Desde Corriente Roja, queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con l@s 21 compañer@s, que desde el pasado día 18 de noviembre se han visto obligad@s a sentarse durante 10 días delante del Juzgado de lo Penal nº 20 de la C/Julián Camarillo, por una serie de acusaciones totalmente injustas y sin fundamento, y que obedecen a un claro montaje policial. L@s 21 procesad@s se enfrentan a 112 años de cárcel conjuntamente, después de transcurridos más de doce años de las concentraciones celebradas en la Plaza de Neptuno el 25S. La tardanza en celebrarse la vista oral (más de doce años), ha condicionado seriamente sus vidas desechando mucho de sus planes en una larga espera que se ha convertido en una condena de por sí.
Por: Corriente Roja Madrid
Las protestas del 25S en el año 2012, contra las políticas de austeridad del PSOE de Zapatero y del PP de Rajoy, no solo se hizo famosa por la brutal intervención policial, entrando los antidisturbios en bares y locales para cazar a manifestantes o golpeando a diestro y siniestro en la estación de Atocha, sino también por el vergonzoso papel jugado por los infiltrados policiales.
Fue tras esta protesta cuando el PP puso en marcha la llamada Ley Mordaza, que entre otras cosas, tenía como objetivo la prohibición de grabar a la policía e impedir así pruebas que pudieran evidenciar la impunidad con la que habitualmente éstos actúan. Una Ley Mordaza que el PSOE y sus socios de Gobierno prometieron derogar, y que no solo no lo han hecho, sino que el ministro del Interior Marlaska ha seguido aplicando con saña. Los seis de Zaragoza, las 6 de la Suiza y ahora est@s compañer@s encausados, son una clara muestra de que nos quieren callados y sumisos. Se trata, como dicen algunos de l@s acusad@s, de dar una lección al movimiento, y de imponer el miedo de cara a desalentar y criminalizar la protesta.
Sin embargo, existe otro rasero para los agentes antidisturbios que no han recibido el mismo reproche penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España en 2021 por no investigar de manera adecuada una agresión policial que se produjo tras la protesta del 25 de septiembre de 2012. El Estado español indemnizó con 1.000 euros a la demandante por daños morales.
Los hechos sucedieron el 29 de septiembre de 2012, días después de la protesta ‘Rodea el Congreso’. Tras la manifestación, varios agentes antidisturbios entraron en un bar sin justificación y arrastraron al exterior a varios personas, entre ellas a la demandante, golpeándoles de manera reiterada y provocándoles heridas en la cabeza. El parte de lesiones médico recogía que la víctima había sufrido una «herida inciso contusa en cuero cabelludo con sangrado abundante, traumatismo craneoencefálico leve y policontusión».
Por último, queremos reiterar nuestra solidaridad con tod@s l@s procesad@s de esta nueva farsa judicial, y exigimos su inmediata absolución, así como que se juzgue a los policías y jueces implicados en este montaje.
¡Absolución ya!
¡Basta de represión!
¡Derogación de la Ley Mordaza!
¡Viva la lucha de la clase obrera!