El pasado 21 de agosto la Ministra de Igualdad, Irene Montero, mandó una carta a las CCAA recomendando que cerrasen los burdeles por el potencial foco de contagio que éstos suponen, tras lo cual Castilla – la Mancha y Cataluña acataron la recomendación como medida contra la COVID.

En el Estado Español los burdeles existen entre la legalidad que el Estado concede a los proxenetas, mediante licencias de locales de ocio nocturno, y la ilegalidad, en los hechos, del ejercicio de las prostitutas. Así, el proxeneta tiene vía libre para explotar a las mujeres que buscan en sus burdeles un espacio “seguro” donde ser explotadas sexualmente a cambio de supervivencia.

Gracias a esta contradicción intencionada, los proxenetas pueden extorsionar a las prostitutas, explotando la vulnerabilidad que las arrastró a la prostitución en primer lugar: el 90% son inmigrantes, muchas de ellas sin papeles, amenazadas por una Ley de Extranjería que las encierra por haber cruzado la frontera y una Ley Mordaza (u ordenanzas municipales, como la de Barcelona) que las castiga con el pretexto de la falsa moral de un sistema que las arrastra a la explotación sexual.

Irene Montero celebra la decisión de Castilla – la Mancha y Cataluña de poner en marcha la clausura de burdeles, pero ¿esta medida salvará a las mujeres de la prostitución que ejercían hasta ahora? En el contexto de crisis económica en el que nos encontramos y teniendo en cuenta que la mayoría de las prostitutas son expulsadas del mercado laboral simplemente por no tener papeles, podemos afirmar con certeza que la alternativa de estas mujeres no será si no la misma: seguir prostituyéndose para sobrevivir. Ni siquiera podrían acceder, por su “situación irregular”, al IMV, el cual sabemos no es más que una trampa burocrática por la que casi nadie llega a cobrar el insuficiente dinero prometido.

No es la primera vez que el ministerio de Irene Montero utiliza a las prostitutas como propaganda electoral: el primer anuncio de “medidas sociales” del gobierno frente a la COVID incluía no sólo las víctimas de trata, sino también a “las mujeres en contexto de prostitución” como colectivos que podrían acceder al IMV y a alternativas habitacionales. Tras el esperanzador anuncio “las mujeres en contexto de prostitución” cayeron inmediatamente en el olvido, se borró esta categoría de los documentos oficiales y se delegó en una administración sin recursos para identificar y decidir qué es trata y qué no. Tampoco se asegura la confidencialidad de datos personales en el proceso de solicitud, por lo que dejaría expuestas a la Ley de Extranjería a las mujeres sin papeles que lo iniciasen.

Irene Montero tuiteó que el cierre de burdeles es “un primer paso imprescindible para luchar contra la explotación sexual, la forma más cruel de violencia machista” en un claro intento de reforzar el carácter “feminista” del que UP viene haciendo campaña de cara al electorado. Un verdadero primer paso sería derogar la Ley de Extranjería, creada por el PSOE, partido con el que UP forma gobierno, puesto que es imposible acabar con la prostitución sin acabar con las dificultades estructurales que enfrentan las mujeres pobres e inmigrantes.

Desde Corriente Roja no defendemos los burdeles como “mal menor” para las prostitutas, pero tampoco apoyamos medidas que profundizan la criminalización de las mujeres pobres e inmigrantes mientras se dejan impunes a los magnates de la industria proxeneta. En este sentido exigimos al gobierno:

¡Derogación de la Ley de Extranjería! ¡Cierre de los CIEs!

Alternativa habitacional para todas las víctimas de explotación sexual

Inclusión laboral de las prostitutas mediante creación de empleo público ¡no al pago de la deuda!

¡Derogación de la Ley Mordaza!

¡Castigo efectivo para el proxeneta y protección para la prostituta!