El 23 de septiembre del 2019 la Guardia Civil, bajo la instrucción de la Audiencia Nacional española, detuvo a 9 activistas, todos ell@s miembros de CDR, en el marco de la llamada Operación Judas, acusándolos de terrorismo. Las detenciones, además de ser un escándalo político y la enésima actuación judicial y policial contra el independentismo, fueron reconocidas por la violencia con la que se llevaron a cabo.
Así mismo, el 22 de junio del 2020, la Audiencia Nacional imputó a 4 activistas más que, según el juez Manuel García Castelló, estaban vinculad@s a una supuesta «organización terrorista» y habrían tenido contacto con l@s 9 investigad@s, que quedaron en libertad (con cargos) en enero por falta de pruebas.
Dos años después de estos hechos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere procesar a l@s 13 miembros del CDR por pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos. A pesar de que la Guardia Civil no pudo acreditar que hubiera explosivos en los inmuebles que registraron, la Fiscalía insiste en esta hipótesis.
Estas detenciones y acusaciones a activistas de los movimientos sociales y culturales no tienen ningún tipo de base, están construidas ex professo por la Guardia Civil y la Fiscalía, y pueden comportar largos años de prisión. Es lo mismo que hicieron con Tamara Carrasco o con los jóvenes de Altsasu, que han pasado más de 1.300 días encarcelados por una pelea de bar.
Nos encontramos, de nuevo, con la represión del aparato del Estado y el aparato judicial, que no descansará hasta hacer pagar a tod@s y cada un@ de l@s activistas que osamos desafiar al régimen monárquico y la unidad nacional, primero, organizando y votando en el referéndum del 1 de octubre, después, enfrentando la salvaje represión en las protestas contra la sentencia.
Ante estos hechos, Corriente Roja manifestamos:
- La exigencia que se absuelva a l@s 13 represaliad@s. Nos encontramos, una vez más, ante un montaje judicial y el intento de criminalizar la lucha por el derecho a decidir y contra la represión.
- El fin de las medidas de persecución judicial y policial contra l@s activistas. Así mismo, exigimos al Gobierno del PSOE-UP la derogación inmediata de la Ley Mordaza, tal y como prometieron en el acuerdo de investidura.
- La Amnistía general, que anule todos los procedimientos judiciales a las más de 3.000 personas encausadas, perseguidas y represaliadas en Cataluña y rehabilite a las decenas de cargos públicos inhabilitados.
- Apoyamos todas las movilizaciones de apoyo a l@s activistas procesad@s y por la libertad de tod@s l@s pres@s polític@s.