El pasado 1 de enero de 2024 entraba en vigor la nueva normativa sobre la cotización a la Seguridad Social del alumnado en prácticas, una medida aplaudida por la burocracia sindical y sobre la cual, el secretario de Estado de la Seguridad Social Borja Suárez ha dicho que “no se debe perder de vista que es una extensión de derechos, particularmente necesaria para el futuro de l@s jóvenes”. Esto significa que, en adelante, todos los alumnos y alumnas que realicen prácticas – ya sean de universidad o de formación profesional – cotizarán a la Seguridad Social.

Por: A. Guerrero

A pesar de ser un avance, esta medida oculta, como siempre, la letra pequeña. La cotización a la Seguridad Social supone un reconocimiento del tiempo en prácticas como tiempo trabajado a efectos de la futura pensión, pero… ¡Ah! No incluye la protección por desempleo, la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional ni tampoco aportará al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, lo cual significa que el tiempo “trabajado” no le servirá al alumno/a para pedir el paro ni tampoco para acceder a cualquier otro subsidio.

Por si esto no fuera poco, en aras de la aplicación de la normativa, un número importante de empresas se han negado a asumir los costes de la Seguridad Social, lo que ha supuesto negarle a cientos de estudiantes la realización de las prácticas. Ante esta situación el Ministerio de Educación ha salido al rescate asumiendo el 95% de los costes y, en algunos sectores, hasta el 100%. Así pues, a las empresas les sigue saliendo gratis tener un ejército de estudiantes “en prácticas” que, en realidad, ocupan puestos estructurales.

Aunque el gobierno de Sánchez se jacte de potenciar la Formación Profesional a través del impulso de la FP dual (una modalidad en que se realizan 1.000 horas de prácticas y el alumno/a tiene una vinculación laboral con la empresa) esto no es más que alentar el trabajo precario. La gran mayoría de empresas contratan a los/las estudiantes de FP dual con un salario de miseria por lo que, apoyar la dual supone mantener al alumnado en prácticas en la precariedad más absoluta: ni pueden trabajar (porque estudian y hacen prácticas) ni pueden cobrar del trabajo que realizan ya que los salarios de miseria de la dual no se corresponden con el trabajo estructural que cubren las prácticas.

Esta medida, pues, no servirá más que para engrosar las cifras de la población activa y para poner la Educación Pública al servicio de las empresas. Una vez más, el gobierno de Sánchez prioriza las medidas de escaparate en lugar de legislar al servicio de la juventud trabajadora.

Es necesario que el alumnado de FP, junto con los sindicatos estudiantiles, de trabajadores/as, y el profesorado, defendamos una tabla reivindicativa para el alumnado de Formación Profesional que empiece exigiendo:

  • Equiparación de derechos laborales del alumnado en prácticas. ¡Queremos derecho a huelga, a vacaciones, a bajas pagadas y a paro!
  • Contratación como trabajadores/as de todo el alumnado de prácticas. Si producimos para la empresa no es formación: ¡es trabajo! Si las empresas quieren trabajadores/as, ¡que nos contraten!
  • ¡Salario digno para el alumnado en prácticas pagado por la patronal y no por el gobierno!
  • ¡Evaluación de las prácticas a cargo de una comisión organizada de trabajadores/as y no del tutor/a empresarial.
  • ¡FP pública, gratuita y de calidad! Anulación de las tasas y de la nota de corte! ¡Aumento drástico de plazas! El gobierno lleva años recortando en plazas de FP a la vez que impone tasas para el acceso a éstas, mientras los centros concertados y privados hacen negocio gracias a la falta de oferta pública: ¡Ni un euro a la concertada! Inyección drástica de recursos para la creación de más centros de FP públicos y para la ampliación y la mejora de los existentes.