Desde la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) queremos manifestar nuestra alegría por la no entrada en prisión de los 5 mineros de Zarréu y agradecer la solidaridad y el apoyo de los miles de personas que, organizaciones y colectivos sociales que lo hicieron posible.
En la CSI tenemos el convencimiento de que esta solidaridad y las movilizaciones que tuvieron lugar durante todo el proceso, tanto en Asturies como en el resto del Estado, jugaron un papel decisivo sin el que la libertad de los 5 mineros de Zarréu no hubiera sido posible.
Tanto la primera sentencia del Juzgado de lo Penal, como la segunda sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial admiten que el forcejeo que tuvo lugar con el capataz denunciante, sólo es constituyente de una falta de lesiones, merecedora de 12 días de arresto domiciliario, debido a que, como admitió el forense durante el juicio y como en la propia sentencia se afirma, “no necesitó de ningún tratamiento curativo”. La propia Audiencia Provincial, incluso rebaja esta sanción para uno de los mineros, a una pena de multa.
Además, la Audiencia Provincial admite también que, en ningún momento se produjeron acometimientos directos, es decir, agresiones físicas a los agentes de la Guardia Civil, ni abuso de superioridad numérica, esto último tal y como se afirmaba en la primera sentencia del Juzgado de lo Penal, sino una “acción de oposición a las órdenes de la fuerza actuante”, por lo que rebaja la condena a un año de prisión.
Las responsabilidades de los trabajadores ya fueron depuradas, ¿se hará lo mismo con los responsables del accidente?
El 12 de julio de 2012 se producía un accidente en la mina de Zarréu, que dio lugar a los hechos que ahora se depuran con una condena de un año de prisión para los 5 mineros.
Tras las labores de rescate en dicho accidente, se consiguió sacar a los trabajadores atrapados en la mina. Pero, en lugar de subirlos en las ambulancias, que esperaban aparcadas en la boca de la mina, un mando de la empresa los subió a un vehículo pick up (un todoterreno) para conducirlos a los vestuarios y, de esta forma, intentar ocultar la gravedad del accidente.
Ante tal hecho, los trabajadores y vecinos y vecinas presentes, interceptaron el vehículo del mando de la empresa en el que eran trasladados los accidentados, para subirlos a las ambulancias y que fueran tratados adecuadamente, lo que dio lugar a los incidentes por los que los 5 mineros de Zarréu están condenados a un año de prisión.
Para la CSI, tanto la Dirección General de Minas, como la Inspección de Trabajo y la propia Justicia no pueden dar por cerrado este caso y es necesario abrir una investigación a fondo, que de respuesta a preguntas que todavía no se han contestado:
-¿Es cierto que el día del accidente se estaban realizando trabajos de extracción, a pesar de que se estaba en período de huelga, en el que sólo está permitido realizar trabajos de mantenimiento?. Y, en ese caso, ¿quién ordenó realizar estos trabajos de extracción?.
-¿Es cierto que se utilizó goma-2 para los trabajos de rescate, cosa totalmente prohibida?. Y, en ese caso, ¿quién ordenó su utilización?.
-¿Por qué los trabajadores accidentados fueron conducidos a los vestuarios en un coche de empresa, en lugar de ser trasladados en las ambulancias hacia un centro médico para examinar su estado de salud, después de haber permanecido un gran número de horas atrapados en la mina?.
Incumplir toda norma de prevención y seguridad laboral, despreciando la vida de los trabajadores y trabajadoras, no tiene castigo alguno. Sin embargo, socorrer a los trabajadores accidentados y ponerlos en manos de los servicios médicos, se castiga con penas de cárcel.
Actuaciones irracionales como “disparar” con goma-2, con tres trabajadores atrapados en la mina, amenazar a los trabajadores accidentados con despedirlos si denunciaban el accidente o transportarlos en un vehículo no autorizado hacia los vestuarios, en lugar de llevarlos a un centro médico, no merecen, siquiera, una investigación si quien lo hace es un capataz de la empresa.
La Justicia no puede aplicar su rigor sobre los trabajadores y trabajadoras y dejar impunes, sin ningún tipo de investigación, a los posibles responsables empresariales del accidente.
Por esa razón, creemos imprescindible que se inicie una investigación a fondo sobre las causas del accidente de la mina de Zarréu, que salga a la luz lo que verdaderamente pasó aquel día y se depuren las responsabilidades penales a que haya lugar, tanto para la empresa como para el propio capataz.
