Miles de agricultores llevan saliendo a la calle desde mediados de enero en protesta por la situación que vive el sector agrícola.
ASAJA, COAG y UPA convocaron un calendario de manifestaciones y acciones de protesta en todo el Estado Español, al tiempo que hicieron público un manifiesto el pasado 17 de enero donde exponían su preocupación tanto por “los desequilibrios de la cadena agroalimentaria” en relación a la especulación con los precios en origen, como por los más que previsibles recortes de las subvenciones de la PAC, las ayudas provenientes de la UE que actualmente se concentran en un puñado de grandes latifundistas.
Los datos son claros sobre la gravedad de la situación. Más de 7.000 pequeños agricultores dejan la tierra cada año (60.000 en la última década) y uno de cada tres tiene que seguir trabajando con más de 65 años. Al mismo tiempo, el negocio del campo se dispara. Disminuyen las explotaciones agrícolas pero aumenta el tamaño de las mismas. Como en el resto de la sociedad, en el campo los ricos son cada vez más ricos y los pequeños agricultores cada vez más arruinados.
Es el proceso de incursión de las grandes empresas, las grandes cadenas de supermercados, de las llamadas “empresas integradoras” (vinculadas a capital riesgo y fondos de inversión). Se trata en esencia de la lógica del sistema capitalista de concentración de riqueza, en el que la cadena agroalimentaria, desde los insumos, la producción, la distribución y la comercialización, va quedando en las manos de los grandes capitalistas, como los Mercadona, Carrefour, LIDL, Eroski, Ebro, Nestlé …y se convierten en “cadenas completas de suministros”, que tienen a su merced y aplastan a los pequeños agricultores.
Esos son los problemas de fondo que han ido dejando crecer un gobierno tras otro (PSOE-PP) en connivencia con la Unión Europea.
El gobierno debe actuar con contundencia en defensa de la pequeña agricultura, frente al latifundio y las grandes cadenas agroalimentarias.
El gobierno ha respondido a esta lucha creando una Mesa de Diálogo Agrario en la que “dar respuesta a los problemas del sector agroalimentario”. Sin embargo no se puede dar respuesta a los problemas del campo sin arremeter contra los latifundistas, los grandes supermercados y las políticas del Unión Europea que en la actualidad tienden a una liberalización completa para los grandes negocios en relación al Mercosur, Marruecos o Sudáfrica.
Si el nuevo gobierno sigue mirando de rodillas a la Unión Europea y gobernando sin querer enfrentarse a las multinacionales agroalimentarias y a los latifundistas acabará por lograr el repudio de todo el campo y acabará abriendo un pasillo por el que entre hasta la cocina la derecha franquista, sea verde, azul o naranja.
Por esa razón desde la lucha de los pequeños agricultores y desde las propias organizaciones obreras hay que exigir del nuevo gobierno un PLAN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA que vayan a la raíz del problema, empezando por rebelarse contra la UE y su escandaloso reparto actual de las ayudas de la PAC, basadas no en la producción sino en la extensión de la propiedad.
Son grandes empresas y las familias acaudaladas de la «nobleza» latifundista quienes llevan años forrándose con el cobro de las ayudas millonarias de la PAC. Son, entre otras, la Nestlé España S.A.; los Mora-Figueroa Domecq; la Casa de Alba; los Domecq; los Hernández Barrera; los Roig Alonso, los Vall… latifundistas parásitos y especuladores que acaparan el 90% de unas ayudas que en el 2018 alcanzaron la cifra de 7.411 millones de euros.
Las grandes cadenas de distribución aprovechan su dominio oligopólico del mercado para imponer precios por debajo de los costes de producción para los pequeños agricultores. El gobierno debe tomar medidas con carácter de urgencia, promoviendo y haciendo efectiva con carácter de urgencia la prohibición de la venta a pérdidas obligando a las grandes comercializadoras a pagar un precio justo.
Garantizar precios mínimos, como se exige desde los pequeños agricultores, es una demanda justa cuando se aplica contra estos oligopolios de los grandes supermercados y las llamadas «cadenas de suministros», pero para que esa justa demanda no se acabe convirtiendo en un simple traslado de la carga de los precios finales a los trabajadores/as de la ciudad, el gobierno debe garantizar mediante la creación de un organismo público, el monopolio de la distribución por parte del Estado, estableciendo así precios de origen y precios finales. Un organismo público que debe quedar bajo control de los productores y consumidores.
De fondo el problema del campo es la ausencia de la secularmente aplazada REFORMA AGRARIA, una tarea democrática de profundo contenido social que debe abordar un conjunto de medidas económicas, políticas y sociales que modifiquen la actual estructura de la propiedad y de la producción de la tierra. Una reforma agraria que aborde todo el proceso, desde los insumos a la producción, la distribución y la comercialización de los productos agroalimentarios en interés de la inmensa mayoría social, la clase obrera y los pequeños agricultores. Una verdadera reforma agraria que debe comenzar por expropiar los grandes latifundios en manos de parásitos, que cobran por mantener en barbecho miles de hectáreas y que aumentan así el proceso de concentración de tierras, para que pasen a ser explotados colectivamente por los jornaleros/as.
Es con medidas resueltamente anticapitalistas, antimonopolistas y democráticas y no con un “código ético” como el que el gobierno de Sánchez e Iglesias promete, con lo que se puede comenzar a cambiar la situación de deterioro y crisis del campo. Sin medidas que vayan a la raíz de los problemas la Mesa de Diálogo Agrario no será más que una cataplasma y adormidera de las movilizaciones, que aumentará la frustración y con ella crecerá el descontento y el caldo de cultivo de la extrema derecha.
Por la unidad entre pequeños agricultores y jornaleros, apuntar contra los oligopolios y latifundistas. ¡En defensa de la subida del salario mínimo!
En medio de denuncias y reivindicaciones justas de los pequeños agricultores, los dirigentes de las organizaciones agrarias han mostrado sus quejas contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Esa actitud de los dirigentes de ASAJA, COAG y UPA no sólo no ayuda a lograr la solidaridad de millones de trabajadores/as con los pequeños agricultores y sus justas demandas, sino que provoca rechazo.
Llama la atención que UPA y COAG que han denunciado en no poca ocasiones el modelo “especulativo y neoliberal de ASAJA” capitulen de esta manera a una organización que representa a los latifundistas y a los sectores patronales más reaccionarios y beligerantes contra los trabajadores/as del campo.
La subida del SMI no afecta a la inmensa mayoría de los pequeños agricultores, los más de 300.000 que trabajan sus tierras y no tienen asalariado alguno. En lo que pueda afectar a los empleadores agrarios, hay que recordar que en no pocos casos no cumplen ni siquiera el pago de lo estipulado en los convenios o no dan de alta a los trabajadores/as.
El aumento del SMI son además un coste irrisorio frente a la irrupción de los oligopolios, de las cadenas de distribución y comercialización, del desembarco de los fondos de inversión en la agricultura y la ganadería, etc.. Es contra ellos contra quien hay que apuntar, no contra los jornaleros.
Este tipo de afirmaciones contra la subida del SMI, así como las declaraciones del tipo de las hechas por el Presidente de la Junta de Extremadura, vinculando aumento del desempleo a la subida del SMI, no están al servicio del apoyo a los pequeños agricultores sino de la defensa de la patronal agroalimentaria y los latifundistas.
Los discursos de los dirigentes de las citadas organizaciones agrarias que arremeten contra la subida del SMI, así como la del Presidente extremeño Fernández Vara falsean los problemas de fondo y muestran su capitulación a los latifundistas, a los oligopolios que se apropian de las ayudas de la UE y a las grandes superficies que se lucran especulando con los precios.
La cantinela contra la subida del SMI no es más que una burda cortina de humo para intentar ocultar esos problemas de fondo, enfrentar a los pequeños agricultores con los trabajadores/as del campo y de la ciudad, echarlos en brazos de los latifundistas e intentar dar base social a VOX, PP y C´S.
Los trabajadores/as del campo y de la ciudad, los/as jóvenes, somos los primeros interesados en apoyar las justas demandas de los pequeños agricultores, porque de seguir esta situación acabaremos pagándolo con más desempleo, peores condiciones de trabajo en el campo, productos más caros y de peor calidad en la ciudades y con la destrucción medioambiental que estas empresas depredadoras imponen por donde van.
Pero forjar esa unidad necesaria para todos/as y que la lucha prospere exige que los pequeños agricultores dirijan su indignación hacia los especuladores, latifundistas, las grandes cadenas de supermercados y la llamada industria agroalimentaria que son los responsables directos del saqueo del que son objeto.
Desde Corriente Roja llamamos a todas las organizaciones obreras, democráticas, colectivos medioambientales y especialmente a los pequeños agricultores a defender en el campo la aplicación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, a exigir del gobierno un plan de medidas de urgencia para salvar el campo (plan que es imposible aplicar sin enfrentarse a la UE), a dar la espalda y romper con los grandes propietarios, latifundistas y mercaderes de la agroalimentación.