La Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del Solo sí es sí, impulsada por Igualdad y elaborada junto al Ministerio de Justicia, entró en vigor el 7 de octubre. Desde noviembre, ha habido un goteo incesante de rebajas de condenas o excarcelaciones en aplicación de la nueva Ley que los medios han difundido, en muchos casos, con titulares sensacionalistas.
En un año marcadamente electoral, esta Ley ha provocado una de las crisis más importantes en el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y está obligando a todas las formaciones políticas parlamentarias a posicionarse.
La ley del Solo Sí es Sí engloba en un delito único lo que antes se dividía entre abuso y agresión, para la que, con la anterior Ley, había que probar que había existido violencia o intimidación. Con ello, ha elevado algunas penas e introducido agravantes como la sumisión química o la cercanía del agresor con la víctima. Pero también se han reducido las penas mínimas, para que haya una horquilla más amplia de actos a condenar. El objetivo de la Ley es tratar de eliminar los obstáculos que provocan que, actualmente, solo el 8% de los delitos sexuales sean denunciados y muchos acaben sobreseídos o en absolución.
Esta Ley convierte el consentimiento en el eje, pero no acaba con la presunción de inocencia. La víctima o la Fiscalía seguirán siendo los que tengan que demostrar que hubo agresión sexual. Todas las rebajas de penas que estamos viendo se han producido porque la judicatura revisó las penas, aplicando e interpretando la nueva norma con carácter retroactivo, para que ésta le sea más favorable al penado, aunque ya hubiese sentencia firme.
Una vez más: ¡Nuestros derechos, al servicio de su disputa electoral!
La alarma social que se ha generado con las rebajas de condenas ha sido aprovechada por la derecha y la ultraderecha y sus medios afines para volver a atacar de forma furibunda al gobierno y especialmente al Ministerio de Igualdad y la Ley, a la que PP y Vox se opusieron desde un primer momento, propagando distintos bulos y mentiras sobre ella, que en buena medida han terminado calando en un sector de la sociedad.
Aunque en un principio, Sánchez salió a defender la Ley calificándola como una “conquista feminista”, no tardó mucho en ceder a las presiones, obligando a sus socios de gobierno a pactar una Reforma de la misma. Ante la falta de consenso para llegar a un acuerdo sobre cómo llevar ésta a cabo, el PSOE intentó aprobar de forma unilateral y por la vía de urgencia su propia Reforma, aun a sabiendas de que, con ello, no evitará nuevas rebajas de penas.
Denunciamos al PSOE por su hipocresía y cinismo. Aunque argumentan haber presentado esta Reforma «en beneficio del movimiento feminista» y para seguir avanzando en igualdad“, lo cierto es que su propuesta no responde a ninguna preocupación por proteger a las mujeres, sino a sus cálculos electoralistas. Su único temor es que el cuestionamiento a la Ley les termine pasando factura en las urnas.
Su propuesta recupera las penas anteriores, diferenciando entre agresiones sexuales con violencia o intimidación o sin ella. Algo que los populares ven con buenos ojos y hasta dicen que «copia la suya». De este modo, el PSOE vuelve a asumir el discurso que nunca abandonó, que cuestiona lo que las mujeres llevamos años denunciando en las calles y que fue un clamor tras la polémica sentencia de la manada de Pamplona: cualquier acto sexual realizado sin consentimiento atenta contra la libertad sexual de la persona y es violencia.
Los límites infranqueables de Podemos: ¡Con el Régimen hemos topado!
Podemos, en vez de caer en la trampa de la derecha, que pone el foco en la cuestión de las penas, podría haber aprovechado la disputa con esta Ley para señalar que lo más preocupante que tiene es que toda la parte no penal de la norma necesita recursos económicos de los que todavía no se ha dotado.
Estamos hablando de exigir que se pongan en marcha los Centros crisis 24 horas que deberían existir este año en cada provincia para dar atención integral a las víctimas. O de garantizar las rentas de inserción a las que, según la Ley, las víctimas tienen derecho.
Desde el Ministerio de Igualdad, que dirige Podemos, señalaron acertadamente que el problema era la aplicación de la Ley por la justicia machista. En ese sentido, podrían haber aprovechado para exigir la inhabilitación de todos/as aquellos jueces y juezas que dicten sentencias machistas y la Depuración del sistema judicial.
E igualmente denunciar que, para que se cumpla la Ley y haya formación en educación sexual y en Igualdad en la escuela pública, hay que sacar a la Iglesia de las aulas, cosa que la Ley Celaá no hace. Pero Podemos no va a hacer nada de esto, porque su “progresismo” tiene como límite el orden burgués y las reglas de este régimen heredero del franquismo.
Habrá que ver qué hace Podemos si finalmente no hay acuerdo y, a un día del 8M, se vota en el Congreso la Reforma del PSOE que PP y Vox están dispuestos a apoyar. Pero no caben sorpresas. Pese al ninguneo sufrido por parte del PSOE y a señalar que su desacuerdo con el texto del PSOE, no son “discrepancias técnicas”, sino “diferencias muy profundas”, ya dijeron que, pase lo que pase, no romperán el pacto de gobierno. Queda claro entonces que para Podemos lo más importante no es tampoco cumplir el mandato en las calles, sino aferrarse al sillón. Aunque eso suponga seguir con su política delirante y esquizofrénica, en la que dicen una cosa, pero terminan tragando con la contraria.
La «crítica» que algunas organizaciones como Izquierda Revolucionaria (IR) hacen a la forma en que el gobierno está defendiendo el consentimiento de las mujeres deja por desgracia fuera la mitad de este gobierno (las ministras de Podemos con quienes IR se solidariza).
Nuestra solidaridad es con las víctimas de cualquier agresión sexual, en especial con aquellas que, pese a los obstáculos, se atreven a denunciar. ¡Como la mujer violada por Dani Alves, a quien enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad!
¡Es preciso seguir luchando!
Corriente Roja defendemos la Ley porque situar en el centro el consentimiento para demostrar que hubo agresión sexual fue una demanda del movimiento en las calles, que la derecha y ultraderecha nos quieren arrebatar para volver a un modelo donde la víctima tiene que demostrar si hubo violencia e intimidación. Algo que no siempre es fácil cuando ésta no deja secuelas físicas y que, como han señalado muchos-as juristas, favorece la revictimización de quienes se atreven a denunciar, volviendo a poner el foco en la víctima y no en el autor del delito.
Lo que PP, PSOE y sus señorías parecen no entender es que cualquier agresión sexual es violación y cualquier acto sexual no consentido, conlleva violencia e intimidación. Que te toquen cuando estás dormida, que tu jefe te lance una obscenidad y te tengas que callar… ¡es violencia machista!
Otra cosa distinta es que, evidentemente, hay grados distintos de violencia. No es lo mismo que se te echen encima en una fiesta a que te pongan un cuchillo en el cuello, o que te den una paliza, antes de violarte. Pero para eso están los agravantes. No es necesario incluir un nuevo subtipo de delito como si -repetimos- pudiese haber agresión sexual sin violencia.
Tampoco tenemos duda de que no hay Ley que valga sin depurar este sistema judicial, que está al servicio de proteger este régimen corrupto y antidemocrático. Un sistema judicial que deja sueltos violadores y maltratadores, pero condena a raperos por dar su opinión o a aquellos trabajadores y trabajadoras que luchan por defender su pan. Y que aplica una vara de medir muy distinta cuando se trata de juzgar políticos, empresarios, banqueros o miembros de la realeza.
Dicho esto, aunque no queremos impunidad y exigimos justicia para toda aquella mujer o menor que sufra una agresión sexual, ni este sistema judicial ni el Código Penal están hechos para protegernos, sino para defender este orden social injusto. Es por eso que pensamos que aumentar las condenas no es la salida para acabar con la violencia sexual. En este sistema capitalista, las cárceles no sirven para rehabilitar a nadie y, de hecho, son una escuela de machismo y de masculinidad agresiva.
La Ley tampoco prevé mecanismos para agilizar los procesos judiciales y que las víctimas no tengan que esperar como ahora años, antes de poder llevar a juicio su caso y empezar a normalizar sus vidas, lo cual es también violencia institucional.
Más allá del debate de las penas, esta Ley es totalmente insuficiente para acabar con la violencia sexual, que es un problema estructural complejo que necesita un abordaje por muchas vías y que además se actualiza con nuevos métodos, como los “pinchazos” de este verano.
Además de las limitaciones ya mencionadas, como la falta de presupuesto para poner en marcha algunas medidas, sus propuestas en el ámbito laboral, donde la violencia sexual también está presente, no pasan de ser meras recomendaciones. La única forma de garantizar que se denuncie el acoso sexual laboral es que haya protocolos de prevención y actuación con medidas objetivas y evaluables, como parte del plan de igualdad en cada empresa. Algo que muchas no tienen, aunque sea obligatorio. Aun así, con el actual escenario de paro y precariedad, es muy difícil animarse a denunciar.
Mientras no se derogue la Ley de extranjería que, con esta Ley, las mujeres inmigrantes en situación irregular, muchas de las cuales trabajan en el sector doméstico donde el acoso sexual es muy frecuente, siguen totalmente desprotegidas; si no consiguen probar la agresión en el proceso judicial como ocurre en muchos casos, el procedimiento por estancia irregular sigue su curso y pueden llegar a ser expulsadas.
Se habla también de penalizar a los proxenetas, pero no hay garantía de alternativas habitacionales, económicas ni laborales, para quienes ejercen la prostitución.
Por último, señalar que si las insuficiencias de esta Ley nos muestran los límites del parlamentarismo burgués, el ataque que está sufriendo nos recuerda que en el capitalismo, todos nuestros derechos y conquistas están y estarán siempre amenazadas.
¡Este 8M salgamos a las calles para reclamar!:
- Depuración del sistema judicial e inhabilitación de jueces y juezas machistas.
- Elección de los jueces/as por voto directo del pueblo, con sueldos iguales a los de un obrero/a cualificado/a.
- Educación sexual y en valores de igualdad, obligatoria en todas las etapas educativas.
- Promover la autodefensa colectiva frente a las agresiones. Protocolos contra el acoso en lugares de trabajo y estudio.
- Aumento inmediato de fondos para recursos y protocolos de atención sanitarios, para mujeres que sufren agresión sexual.
- ¡Más recursos para protegernos de la violencia machista y NO para pagar la deuda! Centros crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, casas de acogida para mujeres maltratadas y menores a cargo, rentas de inserción para todas.
- ¡Abajo la Ley de extranjería! ¡Regularización administrativa YA!