El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos alcanzaron un “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado”. Los dirigentes de PSOE y Podemos no han escatimado elogios al acuerdo que persigue garantizar el nuevo gobierno hasta el 2020. Pregonan sus bonanzas con slogans sobre el aumento del salario mínimo, revertir los aspectos más negativos de la reforma laboral, políticas de igualdad…. La campaña impresentable del dúo Casado y Rivera pareciera darle tintes “progresistas” al Acuerdo. ¿En rigor es así? El acuerdo se «olvida» de las promesas que Sánchez e Iglesias en la oposición. Está muy por detrás de las exigencias de la calle. No altera ningún elemento básico de las contrarreformas del PSOE y del PP ni la fiscalidad. Tiene mucho de marketing y poco o nada de contenido social. Lo dan, además, por hecho cuando tiene que pasar antes por la UE y por la mayoría parlamentaria que no tienen.
¿UN SALARIO MÍNIMO DE 900 EUROS PARA TODOS/AS?
La subida del SMI para el 2019 es la medida estrella del Acuerdo. Es una subida que está por debajo del compromiso de Sánchez en su investidura, cuando habló de aumentarlo a 1000 € para el 2020. Y está mucho más lejos todavía de las recomendaciones de la OIT para fijarlo en el 60% del salario medio, lo que significa 1200 €. Queda a muchísima distancia del SMI en Alemania 1.498 €; Francia 1.498,5 €; Italia 1.642,30 € o Irlanda 1,614. Podríamos incluso hasta dudar si finalmente lo llevarán a cabo, teniendo en cuenta el incumplimiento flagrante de la promesa sobre el SMI que hizo Zapatero en 2004.
EL AUMENTO DEL SMI ES PRÁCTICAMENTE IRRELEVANTE SIN DEROGAR LAS REFORMAS LABORALES
No explican cuál es la incidencia real, práctica entre los/as trabajadores, de esta medida anunciada. El SMI es un instrumento que tiene, en teoría, como función principal fijar un suelo salarial que asegure un ingreso mínimo. Pero la incidencia real del SMI no se puede valorar disociándolo del modelo de relaciones laborales. La bajada general de salarios que ha acompañado la crisis y que perdura en la cínicamente llamada “recuperación económica”, está vinculada a la proliferación de las jornadas a tiempo parcial, la temporalidad, la rebaja de categorías, las horas extras no pagadas, el llamado subempleo. Por eso hablar de subida del SMI como “medida estrella” cuando prevalecen las reformas laborales es pura charlatanería. El salario mínimo, sin derogar las reformas laborales, tiene una incidencia escasísima más allá del autobombo. De hecho hasta en los sectores con peores salarios, hostelería, comercio o limpieza, los convenios establecen “salarios suelo” que superan el nuevo SMI.
¿ES UNA MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA?
Hasta el año 2004 el SMI tenía dos funciones: la teórica, laboral, de garantía salarial mínima y la de ser base de cálculo para prestaciones o rentas sociales. El gobierno de Zapatero, con el apoyo de CCOO y UGT, introdujo un cambio de mucho calado. Para que estas subidas del SMI no repercutieran “negativamente en las cuentas públicas” se eliminó la función del SMI como indicador de referencia para determinadas prestaciones sociales y se creó otro indicador para estas funciones: el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El IPREM es la referencia que actualmente marca el acceso y la cuantía de ayudas, becas, subsidios y prestaciones, entre ellas las del desempleo. El IPREM era en el 2008, 516,90 €/mes y está hoy en el 2018, en 537,84 €/mes. El acuerdo firmado por PSOE y Unidos Podemos no recoge subida alguna en este indicador clave para las ayudas sociales.
REFORMA LABORAL: POR SUS HECHOS LOS CONOCERÉIS
El acuerdo habla de cambiar “los aspectos más lesivos de la reforma laboral” del PP de 2012. Qué lejos quedan aquellos tiempos donde Podemos registró en el Congreso una proposición en la que exigía derogar, además de la reforma laboral del PP, la aprobada en 2010 por el Gobierno Zapatero, porque ya “marcaba el rumbo para la ‘erosión’ de muchos de esos derechos, particularmente los vinculados a la negociación colectiva”. Por eso, revertir únicamente la normativa de 2012 del PP sería “claramente insuficiente”(La Vanguardia 3/3/2016). Pero ahora, por presiones de la UE y la patronal, no se han atrevido siquiera con la reforma del PP. Sigue la prevalencia de los convenios y acuerdos de empresa sobre los convenios sectoriales Y ni siquiera suprimen los límites a la ultraactividad (prolongación de la vigencia del convenio más allá de su caducidad).
SOMOS VIEJOS PERO NO TONTOS
Ese es uno de los gritos mas reiterados en las luchas de los/as pensionista. El Acuerdo dice “Se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas de acuerdo con el IPC” y “las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%”. ¿Y eso resuelve los temas centrales que dieron origen a la lucha de los/ as pensionistas?. 1º.- La subida del IPC ¿en qué “garantiza el poder adquisitivo” de dos millones de pensionistas que ganan entre 150 y 500 euros? Incluso subiéndole el 3% ¿garantiza el poder adquisitivo cobrar todos los meses 154,50€? El problema es que 6 millones y medio de pensionistas cobran una pensión que no llega a los 1000 euros y eso no se resuelve con el IPC, por eso una de las reivindicaciones centrales del movimiento ha sido y es la pensión mínima de 1084 €, una reivindicación que no está en el Acuerdo, ni se la espera. 2º.- El PSOE presentó una enmienda al proyecto de Presupuestos de 2018 del Gobierno de Rajoy para derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones y Unidos Podemos presentó proposiciones de Ley para eliminar dicho factor. Sin embargo ahora en el Acuerdo no se dice ni una palabra del “factor de sostenibilidad” con el que pretenden recortar la cuantía de las pensiones futuras que, recordemos, está postergada su aplicación pero no suprimido. 3º.- De la reivindicación central, garantizar el Sistema Público de Pensiones, que las pensiones se garanticen por los Presupuestos Generales del Estado (como estaban antes del Pacto de Toledo) ¡¡ni hablar del tema!!. En realidad es el acuerdo de los del Pacto de Toledo, lo de siempre, los que apuestan por un sistema mixto de pensiones públicas de miseria y pensiones privadas que se pagarán los/ as que puedan para suculento negocio de bancos, aseguradoras y… burócratas de CCOO y UGT.
UNA OMISIÓN VERGONZOSA: 700.000 empleados/as públicos y un ERE encubierto
Se trata de un acuerdo entre el Partido que Gobierna y el que lo sostiene desde el Parlamento, ¿cómo es posible que en materia de empleo público, donde son los responsables directos, es decir los «patrones», ni se mencione el tema?
No dicen ni media palabra de cómo reponer los más de 220.000 puestos de trabajo perdidos en las Administraciones públicas entre 2010 y 2017. Ni media palabra de los más de 700.000 empleados/as públicos contratados en fraude de Ley desde hace 15, 20 o 30 años que se ven hoy amenazados de despidos con el fin de reducir la tasa de temporalidad exigida desde la Unión Europea.
Como ellos/as denuncian estos días desde las calles «Este acuerdo no es sino un Expediente de Regulación de Empleo, el mayor conocido en este país. Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras con más de 45 años, y un currículum casi exclusivo como servidores públicos, estaremos condenados a la miseria y la de nuestras familias».
Su silencio es toda una declaración de guerra a estos miles de trabajadores/as, del Gobierno y de quien lo sostiene.
LOS GRANDES EMPRESARIOS Y LOS RICOS SEGUIRAN SIN PAGAR
Los firmantes del Acuerdo, en la oposición decían que la fiscalidad era injusta y debía ser profundamente cambiada. Pero lo que hay en el Acuerdo sólo son cambios cosméticos. La medida fiscal reina, el pago de un mínimo del 15% sobre beneficios a las grandes empresas ha quedado del todo devaluado al aplicarlo, tal como reclamaban los grandes del IBEX 35, a la «base imponible» del impuesto y no al «resultado contable». Los cambios en el impuesto de la renta, el impuesto de patrimonio son irrelevantes. El nuevo impuesto de «transacciones financieras» y el «impuesto google» son brindis al sol con escaso e incierto impacto y las medidas de lucha contra el fraude son de broma.