Cuando el 24 de Mayo del año pasado la candidatura de Barcelona en Comú encabezada por Ada Colau ganó las elecciones municipales barcelonesas, muchos activistas sociales, muchos militantes y simpatizantes de la izquierda alternativa y radical y mucha gente trabajadora creyeron que sus aspiraciones de transformación social comenzaban a hacerse realidad. No en vano, se trataba del triunfo de una candidatura encabezada por la portavoz de uno de los movimientos más progresivos que hemos conocido durante los últimos años: la PAH, que no dudó en enfrentarse a los bancos que expulsaban a la gente trabajadora de su casa, poniendo el derecho a la vivienda por encima de la propiedad privada de los potentados.
Por Evaristo Espigares
Pero la realidad de estos nueve meses de mandato es otra bien diferente. Y es que, como en la película de Elia Kazan, “Viva Zapata” (1952), la antigua rebelde se ha convertido en institución. Seguramente el ejemplo más claro ha sido la huelga de metro y autobuses, donde Ada Colau ha dejado de lado las promesas de transparencia y justicia social y se ha convertido en patrón, enfrentándose a los trabajadores y trabajadoras y perpetuando el estilo de gobierno de las alcaldias del PSC y CiU.
En este artículo, queremos destacar algunos aspectos centrales que –más allá de los gestos- han estado marcando la orientación de la política de Barcelona en Comú en estos meses: la renovación del contrato entre el Ayuntamiento de Barcelona y Telefónica; la desastrosa gestión del transporte municipal (huelga de metro y autobuses, la T-Movilidad y el tranvía); los desahucios y la política en materia de vivienda; la no remunicipalización de los servicios privatizados; la política represiva hacia los manteros y el reciente anuncio de regulación de la prostitución en la ciudad.
Analizaremos, finalmente, como todas estas políticas se vinculan con la búsqueda de una alianza municipal de gobierno con el PSC y con el proyecto político de Catalunya en Comú, asociado a Podemos.
¿Dónde ha quedado el compromiso de garantizar trabajo digno a las contratas del Ayuntamiento?
Barcelona en Comú asumió durante la campaña electoral el compromiso de no renovar ningún contrato municipal con ninguna empresa que no garantizara a su plantilla una jornada de 40 horas, dos días de descanso a la semana y un salario digno. Este era el contenido del “Pacto de las Escaleras” que Ada Colau suscribió en nombre de la candidatura con los compañeros y compañeras de las contratas de Movistar en huelga. Es de dominio público que Movistar sigue sin cumplir las condiciones mínimas de dignidad laboral con los trabajadores de sus contratas y subcontratas, que sufren jornadas laborales maratonianas y sueldos que en muchos casos son de 700 – 800 euros al mes.
Sin embargo, pasada la campaña electoral y ya investida alcaldesa, Ada Colau renovó el contrato a Movistar por seis meses sin incluir cláusulas que garantizaran un trabajo digno. El 28 de Enero, a pesar de las denuncias reiteradas de los trabajadores de Movistar sobre sus condiciones de trabajo, Ada Colau volvió a renovar con Movistar por seis meses más y una cifra de 1,6 millones, planteándose la posibilidad de renovar por un año más el próximo mes de Julio. La ausencia de cláusulas laborales de garantía, por otro lado, no solo afecta a los trabajadores de Movistar sino al conjunto de las contratas.
Las huelgas del metro y autobuses, el tranvía por la Diagonal y el escándalo de la T-Movilidad
Otro caballo de batalla es el transporte, con las huelgas de los trabajadores y trabajadoras de Metro y Autobús, así como con temas tan importantes como el proyecto de unir el tranvía por la Diagonal y la T-Movilidad. En el caso de Metro y Autobuses, el gobierno Colau no ha hecho limpieza de la abultada lista de directivos colocados por el PSC (y también ICV) sinó que se ha limitado a añadir los suyos. También ha perpetuado la opacidad de sus honorarios (incrementados en un 14,27% en estos cuatro años, mientras el personal de convenio tenía los sueldos congelados). Y ha justificado el aumento de la subcontratación y de la precariedad laboral de los nuevos empleados/as en nombre de “imperativos legales”. Durante la huelga del metro, Ada Colau llegó a hacer chantaje a los trabajadores poniéndoles como condición previa para negociar la desconvocatoria de huelga e intentó en todo momento enfrentar a los huelguistas con la ciudadanía.
En relación al tema del tranvía por la Diagonal, Barcelona en Comú plantea mantener el modelo actual, basado en la concesión del servicio a empresas privadas como Globalvia o Moventis, que se lucran a partir de la inversión pública. Es este modelo el que Ada Colau, ya alcaldesa, pactó con Mas y después con Puigdemont. El asunto es particularmente grave si tenemos en cuenta que –tal como explican los compañeros de TMB- esto puede comportar la supresión de 240 puestos de trabajo en autobuses. Representa, asimismo, un enorme gasto que podría ir destinado a gasto social (¡la diferencia económica entre el proyecto del tranvía por la Diagonal y el del bus eléctrico es de unos 170 millones!).
El gobierno de Ada Colau también apoya el gran negocio privado del proyecto T-Movilidad, la base del cual es la cesión de la gestión del transporte público del país a un consorcio (Soc Mobilitat) formado por La Caixa, Indra, Moventis y Fujitsu. Es un negocio enorme y redondo donde, a cambio de una inversión de 70 millones, tendrán unos ingresos garantizados de 17 millones anuales durante quince años.
Desahucios y política de vivienda
La vivienda debía ser la joya de la corona del gobierno municipal de Barcelona en Comú, pero se ha convertido quizás en la mayor decepción. En una carta pública dirigida a su antigua portavoz, la PAH ha mostrado su decepción por la tibieza de la política municipal ante los bancos, le ha recordado que se continúan produciendo desahucios (8,1 diarios) y que el problema de la vivienda está muy lejos de quedar resuelto. Y le ha hecho exigencias bien precisas, reclamando el despliegue de una vez por todas de la Ley de emergencia habitacional y contra la pobreza energética aprobada por el Parlament de Catalunya el verano pasado (Ley 24/2015).
La PAH pide la aplicación de las sanciones previstas (90.000 €) a los bancos y grandes propietarios inmobiliarios por desahuciar familias, como lo continúan haciendo, sin ofrecer una alternativa habitacional; ampliar la oferta de alquiler social con los pisos vacíos que los bancos están obligados a ceder (como mínimo 2591 viviendas ya registradas); el realojo de familias desahuciadas por imposibilidad de pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor; ayudas al pago del alquiler de las familias con riesgo de desahucio si el propietario es un pequeño tenedor; y controlar que no se corten los suministros básicos a las familias sin aplicar el principio de precaución.
La política social: los manteros y la propuesta de regulación de la prostitución
Por último, desde la vertiente social, también la política de Barcelona en Comú ha hecho aguas ante los colectivos especialmente sensibles y vulnerables como los manteros (vendedores ambulantes inmigrantes) y ahora ante el problema de la prostitución. En cuanto a los manteros, se han organizado sindicalmente (Sindicato Popular de vendedores ambulantes) ante las sucesivas promesas rotas del Gobierno Colau: planes ocupacionales, regularizaciones… etc., que no se han realizado. En lugar de ir a la raíz del problema, el consistorio de Colau se ha puesto de perfil intentando ganar tiempo en un juego de patadón y tentetieso que no resuelve la delicada situación de los manteros. No solo eso, sino que permite que este colectivo sea reprimido por la Guardia Urbana o deja el trabajo sucio a los Mossos d’Esquadra para no manchar su imagen.
En lo que respecta a la prostitución, en lugar de tomar como referencia el sistema sueco (que penaliza la compra de servicios sexuales, despenaliza la venta y ayuda a estas mujeres con planes de capacitación profesional), el gobierno de Ada Colau busca el apoyo de los grupos municipales para regularizar lo que no es sino una forma humillante de explotación de las mujeres, que las reduce a la condición de objeto sexual y las desposee de su dignidad como personas.
Buscando el pacto de gobierno con el PSC y participando en las negociaciones de Podemos con el PSOE
Subordinadas a la “necesidad de gobernar para todo el mundo”, al respeto a las leyes injustas y a las jerarquías institucionales y al temor reverencial a enfrentarse con los poderosos, estos nueve meses de gobierno municipal de Barcelona en Comú han revelado cómo las grandes promesas electorales de cambio se han quedado en papel mojado. Incluso en un tema en el que el Ayuntamiento aparecía como punta de lanza, el de los refugiados y refugiadas, el Consistorio se ha limitado a protestas verbales contra Rajoy cuando la dramática situación de los centenares de miles de mujeres, niños y hombres de los campamentos y la política criminal de la UE exigen acciones concretas de solidaridad y denuncia bien contundentes.
Con esta política “institucional” de Barcelona en Comú es natural que una de sus grandes preocupaciones desde el día de la investidura haya sido la búsqueda de una coalición de gobierno con el PSC y ERC para dar “estabilidad” al gobierno municipal. Las sucesivas contiendas electorales han aplazado el proceso pero ahora la prensa ya nos informa que están a punto de cerrar un pacto de gobierno con el PSC. Eso quiere decir que el “Ayuntamiento del cambio” lo será aún menos, una vez asuman responsabilidades de gobierno dirigentes de un partido asociado desde hace muchos años a sectores de la burguesía barcelonesa.
Hemos de tener en cuenta que todo esto está vinculado a un proyecto político más amplio, el de Catalunya en Comú, asociado estatalmente a Podemos, con quién ahora mismo participan de las negociaciones de gobierno con Pedro Sánchez (PSOE). Es un proyecto que, como Podemos, asume las imposiciones de la UE en nombre de una “refundación” imposible (no es extraño que se hayan apuntado enseguida al “Plan B” de Varoufakis) y que subordina los cambios político–institucionales a la reforma de la Constitución, legalmente imposible sin el visto bueno de la derecha española. No es casual que la cuestión del referéndum catalán haya sido recientemente apartada de las negociaciones entre Sánchez e Iglesias y se haya convertido en “un asunto a resolver entre Domènech (En Comú Podem) e Iceta (PSC)”.
El gran problema de Barcelona en Comú y de En Comú Podem es que con esta política esterilizan los esfuerzos de tanta gente luchadora, canalizando las reivindicaciones populares hacia una vía muerta institucional. Justo lo contrario de lo que se debe hacer: utilizar la institución al servicio de las reivindicaciones, para promover la movilización y la autoorganización populares y, apoyados por un amplio movimiento, enfrentarse sin miedo a las leyes injustas, las instituciones superiores y a los intereses de los poderosos.