Pablo Iglesias anunció este jueves 4 que el Decreto Ley para regular la paralización de los desahucios de quienes puedan alegar encontrarse en situación de vulnerabilidad, se aprobará antes de fin de año.
Recordemos que el anuncio de esta medida, era la condición para que UP, ERC y Bildu retiraran su enmienda a los Presupuestos del gobierno para 2021, como finalmente han hecho, antes de que el decreto se apruebe.
El acuerdo alcanzado entre ambos socios de gobierno significa sin embargo, un recorte frente a la enmienda retirada. Si ésta planteaba la suspensión de cualquier lanzamiento de vivienda hasta finales de 2022 y la prohibición en el corte de suministros a toda familia vulnerable, el decreto anunciado, recoge la «prohibición de llevar a cabo desahucios de todas aquellas personas o familias que carezcan de una alternativa habitacional digna«. Pero sólo hasta que finalice el Estado de Alarma; esto es el próximo 9 de mayo y deja en el aire, pendiente de negociación, la prohibición de cortar los suministros.
Y aunque ya no será necesario demostrar que la pandemia es la causa directa de dicha situación de vulnerabilidad social, sí habrá que presentar un informe social vinculante, que los tribunales se verán obligados a tener en cuenta. Un informe que no siempre será fácil de conseguir, puesto que debe ser emitido por los Servicios Sociales; en la actualidad desbordados de trabajo, ya que atienden cada vez más demandas y más situaciones de emergencia social, con cada vez menos recursos y el mismo personal.
Desde Corriente Roja queremos dejar claro que esta medida arrancada al gobierno de coalición, ha sido posible gracias a la presión que mediante la lucha y movilización, numerosos colectivos sociales agrupados en distintas iniciativas unitarias, han llevado a cabo en estos meses. Porque como se ha denunciado muchas veces, pese al discurso del gobierno, los desahucios han seguido produciéndose en plena emergencia sanitaria. Una media de 70 desahucios diarios a familias enteras con menores, personas mayores, en situación de discapacidad o incluso enfermas por Covid-19.
El decreto anunciado es completamente insuficiente y muy alejado de las medidas que necesitamos para garantizar nuestro derecho a una vivienda digna. Como ha señalado Manuel San Pastor, abogado de la PAH, la medida anunciada es como intentar «poner una tirita en una hemorragia que lleva años sangrando». Y es que aunque el problema de los desahucios ya sea por impago de hipoteca o de alquiler se ha agravado con la pandemia, hablamos de un problema social estructural que como otros, lleva años existiendo. La Covid-19 ha puesto sobre la mesa la carencia generalizada de vivienda asequible y digna donde protegerse de la pandemia y la falta de voluntad de los gobiernos de cualquier tipo, por asegurar un derecho tan fundamental como es el de disponer de un techo.
El drama de la vivienda se viene cronificando desde la crisis del 2008. Una crisis que nunca acabó. Desde entonces, más de un millón de desahucios han sido ejecutados en el Estado Español. Y si hace unos años eran por impagos de hipotecas, hoy la mayoría (el 70%) son por impago de alquileres, pues en medio de esta tragedia social, quienes viven de alquiler se ven obligados a pagar mes tras mes, unos alquileres que están a años luz de nuestras condiciones laborales y salariales. Muchas de estas viviendas están en manos de fondos buitre o entidades financieras, que en medio de esta crisis sanitaria, económica y social, acumulan la mayor parte de viviendas vacías y siguen especulando con ellas.
Todo indica que tras el fin del Estado de Alarma y de la propia pandemia, este problema no se va sino a agravar, cuando miles de familias tengan que enfrentarse a los pagos paralizados durante la moratoria. La oleada de cierres, ERTEs que se hacen indefinidos, EREs y fusiones que se anuncian, traerán consigo además nuevos despidos, que pondrán a más trabajador@s en la misma situación de impago. Porque ante este grave problema social, la única medida que este gobierno ha ofrecido es endeudarnos aún más con la Banca.
Mientras, las escasas e insuficientes ayudas sociales, anunciadas a bombo y platillo, siguen siendo «papel mojado» para millones de personas que intentan acceder a ellas. De las 1,2 millones de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital- medida estrella de este gobierno para acabar con la pobreza- sólo 160.000 reciben ésta en la actualidad y el ministro de Seguridad Social ya ha reconocido que «no va a llegar ni de lejos a los 850.000 hogares como se preveía este año cuando se aprobó».
La lucha por una vivienda digna debe continuar
Como medida de urgencia, es imprescindible seguir exigiendo la prohibición del corte de suministros básicos y la paralización de cualquier desahucio, sea por impago de hipoteca o alquiler, que tenga por causa la falta de ingresos económicos. No sólo de forma temporal mientras dure la pandemia, sino de manera permanente e indefinida. Porque la vivienda es un derecho básico.
Para solucionar el problema de la vivienda, garantizar precios justos y un acceso universal al agua, la luz o el gas, no queda otra que seguir reivindicando en las calles un plan de choque social que incluya las medidas de fondo que necesitamos y que el actual Gobierno se niega a adoptar por su sumisión a la Banca y a los fondos buitres.
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¡Expropiación de las 3.5 millones de viviendas vacías en manos de la Banca y fondos buitre, para la creación de un parque de viviendas públicas y sociales bajo control popular!
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¡Paralización indefinida de los desahucios y alternativa habitacional digna, por parte de las Administraciones!
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¡Regulación y limitación real y efectiva de los precios del alquiler en todo el Estado!
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¡Si no cobramos, no pagamos. Exigimos el no pago de hipotecas y alquileres ni de suministros básicos, por parte de familias y personas sin ingresos!
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¡Expropiación bajo control obrero y nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, como son las empresas generadoras y comercializadoras de energía!
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¡Que la Banca devuelva los 65.000 millones de euros que deben tras su rescate con dinero público!