Declaración de Corrent Roig / Corriente Roja
Los resultados del 21-D han supuesto un fuerte desengaño para el bloque monárquico, en especial para el PP y el gobierno Rajoy, que han salido particularmente golpeados. Esperaban derrotar electoralmente al independentismo en unos comicios convocados al amparo del artículo 155, con el gobierno catalán cesado y la Generalitat intervenida, con Puigdemont exilado en Bruselas y Junqueras y los Jordis en prisión, con una masiva campaña de miedo y con la libertad de expresión atacada.
Los defensores del 155 esperaban otros resultados
Sin embargo, el 47,5% de los catalanes ha revalidado la mayoría absoluta independentista en el Parlament y hasta el propio Puigdemont puede postularse de nuevo como President. El PP, tironeado por Ciudadanos (C’s), ha perdido casi la mitad de los votos y ha quedado reducido a cuatro diputados, por detrás de la CUP, con quien está obligado a compartir grupo parlamentario.
El «problema catalán» sigue bien vivo, a pesar de las pretensiones del bloque monárquico. La continuidad del conflicto político está, por lo demás, asegurada como consecuencia de la pesada ofensiva judicial contra el independentismo, cuyos dirigentes son acusados de sedición y rebelión, delito por el que pueden ser condenados hasta a 30 años de prisión.
El independentismo en el redil constitucional
Pero siendo cierto lo anterior, no se puede decir que “ha triunfado la República” sin faltar gravemente a la verdad. La razón es sencilla: la dirección independentista, la misma que tras una declaración de independencia simbólica entregó la Generalitat sin ninguna resistencia, ha enterrado el 1-O y ha vuelto al redil constitucional, donde no hay sitio para el derecho a la autodeterminación. Sus promesas acerca de un futuro «gobierno republicano» son humo.
A principios de octubre, el levantamiento popular del día 1 que garantizó el referéndum, la huelga general del 3, el descrédito del régimen y la presencia de cientos de miles de personas en las calles habían creado las condiciones para proclamar y sostener la República catalana. Hacerlo habría significado también el principio del fin de la Monarquía y la apertura de compuertas a las reivindicaciones sociales, en Cataluña y en todo el Estado, así como un fuerte golpe a la Europa del capital (UE). Sin embargo, el Govern de la Generalitat tuvo más miedo a que se abriera un proceso revolucionario que a la aplicación del 155 y por eso mandó parar, permitiendo al bloque monárquico recuperar la iniciativa y retomar el mando de la situación.
El argumento último de la dirección independentista para justificar la capitulación fue que ellos jamás opondrían la violencia a un Estado violento. Con ello negaban al pueblo el derecho a defenderse de la violencia institucional y, así, toda posibilidad de proclamar y defender la República catalana en un futuro.
Desde este punto de vista, el régimen monárquico, heredero del franquismo y fiel sirviente de la oligarquía española, ha obtenido una victoria que le permite sobrevivir sin ser capaz, al mismo tiempo, de recobrar vigor histórico alguno. La propia vuelta al redil constitucional del independentismo catalán ha sido a costa de un tremendo varapalo al PP y de la desestabilización del sistema de partidos de la Monarquía.
El triunfo de Ciudadanos, una amarga derrota política de la clase obrera
La victoria electoral de C’s en el área metropolitana de Barcelona, convirtiéndose en el partido más votado por los trabajadores, es un desastre para nuestra clase. C’s es un partido creado por la gran patronal como ariete españolista contra el soberanismo catalán y como complemento y “alternativa” a un PP sumido en la corrupción y la decadencia.
C’s es un partido neolerrouxista que mezcla un agresivo españolismo anticatalán con dosis de demagogia social, aprovechando que todavía no tiene responsabilidades de gobierno ni ha tenido aún ocasión de mancharse con la corrupción.
Los trabajadores que votaron C’s han sido presa del «voto útil» contra el nacionalismo catalán, sin darse cuenta de que estaban haciendo de furgón de cola del nacionalismo español: el nacionalismo de la nación más grande, el que dice que no existe pero no duda en utilizar la fuerza del Estado para oprimir a la nación más pequeña, el que arrastra una negra tradición de crímenes contra la nación catalana a lo largo de todo el siglo XX. Muchos trabajadores votantes de C’s pensaban que con ese voto se enfrentaban a la burguesía catalana, pero la gran burguesía catalana está con Rajoy y con C’s y, por otra parte, quien realmente manda en Cataluña, quien marca los límites de lo que se puede y no se puede hacer, no es otro que el gobierno de Madrid y la UE.
La necesidad de una alternativa propia de la clase trabajadora ante el conflicto catalán
Es fácil entender que una mayoría de la clase trabajadora no se sienta atraída por la dirección independentista. El gobierno de Puigdemont-Junqueras nunca estuvo con los trabajadores y los anteriores gobiernos de Artur Mas son recordados con odio por los recortes, las privatizaciones y la represión. Eso, sin contar la corrupción de Convergencia. Por lo demás, la dirección independentista siempre se ha movido reivindicando y aceptando las normas de la UE y buscando el favor de sus gobiernos neoliberales.
Del mismo modo, es perfectamente comprensible que una mayoría de trabajadores no se considere «separatista» y que vea necesario mantener los lazos de unión con los trabajadores y el resto de pueblos del Estado español, con los que comparten una historia de lucha y cultura y, muchos de ellos, lazos familiares.
Pero una cosa es oponerse a la dirección independentista y estar contra el «separatismo» y otra muy distinta hacer de carne de cañón del españolismo reaccionario al servicio del régimen monárquico y del gran capital. La clase trabajadora catalana, para ser fiel a sí misma, debe ponerse al frente del pueblo y ser la primera defensora de los derechos democráticos y, en concreto, del derecho a la autodeterminación. La propia unidad de la clase trabajadora depende de ello, pues no hay otra manera de unir a los trabajadores independentistas y no independentistas, a los trabajadores catalanes y a los del resto del Estado, que no sea el respeto de la decisión democrática que tome el pueblo catalán.
Como clase trabajadora no tenemos ningún interés en una unión forzada, mantenida en base a la fuerza bruta del Estado. A quien le interesa esa España opresora es a nuestros enemigos: a los grandes capitalistas del Ibex 35 (Caixabank y banco Sabadell incluidos), al régimen monárquico heredero del franquismo y a la Unión Europea.
Marx, refiriéndose a los trabajadores ingleses en relación a Irlanda, les decía que «un pueblo que oprime a otro no puede ser libre». Nuestro interés como trabajadores está en la unión, pero esta ha de ser una unión libre de pueblos libres. Por eso, los trabajadores conscientes debemos tomar en nuestras manos la lucha por la autodeterminación y por la República catalana, entendida no como una consigna «separatista» sino como parte de una lucha común con el resto del Estado para acabar con la Monarquía y construir una Unión Libre de Repúblicas.
Por supuesto, nuestra República no es aquella en la que sigan mandando los mismos a costa nuestra, sino una república donde sean derogadas las reformas laborales y de pensiones del PSOE y el PP, se acabe con la precariedad y los sueldos miserables, se garanticen unas pensiones dignas a través de los Presupuestos y tengamos un salario mínimo de 1000 euros; una república donde sean revertidos los recortes y privatizaciones y donde ninguna familia trabajadora sea desahuciada por no poder pagar el alquiler; donde se suspenda el pago de la Deuda a los bancos y sean nacionalizados los sectores estratégicos. Una república, en suma, donde mandemos la mayoría trabajadora y no una pequeña minoría explotadora.
Estos meses nos han mostrado que esta lucha tiene una naturaleza europea. Para ganar la batalla también tendremos que enfrentarnos y torcer el brazo a la UE, que es el principal aliado de la Monarquía y el gran apoyo que encuentran los gobiernos para destruir nuestros derechos sociales y laborales y cercenar las libertades. Quebrar la UE es condición necesaria para derrotar a los gobiernos y abrir camino a una Europa Socialista de los Trabajadores y de los Pueblos.
La responsabilidad de las direcciones del movimiento obrero
Lo que nos ha faltado durante todo este tiempo ha sido una fuerza política con un programa así y con suficiente arraigo en el movimiento obrero como para levantar una posición independiente de la clase trabajadora frente al bloque monárquico españolista y frente a la dirección independentista. Llevamos en esto un enorme atraso.
El aparato dirigente de CCOO-UGT (el mismo que se ha convertido en obstáculo a la lucha obrera y cómplice de gobierno y patronales) le dijo a los trabajadores que la pelea entre el movimiento soberanista y el Estado no iba con ellos. Hizo todo lo que pudo para impedir la movilización obrera en la huelga general del 3-O y después, una vez aprobado el artículo 155, llamó a aceptarlo.
El sindicalismo alternativo, que tuvo gran protagonismo en la huelga general del 3-O contra la represión, fue sin embargo incapaz de presentar una alternativa independiente. CGT, el mayor sindicato alternativo y principal protagonista del 3-O, rechazó entrar en liza en un conflicto político que afectaba a millones de personas y, apelando a la tradición anarcosindicalista, declaró que era algo “ajeno” a la clase obrera. Otros sindicatos más pequeños se mantuvieron ausentes y algunos, como la IAC, se limitaron a cerrar filas con el gobierno de la Generalitat, del que apenas se diferenciaron, buscando permanentemente el abrigo de ANC-Òmnium y primando ante todo la unidad con los sindicatos nacionalistas de los diferentes territorios del Estado.
Fue, en verdad, una pésima respuesta de las organizaciones del movimiento obrero, tanto a la capitulación de la dirección independentista como a la ofensiva españolista que siguió y que se acabó concretando en el 155 y en el «voto útil» a C’s.
Discursos infames como el de Francisco Frutos (secretario general del PCE entre 1998 y 2009) en la manifestación de Sociedad Civil Catalana, apoyando la unión forzada y avalando la represión del régimen, contribuyeron sin duda a «legitimar» este “voto útil».
El retroceso de los Comunes-Podemos
Los Comunes, que han recibido un fuerte batacazo electoral, también allanaron el camino a C’s. En Cataluña se presentaron como “neutrales” y a escala estatal no movieron un dedo contra la represión y en defensa del derecho a decidir de los catalanes; ni quisieron aprovechar la ocasión para cuestionar la Monarquía. Dicen que están por el derecho a decidir pero lo hacen depender de mayorías imposibles en las Cortes. Apóstoles de la “nueva política”, se han acomodado de tal forma a las instituciones que no se mueven un ápice de los límites de estas. Sus promesas de política social lo son en el campo de juego marcado por Montoro y la UE. Y si en los inicios de Podemos, el PP y el PSOE eran como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ahora todo lo fían a la alianza con el PSOE. ¿Extraña a alguien la ruptura de Dante Fachin con Podemos?
El varapalo a la CUP
La CUP, extraña a la clase obrera, tampoco sirvió para frenar el voto a C’s. Su panfleto electoral distribuido en los domicilios ni menciona a la clase trabajadora. Durante todos estos meses ha aparecido como una fuerza auxiliar del gobierno Puigdemont-Junqueras. Fue decisiva para desdibujar los CDR hasta transformarlos en fuerza auxiliar de la ANC-Òmnium y acabarlos convirtiendo en proveedores de interventores y apoderados de las candidaturas independentistas. Durante la campaña electoral se limitaron a criticar a JxC y ERC por “errores de diagnóstico” y dijeron que sólo les separaban de ellos “diferencias tácticas”. Por eso, su propuesta central fue formar un “gobierno republicano” conjunto para llevar adelante un “proceso constituyente” tan vacío de contenido real como eternizado en el tiempo.
Obrando así, la CUP encubría la capitulación de JxC, PdCAT y ERC y la suya propia y se sumaba a la política de vender humo. No es de extrañar que, en estas circunstancias, cuando ERC y JxC llamaron al “voto útil”, la CUP perdiera 143.000 votos (el 43% del total) y 6 de los 10 diputados que tenía. Para colmo de males, la CUP ha quedado ahora en la peor posición parlamentaria posible, sin apenas margen de maniobra y sometida al chantaje permanente de JxCat y ERC.
¿Y ahora qué?
Para los activistas de la clase obrera y la juventud, lo primero es sacar las lecciones de los recientes acontecimientos y tomar conciencia de la nueva situación en la que hemos entrado. Una situación marcada por el retorno de los partidos independentistas al marco constitucional, la masiva ofensiva judicial que se viene encima y la nueva onda de agresiones sociales y económicas, en el marco de una desigualdad social crónica y cada vez más intolerable.
Ahora mismo nos encontramos con el vicepresidente Junqueras, Forn y los Jordis en la cárcel, con el president Puigdemont y cuatro consellers exiliados en Bruselas y con la ofensiva judicial desplegada por el juez Llarenas. La lucha por la liberación de los presos políticos, el libre retorno de Puigdemont, el sobreseimiento de las causas abiertas y el fin de la ofensiva judicial es una necesidad en Cataluña y en todo el Estado, independientemente de lo que se opine de los dirigentes independentistas y de que uno sea o no independentista. Esto es así porque lo que está en juego es tolerar, por activa o por pasiva, que el aparato judicial neofranquista, la Monarquía y Rajoy se arroguen el derecho a recortar las libertades cuando y como quieran, algo que se vuelve inevitablemente contra todos los trabajadores/as y el pueblo, como sucede con los maestros que están siendo acusados de «delitos de odio» de manera infame y arbitraria.
El comienzo del año viene marcado por una subida generalizada de precios de los servicios básicos, que contrasta de manera escandalosa con unos salarios que han perdido de nuevo en 2017 poder adquisitivo, mientras los beneficios empresariales se disparan. También las pensiones, ingreso principal en un tercio de los hogares, han quedado recortadas un año más. La subida del 4% del SMI, congelado todos estos años, es un miserable consuelo cuando, según la nada sospechosa OCDE, debería incrementarse en más del 60% para poder atender a las necesidades primarias.
Los Presupuestos del Estado para 2018 traen nuevos recortes en Sanidad y Educación, mientras destinan 32.000 millones de euros al pago de intereses de la deuda y aumentan los gastos militares. El presupuesto de la Generalitat de 2017 ya dedicó 6000 millones al pago de la deuda y en 2018 no va a ser menos, en detrimento de la Sanidad, la Educación y otros gastos sociales necesarios.
Para todo el activismo obrero y de la juventud es vital recuperar el camino de la movilización social para hacer frente a estas nuevas agresiones, empezando por la solidaridad activa con los trabajadores de Titanlux en lucha contra los despidos.
Y al igual que tenemos que recuperar la calle frente a los tarifazos y los recortes del Gobierno del PP, hay que exigir al próximo gobierno de la Generalitat que atienda las necesidades sociales en sus presupuestos y leyes.
Para empezar, le debemos exigir que cumpla sin dilaciones con las medidas contra los desahucios y los cortes de suministros que aprobó el anterior Parlament y que, a pesar de su timidez, fueron anuladas por el Tribunal Constitucional a petición del gobierno central. La soberanía catalana debe materializarse en la aprobación y aplicación de las medidas sociales más urgentes y necesarias, desobedeciendo, con el apoyo del pueblo, los dictados antisociales del gobierno central y los vetos del Tribunal Constitucional. Esta es una lucha común de los trabajadores, independentistas y no independentistas, y al mismo tiempo, una batalla común con la clase obrera de todo el Estado. Es así como vamos a defender el pan, el trabajo, el techo y…luchar por la República catalana.
Hay que recuperar la lucha en las empresas, los centros de estudio y en la calle y rehacer el camino de la ruptura con el régimen monárquico heredero del franquismo.
Esta es la tarea de los trabajadores/as conscientes. Es el compromiso que asumimos desde Corrent Roig/Corriente Roja. Y es desde ese compromiso que llamamos a los/as activistas obreros y de la juventud a que se sumen a construir Corrent Roig/Corriente Roja, a luchar con nosotros/as para construir un partido y una Internacional revolucionaria.