Se acerca el 28 de febrero en Andalucía, y con ello multitud de festejos se dan lugar, en aras de rememorar la legítima lucha de pueblo andaluz. Sin embargo, y a pesar de estar en pleno siglo XXI, Andalucía sigue retrocediendo: según la Agenda 2030 UE 2015-202, el 38,7% la población andaluza vive bajo el umbral de la pobreza y la exclusión social. A esto debemos sumar los récords en desempleo y precariedad, especialmente en la juventud, superior al 50% en muchas ciudades.
Este proceso de generalización de la pobreza obedece a una serie de problemas históricos, como el problema agrario, combinado con el desmantelamiento de las principales actividades económicas y la apuesta por convertir nuestra tierra en el patio trasero de Europa, focalizada en el turismo y en el sector servicios, a partir de la entrada en la UE.
Históricamente hubo un proceso de resistencia en Andalucía encabezada por los jornaleros/as, junto a las clases populares, cuestionando el acaparamiento de las tierras en un puñado de familias de linajes señorial. Del mismo modo, en las ciudades la clase trabajadora industrial demandaba derechos básicos frente a una burguesía de corte señorial. En la actualidad, tanto en el campo como en la industria siguen las mismas penurias: jornadas de más de 10 horas, salarios de miseria y vulneración diaria de multitud de derechos con la complicidad de la burocracia sindical y los gobiernos de turno.
Durante la Transición, y con el ascenso de las movilizaciones, las organizaciones comprometidas con el Régimen del 78, se vieron obligadas a reconocer parcialmente los problemas históricos que siglo tras siglo ha ido arrastrando Andalucía. Sin embargo, en la redacción del Estatuto de Andalucía, muchas de las demandas del pueblo andaluz o bien se tergiversaron o bien quedaron en el olvido. Un ejemplo lo constituye la propia definición de Reforma agraria, entendida como “la transformación, modernización y desarrollo de la estructuras agrarias”, negando la expropiación de los grandes latifundios. A partir de la aprobación del Estatuto y el reconocimiento del gobierno autonómico, todas, incluyendo la izquierda reformista, trataron de reconducir al redil institucional la movilización y el movimiento iniciado en la última fase del franquismo.
PSOE, gestores del desmantelamiento agrario e industrial
Con la entrada de España en la UE el PSOE implementó los planes de desmantelamiento productivo. En el sector agrícola, las directrices de la UE estaban encaminadas a paralizar la modernización iniciada décadas atrás y limitar la producción a través de la política de cupos, con el fin de evitar los desequilibrios en los precios, que representaban una amenaza para la agricultura francesa en el Mercado Común Europeo. Este compromiso por parte de España en desactivar la actividad agraria tuvo su recompensa por parte de la UE, quien a través de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) destinaba una apetitosa cantidad de fondos por número de hectáreas, independientemente de si se explotaban o no las tierras, dinero que terminaba en los bolsillos de los terratenientes. Este sistema se complementó con varios programas como el PER, FEDER, PFOEA, para evitar una desbandada de los pueblos a la ciudad. Un proceso similar experimentó la ganadería.
Por otro lado, el PSOE jugó un papel destacado en el proceso de reconversión industrial, valiéndose del apoyo de la burocracias sindicales de CCOO y UGT, que recibían jugosas compensaciones económicas tanto por ERE firmados como en concepto de formación; así se procedió al cierre de multitud de factorías, lo que explica el acelerado proceso de desindustrialización en Andalucía.
Contra la idea hegemónica de que Andalucía siempre ha estado abocada al sector primario, basta remontarnos a la primera mitad del siglo XVIII para ver que la industria andaluza representaba el 20% del total estatal, y también durante buena parte del siglo XIX. Sin embargo, la hegemonía política de la oligarquía terrateniente y su sistema caciquil fueron torpedeando y socavando cualquier intento de desarrollo industrial. La entrada en la UE aceleró este proceso de desindustrialización. Si a finales de los 70 la industria representaba el 10%, en el momento actual el peso industrial es tan solo del 8%. Incluso en la industria agroalimentaria se produjo un importante descenso, pasando del 17,1% en 1981 al 15,2% en 2011.
El acelerado retroceso que ha experimentado Andalucía en estas tres décadas solo se puede explicar a partir de la entrada en la UE y el desmantelamiento industrial que se impuso como requisito para entrar en el mercado común gobernado por Alemania y Francia. Pero no solo eso, además fue necesaria la colaboración política de PSOE y PP, junto a las principales centrales sindicales a través de sus célebres acuerdos de concertación y paz social, que más tarde explotarían en el famoso escándalo de los ERE, donde las cúpulas de CCOO y UGT cobraban suculentas cantidades de dinero público por aprobar el cierres de fábricas importantes.
La coalición PSOE-IU, una experiencia nefasta de la izquierda reformista
Tras más de 30 años de gobiernos del PSOE, ni siquiera la entrada en el gobierno de Izquierda Unida sirvió para revertir la situación, a pesar de las expectativas que desde diferentes partes de la izquierda alimentaron. Su afán progresista y modernista chocó con un sistema capitalista en decadencia, con las fuertes restricciones de la UE y con la hegemonía económica de la burguesía terrateniente y financiera, quedando su ambicioso programa esterilizado. Y terminaron por aplicar la agenda política y económica de Rajoy y la UE, bajo la excusa de que se trataba de “recortes por imperativo legal”. Su intento de banco público de tierras, de viviendas o su proyecto de banca pública, son un ejemplo de las limitaciones y contradicciones que tiene la izquierda reformista.
Mientras se subordinaba a las directrices de la UE, al pago de la deuda y las limitaciones del gasto público, con los de abajo se mostraba beligerante, como en el caso de la congelación salarial de los empleados públicos o el desahucio de gran parte de las corralas, con Elena Cortés (IU) como Consejera de vivienda.
Esta experiencia sirvió para poner en evidencia que las reformas bajo el capitalismo no pueden traspasar la esfera de la superficialidad, como quedó demostrado durante su mandato. Pero además contribuyó al lavado de cara del PSOE, que venía bastante herido de muerte, y que en las elecciones siguientes volvió a ostentar la mayoría.
Organizar la resistencia y oposición contra el gobierno de Juanma Moreno, desde posiciones rupturistas
El estancamiento y retroceso del pueblo andaluz es bastante palpable, sobre todo en la juventud, condenada al desempleo, precariedad y a la emigración generación tras generación. La amarga experiencia con la izquierda reformista ha generado una importante desmoralización y abatimiento, haciendo que finalmente la Junta esté en manos de un gobierno abiertamente patronal, representante de los señoritos del campo y la ciudad. Enfrentar el ascenso de la derecha y ultraderecha y al actual gobierno andaluz implica romper con la dicotomía de lo menos malo, con la que el reformismo trata de viciar y encerrar el debate redirigiendo la crispación a las urnas. Y empezar a dar pasos hacia la movilización independiente de la clase trabajadora, a partir de nuestros problemas concretos como son el desempleo, la precariedad, la inflación, la violencia machista, la opresión histórica cultural del pueblo andaluz y otras formas de opresión que sufrimos
La Reforma agraria sigue siendo una tarea democrática pendiente en Andalucía
En Andalucía la irrupción de la posmodernidad ha traído nuevos paradigmas, acompañados de nuevos significantes, que serían concebidos como una alternativa al modelo existente, como el resurgimiento del cooperativismo en sus diferentes variantes. Pero la única forma de desarrollar otros modelos que garanticen la soberanía alimenticia y que sea sostenible con el medio ambiente es a partir de una confrontación directa con la estructura latifundista y parasitaria. De ahí que la exigencia de reforma agraria, que es una demanda histórica en Andalucía, siga teniendo vigencia, incluso en el marco de la UE, donde el acaparamiento de tierras va a más. El 3% de propietarios con más de 100 hectáreas posee el 50% de la tierra agrícola productiva. En el Estado español 6,10% de propietarios controlan el 57,83% de las tierras (13 millones de ha.). Las sociedades mercantiles poseen ya el 14% de las tierra agrícolas. Entre 1999 y 2020 desaparecieron un total de 49 fincas diarias. El reparto de las ayudas de las PAC es paralelo a la tenencia y concentración de la tierra. Más que nunca y con más fuerza debemos levantar y agitar la necesidad de una reforma agraria, como parte de un plan de choque contra las condiciones de vida miserable y para la preservación del medio ambiente.
Unidas-Podemos y su negación de la Reforma agraria
Unidas Podemos, por su parte, antepone la cuestión de las peonadas a la Reforma agraria. Ante la presentación de la propuesta de ley, el candidato de Unidas-Podemos por Andalucía declaraba que la misma representaba “una reclamación histórica de la gente de Andalucía”. Desde la Transición, hemos manifestado por activa y pasiva que no queremos limosna, sino Reforma agraria para garantizar pleno empleo, condiciones de trabajo dignas, soberanía alimentaria y que Andalucía salga del subdesarrollo al que históricamente ha sido condenada. Nuestra reclamación histórica nunca fue un subsidio de 480 euros al mes, con el que ninguna familia puede sobrevivir y que comparado con las millonarias subvenciones que reciben los terratenientes es una completa miseria.
El compromiso de Unidas-Podemos con el Régimen del 78, los terratenientes andaluces y las directrices de la UE, hace que el modernismo y progresismo de su gobierno de coalición no cuestione el acaparamiento de tierra y subvenciones por parte de los terratenientes. Además continúan sin abordar la regularización de la mano de obra inmigrante en el campo, objeto de permanentes abusos y completamente desprotegida. Tampoco presentan un plan para enfrentar el fraude e irregularidades en el campo. De hecho, es aquí donde reside gran parte del problema de las peonadas, ya que son los empresarios los que no declaran los días trabajados, para así ahorrarse los pagos de la seguridad social. La Ley les permite hasta las 12:00 de la mañana dar de alta a l@s trabajador@s, por esa razón tienen l@s jornaler@s tantas dificultades para alcanzar las 35 peonadas. En vez de enfrentar el fraude que cometen los empresarios obligándoles a declarar todas las peonadas, han optado por bajar el número mínimo de peonadas hasta junio de 2023.
Retomemos las calles contra el gobierno andaluz y caciquil de Juanma Moreno, y organicemos la oposición de izquierda contra el gobierno estatal de PSOE-Unidas-Podemos
Este próximo 28 de febrero tenemos una cita con la movilización para seguir denunciando las penurias y miserias de nuestra tierra que, si bien ya estaban agravadas, después de la pandemia se han vuelto mucho más palpables, por no hablar de la inflación generalizada que, con los salarios de miseria, ha convertido llegar a final de mes en un calvario para más de la mitad de la población.
Para frenar las condiciones de miseria existentes y garantizar un desarrollo industrial sostenible necesitamos romper con el encorsetamiento que impone la UE y con la actitud sumisa de los diferente gobiernos PSOE-PP, que durante años han destinado grandes sumas de dinero público a los bolsillo de estas empresas, han flexibilizado el mercado laboral y han creado todo tipo de facilidades, sin mostrar ningún tipo de resistencia frente a los continuos cierres. Esta misma actitud permisiva y servil contra los cierres, despidos e incumplimientos es imputable también a la burocracia sindical de CCOO y UGT.
Necesitamos la máxima unidad de acción para denunciar y enfrentar al gobierno de la Junta, al mismo tiempo que organizamos la oposición de izquierda al gobierno de PSOE-Unida- Podemos, gestores de los intereses de las multinacionales del IBEX 35, la Banca y la UE. Solo a partir de la confrontación con los sectores reaccionarios, al mismo tiempo que vamos desenmascarando las limitaciones del reformismo, pondremos las bases para un gobierno de jornaler@s y resto de trabajador@s, en alianza con los demás sectores populares, que también sufren la explotación y opresión del sistema capitalista. Sólo un gobierno de la clase trabajadora, sostenido en asambleas con participación directa y permanente de l@s trabajador@s, podrá expropiar a ese puñado de familias terratenientes y capitalistas que monopolizan y controlan la mayor parte de recursos naturales y riquezas y colocarlos al servicio de la mayoría social. Para ello, es fundamental acabar con el Régimen del 78 y sus instituciones, herederas el franquismo.