El pasado 11 de octubre se firmó un Acuerdo presupuestario para 2019 entre Sánchez e Iglesias, que algunos medios de comunicación vendieron a bombo y platillo como un acuerdo que entre otras maravillas, constituía un avance hacia una sociedad más feminista.»
Sin embargo, un examen atento de algunas de estas medidas, entre ellas, algunas de las cuales ya se encontraban en el Pacto de Estado contra la violencia machista que un año después sigue paralizado, ponen al descubierto que no son sino más humo.
Primero, porque su puesta en marcha dependerá de si el gobierno logra obtener para ello un acuerdo parlamentario y aun así, estará condicionado por futuros resultados electorales.
Segundo, porque la financiación de estas medidas está absolutamente constreñida a unas líneas rojas marcadas por la UE. El ajuste al déficit impuesto y el pago de una deuda que llega al 100% del PIB y es prioridad absoluta. Cristine Lagarde, en nombre del FMI, lejos de cualquier «sororidad femenina» ya pidió a España profundizar en la Reforma Laboral del PP, acelerar la reducción del déficit por debajo del 1,8% que la ministra de economía Calviño anunció para 2019 (una ministra cuya elección por cierto, fue aplaudida por la presidenta del Banco Santander Ana Botín) y avisó de que no ven con buenos ojos la pretensión del gobierno de llevar a cabo una subida del SMI. Y no sería la primera vez que un gobierno del PSOE mete el hachazo al gasto social para cumplir con las exigencias de la UE.
Y tercero, y lo más importante, porque estas medidas están muy por detrás de las reivindicaciones que millones de mujeres levantamos en las calles el pasado 8M, especialmente aquellas que las trabajadoras defendimos junto a nuestra clase. En este artículo, queremos analizar algunas de ellas.
Un SMI de 900 euros, sin derogar las Reforma Laborales
Se nos vende que esta subida tiene un fuerte impacto de género ya que una de cada cinco mujeres tuvo el año pasado ingresos menores o iguales que él, duplicando el porcentaje de los hombres. Sin embargo, esta subida está por debajo del compromiso de Sánchez en su investidura, cuando habló de aumentarlo a 1000 € para el 2020.Y está mucho más lejos todavía de las recomendaciones de la OIT para fijarlo en el 60% del salario medio, lo que significa 1200 €. Pero además, es prácticamente irrelevante sin derogar las reformas laborales, responsables de nuestra mayor tasa de paro o de una temporalidad femenina que llega al 73% No soluciona además la situación de pobreza que afecta a miles de mujeres, dependientes de unas ayudas sociales cuyo cálculo no es el SMI sino el IPREM, que permanece igual. No hay ni rastro de la Renta Básica garantizada, una propuesta del programa de Podemos, que establecía complementos a quienes tengan una renta por debajo del umbral de la pobreza, en su mayoría mujeres.
Universalizar la Educación de 0 a 3 años
Aunque se intente confundir, esto no es lo mismo que garantizar la gratuidad de la misma ni asegura que este tramo de la educación esté dentro del sistema público, ya que actualmente se encuentra privatizada por multinacionales que para bajar costes, llevan a cabo un proyecto educativo meramente asistencial.
Decir que «se facilitará que las corporaciones locales puedan invertir parte de su superávit a realizar inversiones», no es ninguna garantía de que gasten los 300 millones previstos. Los 950 millones que Podemos defendía eran necesarios para garantizar una Educación infantil pública y gratuita, se quedan en una mísera aportación estatal de 30 millones.
Por lo demás, el gasto en educación y salud seguirá congelado por debajo de las necesidades reales al igual que la inversión pública.
Nueva Ley de violencia sexual
Esta Ley equipara abuso y agresión sexual basada en consentimiento y no en si hubo violencia e intimidación, porque «solo si es si». Pero no se explica cómo van a financiar las medidas que contemple, y sobre todo deja intacto y elude depurar un sistema judicial machista, heredero de franquismo, que es quien aplica e interpreta las leyes, sigue culpabilizando a las mujeres de su situación, y se compone de jueces que «acostumbran» a irse de fiesta con menores, en sus viajes de trabajo.
Además de esta Ley, se promete la tramitación parlamentaria de una proposición no de Ley de igualdad retributiva para acabar con la brecha salarial y otra de igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y la ocupación. Esto, según dicen,» para acabar con todas las formas de discriminación por género y con los techos de cristal». Nuevo brindis al sol.
Ley de Dependencia.
El aumento hasta 500 millones es positivo, pero se necesitarían 200 millones más para paliar los recortes de estos años. Positivo es también que se recupere el alta a la Seguridad Social de las personas cuidadoras, en un 98% mujeres. Pero en el actual contexto de paro y precariedad, no queremos que el Estado potencie un modelo de cuidados basado en que sean las mujeres en el ámbito privado quienes sigan proporcionando los cuidados por ayudas miserables. Hay que apostar por un modelo público en el que estos sean garantizados por el Estado por profesionales del sector, lo que potenciaría la creación de empleo en el sector de servicios, mayoritariamente ocupado por mujeres.
Empleadas domésticas.
El documento reconoce el derecho al paro para los trabajadores domésticos, en un 88% mujeres, ratificando así el Convenio número 189 de la OIT. Esta es una medida de justicia social evidente que hace tiempo debían haber aplicado, pero muy insuficiente sino va acompañada de otras para acabar con el empleo sumergido en el sector, ya que de las 600.000 personas empleadas en el mismo, un 25% no cotiza a la Seguridad Social y muchas no lo hacen por todas las horas trabajadas. Exigimos un convenio que dignifique su salario, ya que tienen una de las remuneraciones más bajas en el mercado laboral. Hablamos de un colectivo especialmente vulnerable y doblemente discriminado por ser mujeres y migrantes, en el que según un estudio elaborado por Oxfam Intermon, una de cada tres empleadas del hogar está en situación de pobreza.
Equiparación de los permisos de paternidad y maternidad
Esta es una demanda del movimiento feminista que viene de lejos y que pretende facilitar nuestra incorporación laboral tras la maternidad, ya que actualmente sólo se lleva a cabo ésta en un 55% de los casos, según la OIT.
Y de nuevo nos encontramos con una medida «tramposa». El acuerdo recoge la voluntad de aumentar los permisos de paternidad progresivamente hasta las 16 semanas de aquí a 2021.Pero lo único seguro es que los próximos presupuestos recogen 8 semanas para los padres, o sea la mitad de lo exigido antes por Iglesias. Pero lo peor no es eso, sino que en vez de aprobar la reforma vía Parlamento sin más dilaciones y de una vez por todas, lo dejan al arbitrio de que se negocie a puerta cerrada en las llamadas «mesas del Diálogo social» entre Gobierno, Organizaciones empresariales y sindicatos. Tampoco aclara si permitirá a los padres turnarse con la madre o se les obligará a tomarse el permiso al mismo tiempo, con lo que se desvirtuaría el objetivo de aumentar la corresponsabilidad en los cuidados de ambos progenitores y no que uno siga desempeñando el papel de «ayudante de la cuidadora principal».
En definitiva, podemos decir que también en lo que hace a los derechos femeninos, este Acuerdo es «mucho ruido y pocas nueces».Este acuerdo es más bien un pacto electoral de cara a un futuro gobierno de coalición, en el que no podemos dejar de señalar además las contradicciones internas entre los dirigentes de Podemos, que no hacen sino confundir a sus bases. En Andalucía critican con justa razón, la reciente Ley de Igualdad aprobada por el gobierno socialista de Susana, como «feminismo de moqueta que no cambia la vida de las mujeres reales». Pero a nivel estatal no tienen reparo en aceptar una «medidas para avanzar en igualdad», que son igual de cosméticas o aún más. Podemos pasó de forma fulgurante de querer asaltar los cielos y romper con este régimen a pretender un gobierno con quienes hasta hace dos días eran «casta».
Es por ello que no podemos darle ninguna confianza a este gobierno.Con sus tímidas medidas, su hipocresía, sus verdades a medias y su servilismo al gran capital, este gobierno prepara el terreno para la derrota y la desmoralización de quienes aún confían en él y no hace sino abrirle la puerta a la derecha reaccionaria de Rivera y Casado; un declarado antiabortista y antifeminista que reproduce la misoginia del catolicismo más rancio, cuando habla de las mujeres.