Marea de Residencias y la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos convocó, el pasado 15 de febrero, una protesta en la Puerta del Sol.

Por: Antonio R.

«Queremos denunciar la tragedia de las 20.000 personas que murieron en tan solo dos meses en las residencias de mayores de toda España, de las que casi la mitad, 9.470, vivían en las residencias madrileñas. Nunca vamos a olvidar a las víctimas que están detrás de la cifra de 7.291, que son las personas que murieron abandonadas sin asistencia sanitaria en residencias», señalan desde las organizaciones convocantes.

En Marea de Residencias considera que lo sucedido fue consecuencia de «una mercantilización absoluta del sistema de cuidados de todo el estado» y lamenta que, cinco años después, no se hayan tomado medidas efectivas para impedir que algo así vuelva a ocurrir.

Por ello, exigen a las administraciones públicas que asuman directamente la gestión del sistema de cuidados, tanto en las residencias como en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

“Las privatizaciones de los servicios públicos provocan el deterioro de los servicios, el despilfarro para las arcas públicas, la precariedad laboral de las personas que esas empresas contratan”, han denunciado.

Entre l@s manifestantes se encontraba también nuestro compañero Ángel Luis Parras, del sindicato de Comisiones de Base (co.bas) y militante de Corriente Roja: “Lo peor que puede pasar cuando se comete un crimen es que haya impunidad, eso es lo más infame de todo” – ha recalcado – “Hay que hacer mucha más pedagogía y que la gente conozca las razones por las que estamos aquí”.

Denuncia ante la Fiscalía

El pasado mes de octubre, tanto Marea de Residencias como la Plataforma 7291: Verdad y Justicia, que representa a más de un centenar de familiares de fallecidos durante la pandemia, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Madrid para que se investigue la «discriminación sufrida» por los residentes en aquellos meses.

En total, la denuncia recoge el testimonio de 109 familiares de 115 víctimas, de las cuales 111 fallecieron, en 72 centros geriátricos de la Comunidad de Madrid. La querella se dirige contra 29 personas, incluyendo a varios altos cargos del Gobierno autonómico en el momento de los hechos.