El pasado 5 de agosto el Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 6 de la Audiencia Nacional notificaba la resolución impulsada por el Ministerio del Interior a través de la Abogacía del Estado en el que se instaba a la “extinción” de Izquierda Castellana. Es decir, a su desaparición como organización política legal.
En esta ocasión, el Ministerio del Interior se amparaba en triquiñuelas administrativas, argumentando que los estatutos de IzCa no se ajustan a los cambios introducidos por la reforma legislativa de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.
Desde Corriente Roja, queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras y compañeros de Izquierda Castellana así como mostrar nuestro rechazo más absoluto a este nuevo intento de ilegalización por parte del Ministerio del Interior. Ya en el año 2008 se produjo un intento de ilegalización que finalmente terminó archivado y fueron imputados Luís Ocampo y Doris Benegas, tras la represión policial que se desató durante la movilización convocada en el 2014 por la Coordinadora 25S.
Esta nueva actuación absolutamente antidemocrática vuelve a dejar al desnudo al actual ejecutivo PSOE-UP, en un marco de prohibiciones y un aumento de la represión policial, que intentan justificar por la pandemia actual y el vergonzoso papel una vez más de una justicia heredada a la que no reconocemos legitimidad alguna.
Compañeras y compañeros, reiterarles de nuevo todo nuestro apoyo y solidaridad y como siempre no duden en contar con nosotr@s en todo aquello que podamos ayudarles.