En la sesión de investidura, Pedro Sánchez habló de garantizar la universalidad para todas las personas sin importar su nacionalidad y recuperar el derecho a la protección de la salud. Así, en el mes de julio el Gobierno del PSOE aprobó el RDL 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud; pero no blinda la universalidad, ni se derogan la Ley 15/97 ni el art. 135 de la Constitución, donde sigue abierta la puerta a la privatización. El PSOE miente, como siempre.
La sanidad pública universal fue un gran avance social pero la aprobación de la Ley 15/97 por el PP con apoyo de PSOE, PNV, CIU y CC, permite introducir la privatización de la sanidad en todo el estado y dejar sin servicio a una gran parte de la población. El abandono del estado causa el deterioro, las listas de espera, la falta de profesionales,… mientras promueve el trasvase de pacientes a las clínicas privadas.
Un derecho no puede estar en manos de la empresa privada pues su lógica bajo el capitalismo no es buscar el bienestar de toda la población sino maximizar su propio beneficio. Este derecho ha de garantizarlo el Estado.
La crisis actual y las reformas laborales de PP y PSOE nos devuelven al S. XIX, cuando una dolencia grave significaba quedarse sin trabajo y sin ingresos. Igual que entonces, la clase trabajadora sufre el problema en mayor medida pues cuenta con mayor mortandad y morbilidad por barrios insalubres, precariedad, desahucios y pobreza. Las condiciones laborales, largas jornadas, desplazamientos eternos, bajos salarios, paro, etc. son factores que aumentan las posiblidades de enfermar psíquica y orgánicamente. El Gobierno nos quita la sanidad, las empresas la vida y nosotras pagamos seguros privados. Un negocio redondo.
Durante años las direcciones sindicales (CC.OO, UGT, CIG, CSIF….) así como los partidos parlamentarios como IU o PSOE se han limitado a meras acciones simbólicas, orientadas estratégicamente a la convivencia de lo público y lo privado, que han llevado a la precariedad más absoluta a todo el personal y a la privatización. Esto ha hecho surgir direcciones sindicales más combativas y Movimientos Sociales por todo el estado, donde las personas usuarias y trabajadoras se han unido para luchar y defender una sanidad 100% pública con condiciones laborales dignas, priorizando la movilización y no las instituciones. Prometedor, pero no existen atajos. Es una labor paciente de movilización, debate, organización y concienciación.
Pero entre estos Movimientos que han aparecido hay sectores que se orientan hacia la denuncia pero admiten la convivencia público-privada y confían en las instituciones, como Podemos o En Marea. Otros, no pueden afirmar que defienden la sanidad pública 100% cuando están en organismos de unidad con los que aceptan la 15/97 o el art. 135 de la Constitución, como SOS Sanidade en Galiza donde están PSOE, CCOO, UGT, BNG, IU, …
El trabajo eficaz para lograr una sanidad pública y universal sólo comenzará cuando se asuma que surge de la lucha de una clase social contra los intereses económicos de otras. Esa visión es lo que hace que surjan métodos, organización y estrategias. También alianzas útiles: colaborar con quien defiende lo contrario a una sanidad 100% pública y universal es inútil por definición.
Y sobre todo ofrece un foco de unidad de acción eficaz con otros movimientos con reivindicaciones igual de acuciantes para esa misma clase trabajadora precarizada: ahí están las luchas por unas pensiones públicas y dignas, por la educación, por un aborto libre, gratuito y con garantías, por los derechos del sector inmigrante de nuestra clase (porque no sólo se les niega cobertura sino que se les roba, porque la sanidad pública en España es financiada en gran parte por impuestos como el IVA), por los servicios sociales, etc.
Pero esta perspectiva de las cosas sólo surge tras la libre discusión y la aceptación con madurez de las conclusiones del debate. El debate político consecuente no divide sino que reorganiza.