Cuando el 18 de abril los estudiantes nicaragüenses comenzaron a movilizarse en las calles para protestar contra la Reforma Previsional social en apoyo a los jubilados, nadie podía decir que ese movimiento se transformaría en una verdadera revuelta popular contra el gobierno de Daniel Ortega, de la vicepresidente (y su esposa) Rosario “Chayo” Murillo, y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La reacción del gobierno a las primeras movilizaciones fue brutal. La policía reprimió violentamente a los estudiantes usando armas de fuego, ayudada por los grupos armados de la Juventud Sandinista y las llamadas “turbas sandinistas”, grupos paramilitares ligados al gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza, hasta ahora, 76 muertos por las fuerzas de represión y centenas de heridos y presos.
La represión tuvo efecto inverso: los estudiantes ocuparon las universidades y las escuelas técnicas; se levantaron barricadas en los barrios populares; la población reaccionó con armas improvisadas; se incendiaron edificios públicos y se multiplicaron las manifestaciones en las principales ciudades, siendo que la jornada más importante llegó a reunir a más de 200.000 personas en todo el país.
El gobierno retrocede y se profundiza la movilización:
El gobierno retrocedió en la reforma de la Previsión, pero las movilizaciones pasaron a tener un objetivo más importante: derrocar el gobierno dictatorial. La consigna central de todas las manifestaciones pasó a ser: “¡Fuera Ortega!”.
El presidente está tratando de salvar su gobierno desmovilizando la lucha por medio de un diálogo nacional propuesto por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal organización de la burguesía nicaragüense. Ambas organizaciones no ponen como condición la salida de la familia Ortega del poder. No obstante, el diálogo no es el objetivo de Ortega, sino ganar tiempo, para golpear al movimiento estudiantil y popular y conservar el poder.
Ante esta situación la izquierda se encuentra en una disyuntiva:
La situación de Nicaragua y la lucha popular para derrocar la dictadura de la pareja Ortega y del FSLN divide aguas en la izquierda. La llamada izquierda bolivariana más extrema afirma que la revuelta popular sería articulada por la CIA y por la derecha nicaragüense con el objetivo de desestabilizar a un gobierno progresista, a ejemplo de Venezuela y del pretendido golpe en el Brasil.
¡Nada más falso! El gobierno Ortega es una dictadura sanguinaria, explotadora y entreguista del país al imperialismo y los estudiantes y el pueblo que se lanzan a las calles no se organizan ni defienden partidos de derecha. Sus consignas son contra la dictadura del FSLN y por el “¡Fuera Ortega!”.
Los 76 muertos a manos de la policía y de los grupos paramilitares sandinistas son una enorme mancha sangrienta del gobierno. Junto con la salvaje represión y con las centenas de heridos y presos son una prueba viva de esta dictadura que una parte de la izquierda niega. Por eso, toda la izquierda latinoamericana está obligada a elegir un lado: o con la heroica lucha del pueblo nicaragüense contra la represión y la explotación o con una dictadura que intenta esconderse atrás de una falsa fachada progresista.
Nosotros los/as militantes de la LiT.ci en Nicaragua y en el mundo, nos ubicamos en un lado: el de los/as estudiantes, campesinos y trabajadores/as que están luchando en las calles.