Ante el temor de muchas familias de llevar a sus hijos/as al cole, el gobierno y los distintos responsables autonómicos de Educación se han dedicado a repetir el “mantra” de que los centros educativos “son más seguros que las calles”. Sin embargo, se ha demostrado que sus promesas no valían nada y que únicamente se han dedicado a vendernos medidas, como la de los famosos “grupos burbuja”, que se sostienen sólo en el papel pero no en la vida real.
Menores confinados, padres y madres abandonados a su suerte
A pocas semanas de iniciarse el curso escolar, empezamos a ver los resultados de una vuelta al cole improvisada, sin inversión suficiente y con apenas medidas de seguridad: más de 2.852 aulas cerradas en toda España.
Clases abarrotadas de estudiantes sin distancia de seguridad y ratios muy por encima de los 15 alumn@s por aula que recomendaban l@s sanitari@s. En plena ola de un nuevo rebrote del virus, era de esperar que empezarán a darse contagios solo empezar el curso.
Y junto a los contagios, llegan los confinamientos y con ellos se plantea el dilema: aunque el menor de un aula confinada dé negativo en el test del Covid, está igualmente obligado a guardar cuarentena por haber sido contacto con un positivo. Una cuarentena que el Gobierno ahora reduce a diez días, pero que en teoría, “no es obligatoria para el resto de su familia”, por lo que ni el padre ni la madre pueden optar a una baja laboral para garantizar la cuarentena del menor. Es decir: el gobierno espera que niños y niñas menores de 12 años, o con alguna discapacidad, ¡hagan la cuarentena solos/as en sus casas! Empezó el curso, pero al igual que faltan profesores/as y aulas, faltan recursos y medidas para garantizar unas cuarentenas que eran más que previsibles.
Este Gobierno ha tenido todo el verano para planificar la vuelta al cole. Pero más allá de algunas declaraciones retóricas, no ha planteado ninguna medida concreta para resolver esta situación, en la que cada vez se encuentran más familias. Muchas, no tienen recursos económicos para pagar a alguien que se haga cargo del menor y en esta ocasión recurrir a la ayuda de “abuelos y abuelas” debería quedar completamente descartado por el riesgo al contagio. Peor aún lo tienen, los 1,8 millones de hogares monoparentales, en un 80% encabezados por mujeres.
¿ Derecho a la conciliación familiar y laboral?
En tiempos de pandemia, la dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral, se profundiza. Algo que muchas familias, y en especial las mujeres, ya venimos sufriendo. Muchos trabajadores/as se ven obligados/as a coger una excedencia laboral renunciando al salario o se enfrentan a la posibilidad de perder el empleo si se quedan en casa cuidando de sus hijos/as.
Según el Estatuto de los Trabajadores, no ir a trabajar o llegar tarde por causas relacionadas con el cuidado de los menores, es una falta justificada. Con lo que ni siquiera existe falta que pueda ser sancionada de ninguna forma y menos aún con despido disciplinario. Pero ya sabemos que esto es sólo en teoría. Con el desempleo por las nubes y la precariedad laboral como norma, muchas empresas no garantizan ni siquiera ese derecho. Más que nunca, es urgente exigir al Gobierno que regule esta situación cuando se den confinamientos de niños/as por el COVID19. Hasta ahora la única propuesta que han hecho es el Plan “MeCuida”, que el mismo gobierno ha decidido prorrogar y que ofrece la posibilidad de “adaptar” el horario de tu jornada laboral. Una medida que a todas luces es completamente insuficiente si tenemos en cuenta que un niño/a confinado/a necesita a sus cuidadores en casa 24h al día y que en el caso de los empleos más precarios, es la empresa quien tiene “la sartén por el mango”. La otra opción que están planteando es reducir la jornada laboral a costa del salario, algo que la mayoría no nos podemos permitir.
Teletrabajo NO es conciliación
El pasado martes, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministro las bases para una Ley que regule el teletrabajo, que algunas personas ven como un alivio al problema de la conciliación.
Lo primero es que la normativa aprobada deja muy claro, que el teletrabajo será “voluntario” tanto para el trabajador/a como para la empresa, que no tiene por tanto obligación de concederlo. Lo segundo es que muchos empleos, incluyendo algunos de los considerados servicios esenciales que han estado y siguen estando en primera línea contra el virus, no son susceptibles de ofrecerse en esta modalidad laboral. Según datos del INE, sólo un 34% de personas pueden haber tele-trabajado durante el confinamiento.
Y en tercer lugar, tele-trabajar mientras haces la comida, atiendes las tareas escolares de los niños/as y cuidas de ellos/as o de familiares dependientes, no es conciliación. Es solo otra forma más de precarizar el trabajo. Además, como los cuidados recaen fundamentalmente sobre las espaldas de las mujeres, somos nosotras las que acabamos reduciendo nuestra jornada o abandonando el puesto de trabajo. Por ese motivo, el teletrabajo no es una solución válida para todas las familias.
Abrir los centros educativos, aún sin las medidas necesarias para una vuelta segura, era fundamental para asegurar a la patronal que los trabajadores/as con hijos/as siguiéramos produciendo incluso en medio de la pandemia. Vemos como mientras este Gobierno sigue exprimiendo a las arcas públicas para alargar los ERTES en la medida que exige la gran burguesía, no hay dinero para garantizar el derecho a una educación de calidad y segura. Una vez más, los/as trabajadores/as y las familias con menos recursos quedan abandonados/as a su suerte.
¡Necesitamos una solución efectiva y la necesitamos ya! No podemos permitirnos esperar más, mientras el número de contagios sigue creciendo. ¡Basta de tímidas medidas que se prorrogan indefinidamente o de anunciar otras que nunca se concretan! ¡Por cada aula o centro educativo que se cierre, hay que exigir permiso retribuido con el 100% del sueldo a los padres y madres para atender de forma adecuada a aquellos menores que lo precisen!