El conflicto catalán se acelera 

 

2017 es el año decisivo de la hoja de ruta soberanista y está marcado por el pulso del referéndum, reclamado por el 80% de la población catalana y prometido para setiembre por el gobierno de Junts pel Sí.

Los últimos días estamos viviendo una importante aceleración de los acontecimientos. Ya mismo, el 6 de febrero, se celebra la vista oral a Mas, Rigau y Ortega por el 9N, la consulta no oficial sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre de 2015, siendo todavía Mas President de la Generalitat. Hay más de 40.000 personas inscritas al acto de protesta contra la actuación del Estado para criminalizar y reprimir el derecho a expresarse del pueblo de Cataluña.

El juicio oral a Mas viene tras una semana de alta tensión entre Rajoy y la Generalitat, que  ha acabado de derrumbar la mal llamada «operación diálogo». El escándalo desatado a cuenta de las conferencias del ex juez Vidal ha dado pie al gobierno Rajoy para azuzar a la Fiscalía y atacar de manera zafia al Govern de la Generalitat.

Rajoy y sus ministros han elevado la voz para garantizar que impedirán por todos los medios a su alcance la celebración del referéndum. Han asegurado que si fuera convocado, enviarán a la policía (en este caso los Mossos d’Esquadra) a precintar los colegios y han amenazado de manera expresa con aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía. El gobierno Rajoy cuenta con el  apoyo del PSOE y Ciudadanos, de la UE y de los principales gobiernos europeos.

Por su parte, Puigdemont y Junqueras se han reafirmado en que seguirán adelante con el referéndum y han anunciado que su convocatoria podría adelantarse al mes de julio si antes tiene lugar el juicio a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y ésta fuera inhabilitada.

Paradójicamente, el recientemente constituido «Pacto por el Referéndum» sigue con su «referéndum legal y acordado” con el Estado. Los Comunes, cuyo principal referente es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insisten en rechazar un referéndum unilateral y declaran que si se pretende poner fechas al referéndum abandonarían el «Pacto por el Referéndum».

Hemos entrado en pleno despliegue de maniobras políticas donde la verdad y las apariencias se superponen y combinan, en un camino lleno de incógnitas que lleva a un choque de trenes entre el Estado y Cataluña que va a depender en gran medida del curso de la ofensiva judicial contra las instituciones catalanas y de la respuesta popular a estas agresiones.

 

Los Comunes

Los Comunes se vieron arrastrados a disgusto al «Pacto por el Referéndum». Pero la verdad es que en la práctica están en contra del referéndum, porque lo hacen depender de condiciones imposibles de cumplir, ya que Rajoy (y el PSOE) nunca van a dar su brazo a torcer y las potencias europeas y la UE tampoco dudan en apoyar a Rajoy. Según los dirigentes de los Comunes, se trataría de esperar a que Pablo Iglesias consiga una mayoría absoluta en Madrid: ¡»Cuán largo me lo fiáis, Sancho!

Dicen los Comunes que están por una confederación libre de Cataluña con los otros pueblos del Estado. Nosotros estamos a favor de esta posición. Pero es una falacia si no se apoya en el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la plena soberanía catalana, algo que resulta imposible sin desafiar la legalidad del régimen.

 

Junts pel Sí y el gobierno Puigdemont-Junqueras

El «Pacto por el referéndum» fue presentada por Junts pel Sí como un triunfo porque mostraba que la amplia mayoría del país estaba por el referéndum, aunque su contenido nada tenía que ver con el “referéndum o referéndum” de Puigdemont. Para Junts pel Sí era una manera de seguir jugando a la ambigüedad y, al mismo tiempo, una maniobra hacia los Comunes de Ada Colau.

En Junts pel Sí están plenamente convencidos de que los Comunes -como han reiterado sus dirigentes- van a rechazar hasta el final  la convocatoria unilateral del referéndum y cuentan con ese rechazo para cubrirse las espaldas y acatar su impugnación por el Tribunal Constitucional. De paso, le endosan una elevada factura electoral a los Comunes.

 

«Los presupuestos más sociales de la historia»

Entretanto, Junts pel Sí ha conseguido aprobar «los presupuestos más sociales de la historia». Unos presupuestos que asumen las imposiciones de Bruselas, aceptan los límites de déficit marcados por Montoro, no tocan las rentas más altas ni las grandes fortunas y, por supuesto, garantizan el pago de una deuda pública que es la segunda partida de gastos (casi 6000 millones).

El incremento del gasto social queda muy lejos de las necesidades populares, sin que haya un esfuerzo real para revertir los grandes recortes de los gobiernos de Artur Mas. Donde ha habido  incremento, en el presupuesto de Educación, ha sido como consecuencia directa de la huelga del 18 de enero y el temor a mayores movilizaciones.

Para conseguir la aprobación, Junts pel Sí ha logrado el apoyo de la CUP, que se ha dejado envolver por el chantaje del Govern y ha acabado dando su apoyo «crítico» a los presupuestos, con el respaldo de una mayoría importante de sus bases. Es una actuación que contribuye a desdibujar a la CUP frente a ERC, que -según las últimas encuestas- hoy se llevaría la mitad de su electorado.

 

El referéndum debe ser convocado y realizado 

Es necesaria la mayor movilización contra la ofensiva judicial del Estado, empezando por el juicio del 9N. Y si el Estado ordena la inhabilitación de Carme Forcadell como presidenta del Parlament, no debe ser obedecido.

El pueblo de Cataluña tiene toda la legitimidad para pronunciarse nacionalmente y espera no ser engañado. De la misma manera que las necesidades sociales básicas no pueden ser en absoluto relegadas, como ocurre con los presupuestos.

Exigimos a Junts pel Sí que respete su palabra y vaya hasta el final en sus promesas: tiene la obligación de convocar el referéndum y de llevarlo a cabo.

Los Comunes, si de verdad están por el referéndum, deben apoyar y legitimar la convocatoria de un referéndum unilateral y evitar toda complicidad objetiva con el Estado español que lo niega.