundios improductivos de Andalucía que se llenan los bolsillos con las subvenciones y que ni trabajan la tierra ni crean empleo. Nos referimos al puñado de grandes familias (Alba, Domecq, Mora Figueroa, etc.) que concentran la mayor parte de la tierra útil en Andalucía y que, pese a que se están beneficiando de las millonarias ayudas de la PAC, a día de hoy mantienen sus tierras baldías. Hay que hacer de ellas un banco público de tierras para ponerlas a producir con el objetivo de generar empleo y recuperar la soberanía alimentaria.

• Creación y desarrollo de la industria de transformación. Son muchos los alcaldes de la comarca de la vega que insisten en la necesidad de desarrollar y apostar por una industria transformadora en la zona. Sin embargo, en estos últimos años se ha avanzado en la dirección contraria, ya que hemos vivido un acelerón en el desmantelamiento de la frágil industria transformadora. El problema es que las buenas intenciones de los alcaldes chocan con la sumisión del gobierno central y andaluz a los planes que impone la UE, y en lugar de enfrentarlos y cuestionarlos, continúan realzando las ayudas y subvenciones (fondos FEDER), que se dan a cambio del desmantelamiento productivo del país en beneficio de Alemania y Francia.

Ni el PSOE ni IU fueron capaces de poner en producción las tierras públicas de la Junta de Andalucía

Para revertir esta situación en el campo andaluz, es necesario que l@s jornaler@s nos pongamos a la cabeza de dar una salida a la actual situación, lo cual implica enfrentar al gobierno de la Junta y al «nuevo» gobierno de Rajoy, rechazar los planes de la UE, rechazar al Tratado de Libre Comercio con EEUU (TTIP) y cualquier tipo de pacto que siga beneficiando a los latifundios.

El conflicto del PER en Andalucía entra en nueva fase

Después de la marcha a pie  de septiembre hasta el parlamento, nos estamos dirigiendo a los ayuntamientos de la comarca con el objetivo de que se pronuncien a favor de las víctimas de Agrícola Espino y Baena Franco, pidiendo la retirada de las sanciones como el archivo del auto por lo penal.

El pasado jueves 27 tuvo lugar el primer pleno en apoyo a los trabajadores/as de Agrícola Espino, donde se aprobó por unanimidad una declaración institucional en apoyo y  solidaridad con los trabajadores, solicitando la retirada inmediata de las sanciones. En las próximas estamos pendientes de que nos confirmen la cita de los plenos, tanto en Rinconada como en Burguillos.

En estas próximas semanas estamos igualmente pendientes de que nos confirmen la aprobación de la declaración institucional en el Parlamento de Andalucía. Para fortalecer y darle contenido a dichas mociones estamos haciendo un llamamiento por pueblos para que asistan a los plenos, y así ponerle rostro a la injusticia que se esta cometiendo contra los trabajadores de Agrícola Espino.