El 2023 viene marcado por ser un año electoral en el que, de nuevo, se instrumentalizan los derechos LGTBI al servicio de los partidos institucionales, desde la ultraderecha a la izquierda parlamentaria. De hecho, la polémica en torno a la Ley Trans ha marcado al gobierno de coalición PSOE-UP, resultando en la aprobación de una Ley con derechos recortados para menores, migrantes y no binaries, dejando tras de sí un reguero de debates parlamentarios y tertulias televisivas envenenadas de transfobia. 

No podemos olvidar que, a pesar de que el Ministerio de Igualdad se cuelga la medalla del derecho a la autodeterminación de género, quien ha conseguido la aprobación de la Ley ha sido el colectivo movilizado presionando a UP desde las calles, cediendo este último a su vez a las presiones transfóbicas del PSOE, como viene siendo costumbre desde que apostó por la fórmula de la coalición: descafeinar hacia la derecha todo su programa, a cambio de perpetuarse en el gobierno.

Una estrategia que le ha pasado factura en las urnas, como hemos visto este 28 de mayo y que sólo ha servido para  desilusionar a quienes les votaron y dar munición a la derecha y la ultraderecha, que ya se frotan las manos mientras hacen propaganda de que son la  alternativa a este gobierno progresista.

La derecha se moviliza ante los cálculos electorales «progresistas»

El dilatado espacio de tiempo desde 2018, cuando se presentó por primera vez el anteproyecto de Ley, que expiraría por inacción de UP, hasta su aprobación parcial a finales de 2022, después de los mencionados recortes y a las puertas de un año electoral, también ha servido a la ultraderecha para movilizar su ideología en torno a la cuestión. Un flagrante ejemplo de ello es el compromiso de Ayuso con VOX para derogar la Ley autonómica de protección LGTBI en Madrid, algo que ya ha anunciado llevará a cabo durante el presente mandato, a cambio de que VOX siga votando en contra de una comisión de investigación por el «protocolo de la vergüenza» mediante el que Ayuso dejó morir a más de 7.000 ancian@s en las residencias. 

Mientras Ayuso arremete contra los derechos del colectivo LGTBI madrileño, el cual sería, según ella, víctima de “una moda fomentada por las plataformas audiovisuales”, el PP de Feijóo no se queda atrás: ya ha prometido que derogará la Ley Trans durante los primeros 100 días de mandato si resulta ganador en las próximas Elecciones Generales. Es curioso darse cuenta cómo se apropia la derecha, cuando le interesa, del “feminismo clásico”, al que Feijóo dijo defender para arremeter contra el derecho a la autodeterminación de género. El mismo feminismo del PSOE de Carmen Calvo, por el que se recortó el anteproyecto de Ley Trans elaborado por organizaciones LGTBI movilizadas. 

¿Cómo combatimos a la ultraderecha ?

Ante esta constante amenaza cabe preguntarnos, ¿quién asegura nuestros derechos? ¿Las instituciones “democráticas” de un Régimen heredero del franquismo? ¿Los partidos “de izquierdas” que participan de él, como el PSOE, que comparte argumentario transfóbico con la derecha? ¿O sus socios de gobierno, que admiten posponer y recortar nuestros derechos con tal de perpetuarse en las instituciones? 

¿Podemos confiar en una izquierda institucional que antepone la “gobernabilidad” a los derechos y seguridad del colectivo? Posponer la Ley Trans al último año de mandato para sacarle rédito electoral, en lugar de llamar a la movilización desde la primera negativa del PSOE, es un tipo de contradicción propia de los partidos, se llamen UP, Más País o SUMAR, que aspiran a garantizar “la paz social”, es decir, a desmovilizar canalizando toda demanda social a unas instituciones reaccionarias, tanto por la clase a la que representan, la capitalista, como por su herencia franquista, que ni siquiera garantiza la “democracia” parcial y limitada de los ricos. 

Ante la llamada al colectivo LGTBI de “parar a la derecha y ultraderecha” mediante el voto, a la que sin  duda volveremos a asistir en la próxima campaña electoral a las Generales que ya está en marcha, hay que decir claro que su avance se debe a la polarización social que ha traído consigo la falsa recuperación económica tras la crisis de 2007/2008, que ha ido ahogando a la clase trabajadora y a la pequeña empresa.

Desde entonces, hemos sufrido 3 Reformas Laborales (PSOE, PP, PSOE-UP respectivamente) que han estandarizado los sueldos de miseria a través de las jornadas parciales y los contratos temporales (en los que incluimos a los fijos-discontinuos); el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 67 años y la desinversión/privatización de los Servicios Públicos, que desde la modificación del artículo 135 de la Constitución por el PSOE de ZP, han visto un deterioro alarmante. A día de hoy y bajo el gobierno “más progresista de la historia”, la inflación galopante devora nuestros salarios mientras eléctricas, Bancos y supermercados alcanzan beneficios récord.

Por eso, derrotar a la derecha y la ultraderecha en las urnas, no es suficiente. Sin acabar con las condiciones sociales que permiten su fortalecimiento, ésta seguirá estando presente. ¡Desde Corriente Roja, nos rebelamos al chantaje de votar al “mal menor” de una supuesta izquierda que es responsable directa de nuestra situación, que vela por el mantenimiento de las clases sociales, el Régimen del 78 y que no plantea la transformación socialista de la economía! 

¿Desde el Parlamento o desde las calles?

La mayoría del colectivo LGTBI es clase trabajadora por lo que tenemos que entender que, para combatir las políticas de odio, debemos aliarnos con toda nuestra clase, y eso pasa no sólo por combatir a nuestros enemigos más reaccionarios, sino también a aquellos que les ceden espacio político al desatender las necesidades de la mayoría social. Como ha ocurrido con la victoria parcial que ha supuesto la aprobación de la Ley Trans ¡la lucha es el único camino!

Esta victoria nos tiene que servir para entender las limitaciones de las concesiones de los gobiernos patronales ante nuestra lucha y seguir avanzando en nuestras exigencias para que converjan en la lucha amplia de toda la clase trabajadora por empleo digno, Vivienda, Sanidad y Educación Públicas. Sin la emancipación material de las personas trans, la autodeterminación de género no puede ser libre de la transfobia imperante en todas las esferas sociales, como parte de la ideología dominante que utiliza la discriminación para explotarnos más y mejor, y para dividirnos como clase. Cada persona trans en paro o cada persona migrante sin contrato presiona los salarios a la baja, pues la patronal utiliza la necesidad de les más oprimides para chantajear al conjunto de la clase obrera: “si no aceptas mis condiciones, otros más desesperados que tú lo harán”.

La libre autodeterminación de género debe ser una reivindicación del conjunto de la clase obrera al exigir:

  • Derecho de autodeterminación de género para migrantes, menores y no binarias ¡Derogación de la Ley de Extranjería!
  • Reversión de todos los recortes en la Sanidad y Educación Públicas. Recursos para combatir la LGTBIfobia y atender las necesidades del colectivo.
  • Educación 100% Pública. ¡Ni un euro a la concertada! ¡Fuera la Iglesia de nuestras aulas! Implantación de educación sexual en valores de igualdad en el programa curricular en todos los niveles educativos.
  • Creación de empleo y vivienda pública. Reversión de todas las privatizaciones de los Servicios Públicos. Cupo laboral para todos los colectivos oprimidos y acceso a alquileres sociales. 
  • Reparto del trabajo sin bajada de salarios, expropiación de las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre! ¡Regulación del precio del alquiler!