En sentido estrictamente marxista, el personal de las Administraciones Públicas no entraría dentro de la denominada “clase obrera”; son trabajadoras y trabajadores cuyas tareas necesariamente no crean plusvalor; y en el eje capital-trabajo, el Estado se sitúa en el polo del capital, y por tanto, todo su aparataje forma parte del mismo bloque.

Por: Pilar y Maite

Pero también podríamos señalar que lo que determina si pertenecemos o no a la clase trabajadora es el lugar en el que nos situamos dentro de la cadena productiva. Y quienes requieren de la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, son, efectivamente, clase trabajadora.

Ahora bien, hay que hacer una distinción elemental entre la burocracia parasitaria del Estado (lo que incluye también a los cuerpos represivos), y los y las trabajadoras que cumplen tareas que constituyen servicios directos a la ciudadanía o al mantenimiento de infraestructuras y Medioambiente, esto es, al bien común. La segunda categoría entendemos que debería considerarse netamente clase trabajadora.

Aclarado esto, aterricemos en la realidad laboral de la inmensa mayoría del personal público: temporalidad abusiva, salarios exiguos, excesiva carga de trabajo, explotación por parte de superiores, abuso y maltrato institucional y laboral… Nada que no conozcamos ya por abundar en el empleo privado. Esto es tanto así en los sectores más visibles, como Sanidad y Educación, como en los menos visibles: mantenimiento, gestión administrativa, dependencia, etc.

Con todo esto intersecciona una realidad fundamental: la mayor parte del personal público lo constituyen mujeres. Especialmente, las categorías inferiores están fuertemente feminizadas, siendo las relacionadas con los cuidados las más precarias, al igual que ocurre en el empleo privado. Se une a todo esto el envejecimiento de este personal, fruto de las limitaciones a la tasa de reposición, lo que se relaciona también con la tendencia a la amortización de plazas y privatización del empleo público. El resultado: miles de trabajadores y trabajadoras, aproximadamente un 70% mujeres, con edades entre 45 y 60 años y cargas familiares por ascendientes y descendientes, que cubren puestos infradotados, precarios, inestables y mal pagados. A esto se suman las consecuencias del desmantelamiento y la privatización imparable de los Servicios Públicos, cuyos efectos recaen sobre la clase trabajadora, y especialmente sobre las mujeres dentro de ella.

En los últimos años, en la Comunidad de Madrid y en todo el Estado, parte del personal público se ha levantado contra la inestabilidad y precariedad de sus empleos y los abusos de las Administraciones. Al igual que son las mujeres vanguardia en la mayoría de movimientos sociales (ecologista, animalista, movimientos vecinales y sociales), han sido especialmente trabajadoras quienes han impulsado y liderado la lucha. Tanto desde asociaciones y plataformas de diversa índole, como dentro de sindicatos combativos, tenemos enormes ejemplos de compañeras que incluso han llegado al extremo de llevar a cabo huelgas de hambre y encierros. 

Todos estos años de lucha, sin embargo, han producido escasos resultados. Primero, por las resistencias, tanto de las Administraciones como de la judicatura, a adecuar las condiciones laborales del personal público a la normativa europea. Y segundo, y no menos importante, por la tendencia natural de la mayoría de estos trabajadores/as al conformismo y la inacción, lo que pesa enormemente en la respuesta institucional.

La falta de conciencia de clase entre este personal, su casi general ajenidad hacia los movimientos sociales o vecinales, y, finalmente, una visión social generalizada que les conceptúa como individuos privilegiados por trabajar en condiciones (algo) menos precarias que las del empleo privado, hacen que se abra un abismo entre el común de la clase trabajadora y el personal público.

Pero el discurso de la lucha del último contra el penúltimo supone entrar en la dinámica criminal que fomenta la clase dominante, en el “divide y vencerás”. En lugar de perseguir la reducción de los salarios del personal público a nivel de los salarios de la clase obrera, estos deberían elevarse para alcanzar a los primeros; en vez de precarizar las condiciones laborales del funcionariado, debería extenderse el derecho a la estabilidad en el resto de trabajadores/as; y así todo… 

La construcción de la unidad de clase que perseguimos requiere identificar alianzas sociales, sin las cuales esa unidad es imposible. Por tanto, es imprescindible tender la mano a ese personal público, fomentar la toma de conciencia por todo ese personal de que forman parte de la clase trabajadora, y favorecer su integración en los sindicatos combativos y el reconocimiento y acompañamiento a su lucha.

Ese es el trabajo que tenemos por delante. ¡Manos a la obra!