PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD
Andalucía viene retrocediendo a pasos agigantados. Los datos de paro, precariedad laboral, pobreza o degradación de servicios públicos ponen de manifiesto la realidad que vivimos los andaluces. Esta realidad es consecuencia de las políticas que Rajoy y Susana implementan en Andalucía, basada en los recortes y el atraco a los presupuestos públicos para pagar la deuda ilegítima y el cumplimiento del déficit impuesto por la UE.
El nuevo panorama político a partir de las elecciones generales nos presenta a un Rajoy más debilitado y golpeado que nunca, que se mantiene es gracias balón de oxígeno que le bridan PSOE y Ciudadanos. Por eso se ve obligado a buscar a tono más conciliador. CCOO y UGT no tardaron en sentarse en la mesa negociadora, donde lo único negociable es cómo se aplican los recortes impuestos por Bruselas.
A pesar de la debilidad el gobierno ya ha anunciado nuevos ataques centrados en las pensiones y la subida de impuestos. El objetivo no es otro que cumplir con las exigencias de la UE, que ordena un recorte de 5.500 millones para 2017. Las consecuencias de estas políticas se hace aún más virulento en el caso de Andalucía, donde el proceso de desindustrialización y desmantelamiento del campo amparado por la UE está haciendo estragos.
Los estudiantes con su lucha muestran hoy el camino correcto. ¡Han paralizado el proyecto de reválidas! En toda nuestra historia, fue desde las calles y con la lucha de los trabajadores como se conquistaron los derechos del pueblo andaluz. Necesitamos retomar el espíritu unitario de aquel 4D, de las Marchas de la Dignidad recuperando sus reivindicaciones. La soberanía de Andalucía no es posible sino rompemos con la UE y no dejamos de pagar la deuda, verdadera aspiradora de los presupuestos públicos al servicio la Banca y en detrimento de nuestros derechos y conquistas.
La situación de las jornaleras de Agrícolas Espino y Baena Franco
Las cerca de 2000 jornaleras de Agrícolas Espino y Baena Franco fuimos sancionadas en 2015 a devolver las prestaciones del subsidio y la Renta Agraria porque las respectivas empresas no pagaron nuestros seguros Sociales. La Administración, en lugar de responsabilizar a los empresarios del incumplimiento de sus obligaciones, decidió recaer sobre nuestras espaldas la deuda que habían generado los empresarios.
Nos sancionaron primero con la devolución de las prestaciones, el pago de los sellos y nos negaron el derecho a solicitar el paro de los 52 años. Pero no contentos con el castigo empleado, decidieron aplicarnos con carácter retroactivo la reforma del código penal de Gallardón que considera el fraude a la seguridad social como delito penal.
En estos momentos nos enfrentamos a la petición de entre 6 meses a 3 años de cárcel, de 5 a 8 años sin recibir prestaciones y devolver hasta 6 veces la cantidad supuestamente defraudada. En este procedimiento se ha venido realizando vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, al sancionarnos sin juicio previo. Desde la Plataforma de Afectados por el PER estamos solicitando el archivo del auto por lo penal así como la devolución de prestaciones, y el inmediato restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.