4,1 millones de personas han cruzado ya las fronteras de Ucrania. Un fenómeno que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, si bien no es la primera crisis de refugiad@s en Europa. El Estado español es el cuarto país europeo con más residentes ucranian@s (112.000), a lo que se suman los 30.000 que se calcula han llegado desde el inicio de la guerra. El Gobierno, que prevé que esa cifra alcance los 70.000, ha habilitado varios centros de acogida y atención, para hacer frente a esta situación.

Entre las medidas planteadas está priorizar y facilitar los trámites de extranjería y reforzar el sistema de acogida. Todo ello para- según el propio Sánchez- «ser ejemplo de solidaridad en la labor de acogida de l@s refugiad@s ucranian@s» y «evitar por todos los medios posibles, que se queden en situación irregular».

Una Directiva europea de protección temporal, les asegurará un permiso de residencia de un año, ampliable a tres. Con él podrán trabajar y acceder a la Sanidad, la Educación, ayudas sociales y apoyo financiero Igualmente pedir asilo y beneficiarse de una protección permanente en el país de acogida.

Las imágenes de la brutal invasión de Putin y de la huida de millones de personas, en su mayoría mujeres y menores, escapando con lo puesto y sin saber dónde acabarán, desencadenaron desde los primeros días, un verdadero tsunami de solidaridad y apoyo entre la población.

Mediante ONGs, asociaciones de ucranian@s en nuestro país y otras iniciativas, se han recogido y enviado, toneladas de alimentos no perecederos, ropa, medicinas y otros productos de primera necesidad.

La Comisión Europea alertó del riesgo de que much@s, especialmente menores solos, caigan en manos de redes de tráfico de personas. En el Estado español, la Secretaria de Igualdad del PSOE ha exigido «que se tomen medidas específicas para proteger a las mujeres». Miles de familias se ofrecieron para acoger a est@s refugiad@s.

Esta política de fronteras abiertas en la que pueden desplazarse libremente dentro de la UE, así como la diligencia y rapidez con la que gobiernos e instituciones están afrontando esta crisis humanitaria, contrasta fuertemente con lo que fue hasta ahora la política migratoria de la UE y de nuestro país. Valga un primer dato: de las 88.762 solicitudes de asilo registradas en España en 2020, solo un 5% fueron aceptadas.

Organizaciones como Amnistía Internacional, han criticado esa «doble vara de medir». Esta organización humanitaria ha documentado numerosas veces el «trato cruel» a inmigrantes por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los saltos a la valla de Melilla, las devoluciones en caliente incluso a menores inmigrantes que no se investigan o el «hacinamiento y precariedad» en los centros de recepción de migrantes.

Todas las semanas alguien se ahoga en el Mediterráneo en su intento de llegar a Europa. Much@s lo hacen huyendo de guerras. Pese a que el derecho internacional asiste a todas las personas, independientemente de su etnia o país de origen,las autoridades dan la espalda a quienes huyen del continente africano y  otros muchos lugares del mundo.

Corriente Roja pensamos que la acogida de l@s refugiad@s de Ucrania se parece mucho a lo que debería hacerse siempre. Por desgracia, no es este el trato que la UE y los gobiernos incluyendo el español, dan a quienes llegan desde Siria, Libia, Afganistán u otros países, huyendo de conflictos similares. No sólo no se les garantiza el derecho de asilo, sino que se hace todo lo posible para impedir su llegada. Exigimos que se les dé el mismo trato que a quienes huyen de Ucrania. El cierre definitivo de los CIES y la habilitación de plazas suficientes en casas de acogida, para atender de forma digna a quienes lo necesiten, sin discriminación de ningún tipo.

En el Estado español residen de manera irregular casi medio millón de personas y una tercera parte son menores de edad. Viven y trabajan en condiciones extremas y han sido las más afectadas por la pandemia. A muchas se les denegó la petición de asilo y la racista y xenófoba Ley de Extranjería, les impide regularizar su situación condenándolas a vivir en condiciones de sobreexplotación, sin derechos, sin servicios públicos ni vivienda. ¡Exigimos a este gobierno y a todo el arco parlamentario, que se regularice de forma permanente a ese medio millón de inmigrantes!