La imparcialidad de la fiscalía

Hace unas semanas, después del programa de Évole dedicado a la pandemia y a las muertes en las residencias con declaraciones de familiares de esas víctimas, Miguel Ángel Rodríguez del PP, salió dudando de las declaraciones y de los hechos, diciendo que “esa señora no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid…, que comprobaremos si es verdad y que cuántas veces al año visitaban a sus familiares…”; como la política del PP es mentir constantemente, piensa el ladrón todas somos de su misma condición.

Por: Julia Mirón, hija de una de esos 7291

Ante el calado de sus mentiras y amenazas, y ver la reacción de las familias no le quedó más remedio que pedir formalmente disculpas. Sin embargo, ¿qué podemos esperar del “amigo” de Ayuso cuando ella misma no se arrepintió en ningún momento de los “protocolos de la vergüenza” y suelta lindeces como “siempre estamos con las mismas mierdas”, “total iban a morir”, etc.?

Para el PP su política en la pandemia fue la correcta, dar la “libertad” era abrir bares y restaurantes para que los empresarios no perdieran su beneficios, y para otras fue negarles la prestación sanitaria, que tuvo como consecuencias sociales la muerte de 7291 personas. Y al parecer según un sector de los jueces y fiscales estas muertes no pueden ser investigadas porque fue un “mal” menor de la pandemia; en los hechos piensan igual que Ayuso, “total iban a morir”.

Denuncias en los juzgados archivadas por falta de pruebas

Entre 2020 y 2021 muchas familias, casi 400, a través de Marea de Residencias, decidimos interponer querellas por homicidio imprudente, prevaricación o negación del deber de socorro en varios juzgados de la Comunidad de Madrid. A día de hoy cinco años después, unas decenas están aún en los juzgados de instrucción, otras archivadas, sin investigación según los juzgados por falta de pruebas (porque no se puede establecer la causalidad entre lo que hizo la administración y la muerte de la persona residente) y algunas archivadas se presentaron ante el Tribunal Constitucional como Recurso de Amparo.

Estas muertes no son dignas de ser investigadas por parte del poder judicial, ni investigadas de oficio por la Fiscalía y las familias nos preguntamos por qué, cuando la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid sí investigó, por lo tanto, se puede.

Después de 5 años de la tragedia, ¿dónde está la Fiscalía?

Es lamentable, pero sobre todo es un fallo del sistema democrático español grave, que la Fiscalía no haya cumplido con su obligación constitucional, defender los derechos de todas las ciudadanas investigando de oficio todas esas muertes. Hemos sido las familias de las víctimas, con la ayuda de Marea de Residencias y Verdad y Justicia quienes hemos tenido que denunciar los supuestos delitos cometidos por el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque la fiscalía según demuestran los hechos admite que la política de Ayuso frente a la pandemia fue la correcta.

En octubre del año pasado y viendo que la fiscalía seguía sin querer investigar de oficio las muertes en las resistencias y lo que allí sucedió, Marea de Residencias y Verdad y Justicia junto con 109 familias interpusimos denuncias ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, la denuncia se dirige contra altos cargos del Ejecutivo madrileño, entre ellos a Isabel Díaz Ayuso y al ex consejero Enrique Ruiz Escudero, y otros más, por el supuesto delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, todo ello tipificado en el artículo 511 del Código Penal.

La Fiscal Superior de Madrid separa las denuncias, ¿por qué?

Las familias nos hacemos varias preguntas sobre la actuación de la Fiscalía.

La primera pregunta que hay que responder ante la política de la Fiscalía de Madrid, de separar las denuncias y querellas por diferentes juzgados es: ¿por qué la fiscalía de Madrid lo ha hecho cuando es evidente que es el mismo proceso?

En derecho existe algo que se llama «economía procesal», que apunta a que por motivos de racionalizar y no sobresaturar los juzgados de instrucción, se debe elegir la vía más rápida y eficaz, así como la menos costosa, no repitiendo actuaciones, acumulando procesos, etc. 

Es evidente que los 7291 casos no son asuntos individuales, sino consecuencia de las mismas decisiones que el gobierno del PP de Madrid tuvo para enfrentar la pandemia. Únicamente un interés político de la fiscalía puede explicar ese reparto de las causas abiertas, como lo demuestra que ante esas mismas decisiones, unos fiscales hayan archivado las causas y otros no.

Surge otra pregunta, ¿favorece la investigación de lo sucedido la actuación de la Fiscalía, o, por el contrario, la dificulta?

Hay tres opciones, interrelacionadas. Por un lado, al separar las causas, individualizándolas, desactiva la carga judicial y social que una causa conjunta podría tener; es el «divide y vencerás»; por otro, esa individualización evita que las familias de las víctimas actúen conjuntamente ante el juzgado que se hiciera cargo de la causa, con movilizaciones. Porque si algo temen, no solo el poder político (el gobierno de Ayuso), sino, y sobre todo, el poder judicial, es que la gente esté en la calle, organizándose y luchando. En tercer lugar, provoca que por motivos económicos muchas familias dejen de denunciar; al complicar el proceso judicial hace que los costes en abogados, procuradores y demás, encarezca el camino de la justicia, discriminando a las familias con menos recursos.

Dónde está la imparcialidad del Ministerio Fiscal y su independencia

A día de hoy algunas familias hemos declarado ante las fiscalías y otras no, pero los resultados no han sido los mismos. Algunas como la de Getafe no quiso escuchar lo que los familiares tenían que explicar, y hasta en un momento “justificó” los protocolos porque estábamos en pandemia archivando los casos. Sin embargo, en otras fiscalías las familias han podido declarar y en otras la Fiscalía ha judicializado 9 de momento. Por lo tanto, está claro que depende del “color” político del fiscal o la fiscal el caso se archiva o tal vez haya indicios para seguir investigando. ¿Dónde está la independencia jueces y fiscales?

Según la Constitución “la justicia emana del pueblo y es administrada en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Como no podía ser de otra forma el papel lo admite todo, y este caso no iba a ser diferente de otros derechos que se recogen en el texto constitucional y que se incumplen sistemáticamente, como el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, a la salud, o a unas pensiones dignas. Como buena constitución burguesa, sus “buenas intenciones” son formales y tienen un límite, la propiedad privada de los medios de producción, distribución y financieros y la colaboración público privada sobre la que se ha construido todo el sistema de Residencias de mayores no solo en Madrid, sino en todo el Estado, prácticamente privatizado.

Por otro lado, el Gobierno elige al Fiscal General del Estado (dónde está la imparcialidad) y puede dirigirse a él para pedir que actúe en defensa del interés público; ¿por qué el Gobierno de Sánchez no ha instado al Fiscal General del Estado que actúe en la investigación de estas muertes?, viendo, además, como la fiscalía de Madrid está tomando decisiones que solo dificultan la investigación, y al menos así ayudar a depurar responsabilidades.

Transición pactada, no a la portuguesa

En 1974 fue derribada la dictadura de Salazar y Caetano en Portugal bajo el grito de la canción “Grandola, Vila Morena” de Zeca Afonso. En la Revolución de los claveles los militares salieron a las calles para defender la democracia, una gran revolución donde no hubo ni un solo muerto.

Esa es la historia de un pueblo que hizo su revolución, mientras aquí en el Estado español no se pudo hacer lo mismo, aunque nos hayan vendido que la Transición Política fue «pacífica». Un falseamiento de la realidad puesto que en esos años hubo muchas muertes, cárceles y represión para muchos y muchas luchadoras por la conquista de unas libertades democráticas; unas libertades que no fueron regaladas como nos han dicho durante estos 50 años.

Esta Transición fue un pacto de estado entre el aparato de estado franquista (Manuel Fraga, Adolfo Suárez, miembros de UCD y PP herederos del franquismo) y los partidos mayoritarios de la oposición, el PCE y el PSOE, que dejaron intactas las instituciones más importantes del régimen, la monarquía, el poder judicial (aquellos que metían a presos a las cárceles) y el ejército; de aquellos polvos estos lodos. 

El poder judicial español, que no fue depurado tras la aprobación de la Constitución del 78, es una herramienta clave de los que hoy son los “administradores de la victoria”, el PP, para proteger a las instituciones. Ni los miembros del poder judicial son independientes, ni responsables; en lo único que si dice la verdad la Constitución es que son inamovibles, salvo que sean incómodos para el aparato del estado y cuyos nombres todos conocemos. 

Esta historia de silencio judicial ante unas muertes se repite; no hay que ir muy lejos, ¿o sí?, las muertes de la guerra civil española que aún están en las cunetas y se archivan las causas sistemáticamente porque los responsables están protegidos por la Ley de Amnistía.

Por lo tanto, hay que seguir presionando en las calles porque solo la judicialización de las causas no es garantía de que habrá “verdad, justicia y reparación”  para las 7291 muertes en las Residencias de Madrid; así como muchas más por las políticas del PP, ya sean estás las de Mazón, o la protección a los responsables de los crímenes de la guerra civil.