Cataluña se ha convertido, en menos de dos semanas, en la primera Comunidad Autónoma más afectada por la crisis del COVID-19 en número de contagios y la segunda en número de muertes.
Esta brutal crisis ha provocado fricciones entre el gobierno de la Generalitat y el Gobierno del PSOE-UP, que ha aprovechado la emergencia sanitaria para recentralizar competencias y militarizar las calles de todo el Estado.
El Estado de Alarma no justifica la recentralización
La lucha contra el coronavirus exige una lucha unificada, pero no puede ser excusa para la recentralización impuesta por el Gobierno PSOE-UP, que ha tomado el mando de los Mossos d’Esquadra y de la Sanidad catalana, aplicando una versión edulcorada del 155. Está claro que son imprescindibles criterios unificados y una firme unidad de acción, pero no puede ser en base a la imposición.
La recentralización que acompaña el Estado de Alarma no tiene justificación técnica en la lucha contra el coronavirus. En países como Alemania, el Gobierno federal no ha tomado ninguna competencia de los lands sino que se han coordinado. La justificación de la recentralización del Gobierno PSOE-UP descansa, otra vez, en la naturaleza del régimen monárquico heredero del franquismo, defensor de la «indisoluble unidad de la nación española» que proclama el artículo segundo de la Constitución.
El Gobierno de la Generalitat habla mucho pero ha sido del todo incapaz de hacer frente al Gobierno central y aplicar medidas de confinamiento total.
El Gobierno de la Generalitat critica una realidad de la cual es corresponsable, junto con los gobiernos de Madrid. Es ahora, con el COVID-19, que estamos sufriendo las consecuencias de los gravísimos recortes a la sanidad pública aplicados en 2011 por el Gobierno de Artur Mas. Unos recortes que después nunca han sido revertidos. Las partidas de Sanidad del proyecto de presupuesto pactado hace unos meses por ERC, Comunes y JxCAT, siguen manteniendo el grosor de los recortes y privatizaciones.
Las críticas de Torra al Gobierno Sánchez por su negativa al confinamiento total, nunca han pasado de las palabras y de los gestos simbólicos. Nunca han estado dispuestos a poner por delante las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y aplicar aquello que ellos mismos decían. Si la disyuntiva era «la economía o la vida», ¿por qué no aplicaron las medidas de confinamiento total? ¿Por qué mantuvieron hasta última hora las obras públicas de la Generalitat? ¿Por qué no pusieron los Mossos al servicio de asegurar que solo se trabaja en las empresas de servicios esenciales y de que en éstas se garantizan de verdad las medidas de seguridad?
Si el propio gobierno catalán reconoce que las medidas del gobierno central son insuficientes y ponen en riesgo nuestras vidas, ¿por qué las aceptan? La realidad es que no son capaces de desobedecer ni siquiera cuando están en juego nuestras vidas porque, pese a su retórica, está por delante salvaguardar los beneficios de las grandes empresas que defender la vida de tod@s.
¡Necesitamos poner la economía al servicio de nuestras vidas y no del beneficio de las grandes empresas!
Los trabajadores/as y el pueblo lo tenemos muy difícil en la lucha contra el coronavirus bajo gobiernos como el central o el catalán, sometidos a las patronales y a los bancos. Siempre actúan tarde, forzados por los acontecimientos y siempre con medidas completamente insuficientes, que salvan a los bancos y a los grandes empresarios y dejan a la clase trabajadora, empezando por los más precarios, desamparados, como también sucede con los autónomos y pequeños empresarios. Los gobiernos contaban con la experiencia viva de Italia y China pero no se han preparado nada, porque hacerlo exigía un confinamiento total desde el principio, intervenir inmediatamente la Sanidad privada y la industria para asegurar el suministro de los recursos sanitarios. Antes de intervenir la privada, han preferido dejar al personal sanitario y de las residencias en condiciones de extrema precariedad y a la población sin material sanitario, igual que miles de trabajadores/as sin EPI’s.
Para vencer la epidemia necesitamos un plan de choque bajo control popular. Un plan que incluya el paso de la Sanidad privada a manos públicas y la reconversión de la industria catalana, bajo el control de la propia clase trabajadora, ahora al servicio de la lucha contra el coronavirus y después al servicio de una reconstrucción racional. Un plan que asegure el suministro de los recursos sanitarios y que corte por lo sano la especulación, estableciendo precios máximos de venta. Que incaute las viviendas en manos de bancos, fondos buitre y grandes tenedores, asegurando una vivienda digna para todo el mundo.
Para asegurar los recursos hay que suspender ya el pago de la deuda pública en manos de bancos y fondos de inversión, para destinar los recursos en la lucha contra el coronavirus, a rescatar a los trabajadores/as y los sectores sociales más castigados (la zona con más contagios es Nou Barris, en cambio, Sant Gervasi registra muy pocos contagios) y para preparar la reconstrucción económica y social.
Exigimos que la Generalitat atienda inmediatamente las demandas de las organizaciones sociales, políticas y sindicales agrupadas en defensa de un plan de choque, pues es la única manera que la crisis no la paguemos los de siempre.
La pandemia ha mostrado la quiebra de un sistema organizado para el beneficio privado de unos pocos. Un sistema irracional que nos condena a la muerte y a la catástrofe social. El final del confinamiento tiene que ser el inicio de la rebelión para derrocarlo y construir un sistema nuevo sobre bases socialistas, al servicio de la gran mayoría.
Para este sistema y sus gobernantes, invertir en salvar la vida de las personas es una pérdida de dinero. Si no queremos pagar esta crisis con nuestras vidas, nuestros lugares de trabajo, nuestros hogares y nuestros derechos, hace falta que trabajadores y trabajadoras nos organicemos para construir una alternativa. Se hace urgente la construcción de una izquierda revolucionaria y rupturista. ¡Ven a construir Corriente Roja!