El 6 de febrero, el grupo assadista autodenominado “Consejo Militar para la Liberación de Siria” inició una acción militar coordinada contra las fuerzas de seguridad del gobierno provisorio, ejecutando a 16 soldados, en las provincias costeras de Latakia y Tartous.

Por: Fabio Bosco

El gobierno provisorio envió refuerzos para reprimir a los assadistas y varias milicias aliadas se unieron a ellos. Los combates se intensificaron el día 7 y degeneraron en una sucesión de masacres sectarias contra la población alauita.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, “el número de muertos ha ido aumentando desde que las milicias entraron para dar soporte a las fuerzas de seguridad y a las formaciones del Ministerio de Defensa. El número total de muertos hasta el sábado por la noche había llegado a 1.018 personas, incluidos 745 civiles que fueron liquidados y asesinados a sangre fría en masacres sectarias. Además, murieron 125 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Defensa y fuerzas aliadas (incluidos al menos 93 sirios), y 148 hombres armados de los restos del antiguo régimen y sus partidarios en la costa”.

El director del Observatorio, Rami Abdelrahman, dijo que las masacres sectarias fueron cometidas tanto por las fuerzas de seguridad como por las milicias aliadas, en particular la milicia al-Amshat “que desempeñó el mayor papel en la ejecución de masacres y operaciones de saqueo en la ciudad de Jableh y sus alrededores”. La milicia al-Amshat opera en conjunto con el llamado “Ejército Nacional Sirio”, una milicia vinculada al régimen turco, cuyo objetivo es combatir a las “Fuerzas de Defensa Sirias” (SDF), una milicia liderada por el partido kurdo PYD y apoyada por Estados Unidos.

El presidente interino Ahmed al-Sharaa intentó distanciarse de las masacres al afirmar que cualquiera que cometiera atrocidades contra civiles sería responsabilizado.

Combatir la contrarrevolución y punir las atrocidades

Las masacres de civiles alauitas son contrarias a los objetivos de la revolución y deben ser castigadas ejemplarmente, mediante la prisión de los responsables, ya sean miembros de las fuerzas de defensa o de las milicias “aliadas”.

Al mismo tiempo, hay que combatir las provocaciones armadas de los ex oficiales assadistas, y éstos deben ser detenidos y juzgarlos por los crímenes cometidos en el pasado y el presente.

Las provocaciones del día 6 fueron lideradas por miembros de alto rango de la dictadura de Assad, como el ex general Gaith Dalah (miembro de las fuerzas especiales de la Cuarta División, dirigida por Maher al-Assad) y Suheil al-Hassan, comandante de las infames Fuerzas Tigre (Quwwat al-Nimr), entrenadas por fuerzas rusas, ambos ampliamente involucrados en las atrocidades del antiguo régimen contra la población.

El atraso en la detención de todos los altos oficiales de la dictadura y su juicio por crímenes contra el pueblo sirio abre espacio para la reorganización de la contrarrevolución y sus provocaciones armadas.

“Take note: We will not allow HTS forces or the new Syrian army to enter the area south of Damascus. (…) We demand full demilitarisation of southern Syria from troops of the new Syrian regime in the Quneitra, Daraa and Sweida provinces”. [“Tomen nota: no permitiremos que las fuerzas del HTS ni el nuevo ejército sirio entren en la zona sur de Damasco. (…) Exigimos la desmilitarización total del sur de Siria de las tropas del nuevo régimen sirio en las provincias de Quneitra, Daraa y Sweida”].

La agresión israelí impone otros desafíos

Así, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el 23 de febrero su intención de imponer la desmilitarización del suroeste de Siria, una zona que las fuerzas israelíes ya ocupan parcialmente desde 1967.

Después de que el presidente interino Ahmed al-Sharaa condenara las amenazas y agresiones militares israelíes en la clausura de la Conferencia Nacional de Diálogo del día 25, Israel bombardeó tres áreas en el sur del país.

Estos agresiones militares son parte del plan israelí de dividir Siria en tres países, con la formación de un Estado druso en el sur y un Estado kurdo en el noreste del país. Israel solo no tiene fuerzas para llevar a cabo este plan. Para eso, presiona a Trump para que mantenga las tropas estadounidenses en Siria, negocia con Putin para mantener las dos bases militares en Siria, y hace lobby en la Unión Europea para que mantenga las sanciones contra Siria.

La mayoría de la población drusa ha rechazado el plan israelí. Esto no es casualidad. En 1967, Israel se apoderó ilegalmente de parte de los Altos del Golán y durante décadas intentó cooptar a la población siria local, en su mayoría drusa, ofreciéndoles la ciudadanía israelí. Sin embargo, sólo 6.000 de los 29.000 habitantes sirios lo aceptaron y se transformaron en ciudadanos israelíes de categoría inferior dentro de la racista sociedad sionista, por debajo de la población judía (que también está estratificada, con los judíos de origen europeo ­–ashkenazíes– a la cabeza, seguidos por los judíos de origen sefaradí, y luego los judíos de origen africano). Además, ellos deben alistarse en las fuerzas armadas israelíes y participar de diversas atrocidades contra el pueblo palestino y los pueblos árabes de la región.

Sin embargo, Israel encontró en el partido kurdo PYD un socio para su plan de partición de Siria. La viceministro de Asuntos Exteriores de la AANES, Ilham Ahmed, declaró que “Israel es parte de la solución democrática”. El líder de las SDF, Mazloum Abdi, en entrevista con la BBC, cuando se le preguntó sobre Israel, declaró que “damos la bienvenida a cualquiera en el mundo que pueda ayudar a apoyar nuestros derechos y proteger nuestros logros”, diciendo “permítanme darles una respuesta general: agradecemos el apoyo de cualquier persona”.

Desde el comienzo de la revolución siria en 2011, la política del PYD ha sido de “neutralidad”, trabajando para garantizar que la población kurda, que siempre vio a Assad como su enemigo, no se uniese a la revolución. Esta política fue auxiliada por la posición del Consejo Nacional Sirio, que reunió a las fuerzas de la oposición para negar el derecho de los kurdos a la autodeterminación.

Después de la lucha por la defensa de Kobane (Ayn al-Arab), el PYD se alió con el imperialismo estadounidense bajo el argumento de luchar contra Daesh (organización que se autodenomina Estado Islámico). Esta alianza permitió a las milicias de las SDF apoderarse de un amplio territorio en el noreste de Siria, mucho más allá de los territorios en los que la población kurda constituye la mayoría, llamado Rojava (Kurdistán Occidental). En la actualidad, las SDF controlan alrededor del 27% del territorio sirio, incluida buena parte de la producción de petróleo, gas y energía eléctrica del país.

Además, las SDF mantienen 20 cárceles en las que se encuentran detenidos 9.500 miembros de Daesh (sin ningún proceso legal) y también 40.000 de sus familiares, en su mayoría mujeres y niños, que no deberían ser detenidos por crímenes cometidos por sus maridos, padres y hermanos, según las normas de derechos humanos.

Lamentablemente, el PYD y su organización hermana, el PKK, han abandonado la lucha por un Kurdistán unificado e independiente, y han adoptado la defensa del “Confederalismo Democrático”. En Siria, el Confederalismo Democrático no es más que una gestión capitalista autoritaria, que reprime las disidencias y que se alía con el imperialismo estadounidense, un enemigo de los pueblos árabes en su lucha por la autodeterminación.

El imperialismo estadounidense tiene su propia agenda y lo demostró cuando rechazó la decisión del pueblo kurdo iraquí de independizarse. Y en cualquier momento, Trump podría llegar a un acuerdo con Erdogan y traicionar a los kurdos en Siria, tal como lo hizo con los ucranianos al aliarse con Putin. Israel también tiene su propia agenda, centrada en promover la limpieza étnica del pueblo palestino y el robo de tierras árabes. Ninguno de ellos es aliado estratégico del pueblo kurdo.

Ahora se presenta una oportunidad: cambiar las alianzas con los poderosos por una alianza con los pueblos oprimidos, y luchar junto a los trabajadores árabes, turcos e iraníes por los derechos democráticos y sociales en cada país y, al mismo tiempo, por su derecho a la autodeterminación.

Economía ¿privatización o planificación?

Las condiciones de vida siguen siendo muy difíciles. Los precios de los alimentos, excepto el pan, han bajado y los hogares tienen una media de 2 horas de electricidad al día. Un tercio de las viviendas están destruidas, al igual que la mitad de las escuelas y de los hospitales. La producción de petróleo cayó de 400.000 barriles (2011) a 50.000 barriles por día, y gran parte de ella permaneció bajo el control de la milicia SDF.

El gobierno provisorio apostó al acercamiento con las potencias imperialistas y regionales para atraer inversiones en infraestructura y ayuda humanitaria.

Los resultados son modestos. Las duras sanciones estadounidenses impiden las inversiones extranjeras y las transacciones económicas con el resto del mundo. Y la administración Trump suspendió algunas sanciones por seis meses para permitir el envío de ayuda humanitaria, pero dejó todas las demás. Los países europeos deben suspender las sanciones, porque su mayor preocupación es crear las condiciones para deportar a refugiados sirios.

Para empeorar las cosas, el gobierno está aplicando la receta neoliberal. Eliminó el subsidio al pan, aumentando el precio en 700% (8 veces). Y ya ha despedido o suspendido a unos 250.000 empleados públicos de un total de 1,3 millones de trabajadores. El ministro de Desarrollo Administrativo, Mohammad Al-Skaf, dice que sólo se necesitan unos 600.000 funcionarios públicos, lo que indica más despidos. Los salarios son bajos. Muchos ganan tan sólo 30 dólares al mes. Y el ministro de Economía, Basil Abdul Hanan, anunció que se privatizarán 107 industrias estatales y que solo se mantendrán las empresas estratégicas del sector de energía e infraestructura de transportes.

Una alianza de sindicatos y grupos de trabajadores realiza protestas todos los sábados por la mañana en seis ciudades sirias. Abogan por revertir despidos y se oponen a las privatizaciones. Proponen formar comisiones paritarias mixtas con el gobierno para investigar si existen empleados fantasmas. Hasta el momento, el gobierno provisiorio no ha estado dispuesto a abrir negociaciones con los trabajadores.

Para satisfacer las necesidades básicas de la clase trabajadora y del pueblo pobre, se necesita un plan de obras públicas para generar alimentos baratos, y reanudar la producción de trigo. Siria era autosuficiente en la producción de trigo, y también exportaba trigo de alta calidad. La ayuda humanitaria debe pasar por una transición de alimentos para insumos y maquinaria necesarios para promover la autosuficiencia alimentaria.

La ampliación de la producción energética no puede quedar en manos de los “mercados” que, además de limitarse a producir lo que es rentable, dependen del fin de las sanciones estadounidenses, que quizá nunca se produzca. Se necesita un plan de obras públicas para generar energía, ya sea a partir de combustibles fósiles o de fuentes renovables. Lo mismo ocurre con la reconstrucción de barrios y de ciudades destruidas.

Asamblea Constituyente y Poder de los Trabajadores

El presidente interino Ahmed al-Sharaa se limitó a convocar una conferencia con líderes de las milicias, el 29 de enero, y la Conferencia Nacional de Diálogo, el 24 y 25 de febrero, para respaldar su continuo permanencia al frente del gobierno y sus políticas. No ha incorporado a sectores más amplios de la oposición siria y gobierna sólo con sus aliados. Esto no es democrático.

Es necesario convocar elecciones libres para una Asamblea Constituyente que decida la nueva Constitución del país. Para ello es necesario legalizar todos los partidos políticos no assadistas.

Además, es necesario formar asambleas populares en barrios y pueblos para discutir y decidir las políticas locales. Los habitantes de las ciudades del sur deben discutir un plan de autodefensa para impedir que Israel tome las ciudades.

Es necesario construir un partido revolucionario de los trabajadores y las trabajadoras para defender las alternativas de interés obrero y popular hacia un gobierno de los trabajadores.

Traducción: Natalia Estrada. Este artículo fue publicado originalmente el 12 de marzo de 2025 en www.litci.org