¡Sin autodeterminación no hay ningún “pacto histórico” con el Estado español!
Por: Corrent Roig
1/ La Diada Nacional de Catalunya ha vuelto a acontecer una jornada masiva. Este año, unas 500.000 personas se han movilizado en Barcelona en una manifestación convocada por la ANC bajo el lema “Via fora!”. Durante la manifestación se han visto pancartas que exigían la dimisión del gobierno o apuntaban “Puigdemont nuestro presidente” e “independencia o elecciones”. Todo ello, en un momento donde el movimiento independentista está desmovilizado, los partidos independentistas oficiales, ERC y Junts, negocian con Sánchez la reedición del gobierno PSOE-UP y la política continuadamente autonomista de ERC ha generado un gran desencanto.
2/ La situación política está marcada por una carrera a contrarreloj para negociar el encaje de Catalunya en el Estado, pues los resultados electorales del 23-J no permiten a Sánchez gobernar sin el apoyo exprés de los independentistas, que tienen la clave de la gobernabilidad. Es en este marco que entra en juego la Ley de Amnistía, que ya fue presentada por ERC, Junts y la CUP en el Congreso de los Diputados en 2021, con la pasividad cómplice de UP y los Comunes, y que fue vetada con los votos del PSOE, el PP y VOX.
3/ Puigdemont, que desde 2017 no se reunía con ningún miembro del gobierno, es quien está liderando la negociación con el aval de Junts y ERC, quien ha celebrado la negociación como herramienta para lograr los objetivos independentistas renunciando a la unilateralidad por enésima vez. Una renuncia que descansa sobre la debilidad y el agotamiento del movimiento independentista.
4/ Las cuatro condiciones que ha puesto Puigdemont para la investidura de Sánchez, son, en realidad, dos: por un lado, el reconocimiento del conflicto político entre Catalunya y el Estado español; por otro lado, la desjudicialización del Procés, es decir, la aprobación de la Ley de Amnistía antes del debate de investidura. Ambas condiciones, en boca de Yolanda Díaz, son “absolutamente constitucionales”. La negociación se enmarca en la Constitución y dentro de sus propios límites, por lo tanto, está claro que ningún ejecutivo acordará un referéndum de autodeterminación para Cataluña, a pesar de que ERC y Junts insinúen la posibilidad de arrancarle a Sánchez esta concesión. Ambas formaciones saben sobradamente que la Monarquía española nunca permitirá ningún referéndum de autodeterminación, como tampoco permitirá ningún referéndum sobre Monarquía o República. Para tranquilizar al resto de formaciones sobre un hipotético referéndum, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, ha explicado que «Pedro Sánchez ha garantizado que la Constitución se cumpla en todos los territorios».
5/ En realidad, los tratos entre Sánchez y los independentistas empezaron con la negociación de la presidencia del Congreso de los Diputados. A cambio de los votos de Junts para hacer presidenta a Francina Armengol, el Congreso permitirá que se hable castellano, catalán, gallego y vasco. Aun así, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado al Consejo de la Unión Europea la modificación del reglamento 1/1958 para incluir el catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de pleno derecho. Esta cuestión y otras que serán objeto de la negociación, como la financiación o el traspaso de Cercanías, son conquistas parciales para la lucha por la soberanía catalana y forma parte de la estrategia para buscar un nuevo encaje de Catalunya en un estado supuestamente plurinacional. Sin desmerecer lo que implica, que es mucho, no podemos dejar de decir que no resuelven el problema de fondo que es la indivisibilidad de España, la negación del legítimo derecho a decidir y el régimen monárquico heredero del franquismo más reaccionario.
6/ La CUP, por su parte, se ha mostrado escéptica sobre la viabilidad de la estrategia negociadora para resolver el conflicto, a pesar de que lo ha tildado de “correcta”. El diputado Carles Riera ha añadido que “sólo se podrá llegar a un escenario real de negociación si en Catalunya se retoman las movilizaciones”, afirmación que compartimos. El verdadero problema es que la CUP sigue siendo incapaz de desvincularse políticamente de ERC y Junts en los momentos determinantes. La CUP sabe que con estos dos partidos al frente la situación política catalana está condenada a cerrarse al redil institucional y solo salir para hacer algunas demostraciones controladas de fuerza, como por ejemplo las manifestaciones del 11-S. Esta incapacidad neutraliza cualquier intento de ejercer una oposición de izquierda digna de tal nombre y de erigirse como una fuerza independentista alternativa.
7/ En caso de que las negociaciones prosperen y PSOE-Sumar registren la Ley de Amnistía, no será sin consecuencias. De hecho, la reacción de la derecha y la ultraderecha no se ha hecho esperar, y el pasado domingo un grupo se concentró en el Ayuntamiento de Barcelona, boicoteando el minuto de silencio por las víctimas del terremoto del Marruecos, al grito de “no a la Amnistía” y “Puigdemont a prisión!”. Una reacción que, posiblemente, se repetirá a medida que las negociaciones avancen y que dejará paso a una polarización social importante y un ambiente político tenso. El líder del PP, Feijóo, ya ha convocado un acto en Madrid el próximo 24 de septiembre en Madrid, al que Aznar y Rajoy ya han dado su apoyo. Será esencial que la movilización defienda desde la calle la Ley de Amnistía y haga frente a la reacción de la extrema derecha. Defenderla es una exigencia para cualquier formación que se reclame de la democracia.
8/ Corriente Roja defendemos la Amnistía y la autodeterminación como herramienta para hacer tambalear el Régimen del 78 y la Monarquía española. Sin embargo, defender estas dos reivindicaciones básicas exige un plan de lucha para movilizar las clases trabajadoras y populares, unificar los/las afectados/des por la represión policial y judicial e integrar en esta lucha a las organizaciones obreras y los movimientos sociales. Esta lucha es, al mismo tiempo, una palanca para poner las necesidades obreras y populares en el centro del tablero y cambiar radicalmente las reglas del juego.
– ¡Amnistía para todas las represaliadas que por salir a la calle, para defender el derecho legítimo del pueblo catalán a decidir o para cuestionar la represión a políticos y activistas tienen causas penales de años injustamente!- ¡Mientras haya Monarquía, el pueblo catalán no tendrá derecho de autodeterminación!
– Para ejercer el derecho en la autodeterminación del pueblo catalán y defender a todas las represaliadas, tenemos que construir una alternativa en la calle que levante la reivindicación de acabar con el Régimen del 78, las leyes represivas como la Ley Mordaza o la reforma de la Ley de sedición, conjuntamente con la depuración de «jueces franquistas» que continúan criminalizando los movimientos sociales.
– Queremos la autodeterminación del pueblo catalán para decidir su futuro, para lograr los cambios que necesita la sociedad, para acabar con la precariedad, la desigualdad, la opresión y la explotación. Es por este motivo que la lucha por el derecho a decidir de Catalunya va ligada a medidas de transición hacia una sociedad socialista: control de los precios de los alimentos básicos, regulación de los alquileres, nacionalización de las empresas eléctricas y sectores estratégicos y acabar con las opresiones que atacan a las mujeres, las personas migradas y el colectivo LGTBI+.
Ven a construir Corriente Roja con nosotr@s, la herramienta que necesitamos para acabar con el sistema capitalista y construir una sociedad más igualitaria donde el derecho a decidir de los pueblos se vea reflejado en una Unión libre de Repúblicas Ibéricas dentro de los Estados Socialistas de Europa.