Este artículo se escribió antes de las Elecciones Municipales y Autonómicas del 28 de mayo de 2023, que forma parte de la revista Correo Internacional de la LIT-ci, que puedes leer y descargar gratuitamente aquí.
Por: Laura Requena
Desde principios de año, una oleada de huelgas con epicentro en Francia, se ha extendido por varios países de Europa, con movilizaciones y protestas contra la inflación, el recorte en salarios y en pensiones o contra el desmantelamiento de lo público. Las huelgas sanitarias, han sido también un elemento común después de la pandemia.
Mientras, en el Estado español, las direcciones de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT- que no convocan una Huelga General desde hace una década- se jactan de la paz social lograda, gracias a sus vergonzosos acuerdos con el gobierno en materia de Reforma Laboral y de las pensiones. No han sido capaces ni siquiera, de convocar concentraciones de solidaridad con la clase trabajadora francesa.
En este 2023 marcadamente electoral, el gobierno que lleva meses en campaña, sigue con su propaganda. Con el autobombo que le caracteriza, alardea de haber mejorado las pensiones, tener la inflación más baja de Europa, haber logrado más derechos sociales y más y mejores empleos que antes.
Entre el relato “progresista” y la realidad, hay un abismo
Pero una cosa es su relato y otra la dura realidad que vivimos día a día la clase trabajadora. El gobierno maquilla sus estadísticas y cuando habla de las bondades de su Reforma Laboral, oculta que la mayor parte de las nuevas contrataciones son fijas discontinuas o a tiempo parcial, lo que implica salarios miserables con los que es imposible vivir. Y que con esta Reforma, el despido sigue siendo fácil y barato, por lo que tener un contrato indefinido no es garantía de nada.
A pesar de sus promesas, ha mantenido intactos los aspectos más lesivos de la de Rajoy, que tantas veces prometió derogar. Una Reforma, en fin, que con el apoyo entusiasta de la patronal, ha venido a legitimar la precariedad. La temporalidad oficial ha bajado, pero sigue por encima de la media europea y existe un desempleo crónico de 3 millones de personas registradas (el desempleo real es mucho mayor) que alcanza a un 30% de la juventud.
La devaluación salarial, se viene profundizando desde antes de la pandemia y aún trabajando a jornada completa, muchas personas son pobres. En 2022 los sueldos en convenio aumentaron de media un 2,8%, frente a una inflación media del 8,4%, lo que supone la mayor pérdida de poder adquisitivo en más de dos décadas.
Este año, el precio de la energía sigue disparado y el de los alimentos repuntó en febrero un 16%. Las energéticas, empresas de distribución y las grandes cadenas de supermercados, se están forrando con la especulación y la permisividad del gobierno. Esto, a costa del empobrecimiento de las familias obreras, para las que la subida de los productos básicos, representa un porcentaje más elevado del gasto que para los hogares más acomodados.
Otro tanto se puede afirmar de los precios de alquileres e hipotecas que no han dejado de subir. Si en 2022 hubo una media de 109 desahucios diarios que en un 80% afectaron a familias con menores a cargo, este año la previsión es que aumenten aún más.
La Ley de vivienda, que después de año y medio de negociación, quieren aprobar en mayo para usarla como arma electoral, no recoge ésta como un derecho básico. Es una vergüenza que el Estado español siga teniendo uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa, alcanzando apenas el 2,5% del total; cuando la Sareb o banco malo, ha vendido a precio de ganga a los fondos buitre (fondos de inversión), decenas de miles de viviendas vacías, que fueron pagadas con dinero público en el rescate bancario de la anterior crisis.
En 2022 las pensiones públicas subieron un 2,5% (3% en el caso de las mínimas y no contributivas), muy por debajo de la inflación, por lo que con la subida del 8,5% en 2023, no recuperan poder adquisitivo. Por otro lado, 6 de cada 10 pensiones contributivas están por debajo de los 1000 euros.
La nueva Reforma de las pensiones, condicionada a la entrega de la próxima partida de fondos europeos, sigue en el camino de endurecer las condiciones para el acceso a una pensión pública, de la Reforma de 2021 y las de los anteriores gobiernos. Y si bien incrementa de forma gradual, el número de años que hay que tener cotizados para cobrar el 100% de pensión, lo hace para evitar protestas como en Francia y además es una trampa. Porque el plan será supervisado en 2025. Mientras, con la participación de las “grandes” centrales sindicales, se potencian las pensiones privadas en sus diferentes variantes, negociadas en convenio y gestionadas por la patronal y los mismos sindicatos.
Los Servicios Públicos y especialmente la Sanidad tras la pandemia, han seguido su curso hacia un deterioro y privatización cada vez mayor. Las listas de espera o la falta de personal, convierten en un calvario la atención sanitaria. El deterioro de los salarios y las condiciones laborales, ha generado un efecto huida del personal, en medio de las protestas y huelgas. Lastrados por los recortes desde 2008, faltan más de 6.000 médicos en Atención Primaria y unas 100.000 plazas de enfermería para llegar a la media europea y en diez años se jubilarán 80.000 profesionales.
El 63% de los hospitales privados tienen conciertos con la Sanidad Pública, sobresaliendo Madrid. Otro tanto ocurre con las Residencias de mayores, que en un 70% son privadas, pero el 62,7% de sus plazas son de financiación pública. Fue precisamente en las residencias, donde fallecieron más de 35.000 personas durante la pandemia.
Aunque la mayor parte de la responsabilidad directa recae en los gobiernos autonómicos, el deterioro de la Sanidad no sería posible sin la Ley 15/97, que abrió la puerta a su privatización y que el gobierno central no ha movido un dedo por derogar. Igualmente ha permitido que las grandes multinacionales sigan haciendo negocio con las plazas residenciales.
Esta situación, golpea sobre todo a los sectores más oprimidos de la clase como son mujeres, inmigrantes o juventud, que siguen liderando las tasas de pobreza, desempleo y precariedad laboral, mientras se profundiza la desigualdad y la violencia, como expresión de la barbarie a la que nos lleva este sistema capitalista en descomposición.
En contraste, con este gobierno la fortuna de los mil millonarios creció desde 2020, a un ritmo de 3 millones al día. Según un informe del Banco de España, los beneficios de las empresas crecieron en 2022 siete veces más que los salarios. Las seis entidades bancarias más grandes ganaron más de 20.800 millones y las siete principales compañías energéticas, obtuvieron unos beneficios netos de 54 millones de euros diarios. No esta mal para un gobierno que dice gobernar para «la mayoría social» (que somos clase trabajadora aunque esta palabra les de urticaria a ambos socios de gobierno y por eso prefieren hablar de sociedad civil, ciudadanía, o como dicen ahora, clase media trabajadora).
Por no tener, con este gobierno “progresista”, no tenemos garantizado ni el derecho real a Huelga, hoy prohibida en la práctica en muchos sectores como Sanidad o Transportes, por la vía de los servicios mínimos abusivos que impiden su ejercicio, allí donde surge algún conflicto laboral, que la burocracia sindical se encarga de aislar y aplastar, siempre que puede.
Lecciones de una legislatura «progresista»
En este marco, el próximo 28 de mayo habrá Elecciones Municipales en todo el Estado y Autonómicas. Y tendremos Elecciones Generales a final de año. Y de nuevo, el PSOE y su socio UP, así como el resto de organizaciones que han dado en llamarse de la «izquierda progresista», volverán a argumentar que es necesario darles nuestro voto, para frenar el avance de la derecha y la ultraderecha.
Sin embargo, allí donde esa izquierda ha gobernado y especialmente en el gobierno central en estos tres años, UP, ha sido cómplice o directamente artífice, de la enésima Reforma Laboral y de las Pensiones, en favor de la patronal. Han permitido que siga el drama de los desahucios, las devoluciones en caliente y la política criminal de fronteras. El ataque a los derechos democráticos más básicos, el mantenimiento de todo el legado represivo de los gobiernos anteriores, incluyendo la Ley mordaza que no han derogado y el desmantelamiento y privatización de lo público, acelerado tras la pandemia.
Más allá de algún gesto simbólico y con protestas, han aprobado un incremento enorme del gasto militar, que no es para armar a la resistencia ucraniana como predican los gobiernos europeos, sino al servicio de los planes imperialistas de la OTAN, a los que este gobierno se ha entregado de cuerpo entero.
UP se ha convertido en co-gestora, junto al PSOE, de los planes de la burguesía, a la que han regalado millones de euros con la pandemia y la crisis. Y lo que nos han dado con la mano izquierda- algunas medidas de contención social y de redistribución de la riqueza, muy alejadas de las necesidades sociales- nos lo han quitado con la mano derecha. Un ejemplo es el Ingreso Mínimo Vital, presentado a bombo y platillo como una medida «histórica», que no ha resuelto en absoluto el drama de miles de familias empobrecidas.
En estos tres años, han mantenido los insultantes privilegios fiscales, presupuestarios y educativos de la Iglesia Católica, y tolerado las exhibiciones fascistas. Han permitido que se sigan utilizando todos los aparatos del estado contra el derecho a decidir de los pueblos. Que la judicatura intervenga en la vida política o incluso paralice la actividad parlamentaria, cada vez que los privilegios de una minoría social y este orden social injusto se han visto amenazados. Cuarenta años después, la nueva Ley de Memoria Histórica es un nuevo saludo a la bandera que ni siquiera deroga la Ley de Amnistía anterior, en la que se equipara a víctimas y verdugos. Y no han tocado a esta Monarquía corrupta, imperialista y rancia, impuesta por Franco.
Las leyes aprobadas por este gobierno para mantener su propaganda de que el suyo es un gobierno feminista y progresista, tampoco alcanzan para nada y las escasas medidas reales que hay, no cuentan con el presupuesto necesario. UP ha seguido aferrado al gobierno, incluso después de que el PSOE haya registrado en solitario una proposición de Ley, para modificar La Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual. Una de las leyes “estrella” de Podemos en esta legislatura, que recogía un mandato de las calles.
En resumen, todas las medidas de UP en el gobierno, no han ido más allá del mediático “postureo”. Lejos de hacer girar a la izquierda al PSOE, UP se ha integrado en el marco y los límites del régimen monárquico y sus instituciones y en ellas están todas sus aspiraciones políticas. Con ello, han terminado de enterrar la tarea que en 2011 el 15M puso sobre la mesa: la ruptura con el régimen monárquico y con unas instituciones heredadas del franquismo y la apertura de un proceso constituyente, que acabase con la cárcel de pueblos que es el Estado Español.
Es en esa falta de ejemplaridad de la izquierda y en su incumplimiento con todo lo prometido, donde hay que buscar las causas de que la derecha y la extrema derecha haga pie en algunos barrios obreros, se crezca y gane auditorio.
Sumar, el nuevo proyecto del reformismo sin reformas.
En clave estatal, el pasado 2 de abril tuvo lugar la puesta de largo de “Sumar”, un nuevo proyecto político encabezado por Yolanda Díaz, del Partido Comunista de España (PCE), que aspira a ser paraguas de la izquierda institucional, en pugna de protagonismo con Podemos. En él, anunció su intención de presentarse como cabeza de lista de dicha plataforma política.
Yolanda Díaz, hija y sobrina de sindicalistas y abogada laboralista, es actualmente ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda del Gobierno de coalición, aupada por Podemos. Una ministra que presume de haber logrado una Reforma Laboral que “se estudia en todas las universidades del mundo”. De momento, las encuestas la sitúan como una de las políticas mejor valoradas de la izquierda y del Gobierno. Ella lo sabe y cuida con esmero su imagen. Nada de “ruido ni de confrontación”. No es casualidad que en su discurso del 3 de abril, la líder de Sumar no hablase de la guerra de Ucrania o las movilizaciones en Francia. Tampoco hubo referencias a la clase trabajadora en su discurso. El suyo es un proyecto que según dice, se dirige “a la ciudadanía”, para “ampliar la democracia”, “tejer un proyecto de país diferente, democrático, moderno, feminista y levantar la bandera de la esperanza y la ilusión, desde la izquierda”.
Y para que nadie se lleve a engaño, deja claro desde el principio, su pretensión de renovar gobierno de coalición con el PSOE, cuyas políticas en estos tres años reivindica. En eso, su estrategia es idéntica a la de Podemos, que pasó a una velocidad supersónica, de pretender romper el tablero, a conformarse con ser el ala izquierda del PSOE. Sumar es su continuidad natural, en un momento distinto y con más sumisión si cabe, a éste.
Ya no se trata de reconducir las luchas y las movilizaciones surgidas tras el 15M, que cuestionaban el bipartidismo, este régimen corrupto y esta falsa democracia, sino de encauzar el descontento, el miedo a la derecha y el voto de resignación al mal menor, para reeditar un nuevo “gobierno progresista» en los marcos del régimen burgués.
A falta de concretarse el nombre y su programa, Sumar es la máxima expresión del nuevo reformismo sin reformas. A diferencia del proyecto reformista socialdemócrata del S.XIX, o el que tras la Segunda Guerra Mundial, implementó el Estado de Bienestar en una Europa devastada que había que reconstruir, el nuevo reformismo en tiempos de capitalismo salvaje, no tiene apenas conquistas parciales que ofrecer a la clase obrera, más allá de algunas migajas y medidas cosméticas, que dejan intactas las estructuras de poder. Tras la debacle de Ciudadanos y el aguante de VOX, volvemos a la casilla de salida. A un nuevo bipartidismo imperfecto, apoyado desde fuera.
Frente a su proyecto de votar al PSOE en directo o en «diferido», para garantizar la desmovilización y la paz social, desde Corriente Roja y la LIT.ci, nos reafirmamos en que no hay atajos basados en construir aparatos electorales. Necesitamos construir una fuerza revolucionaria arraigada en el movimiento obrero y popular y entre la juventud.
Una organización cuyo trabajo en las instituciones sea impulsar la lucha extraparlamentaria para corroerlas desde dentro, en beneficio de una verdadera democracia obrera. Y que tenga como objetivo, recoger el descontento y la indignación social que hoy se expresa de forma desorganizada, para imponer desde abajo, un programa de transformación que responda al desastre económico, social, ecológico y sanitario y abrir el camino hacia un gobierno de las y los trabajadores. El único, que puede cambiar las bases de este sistema que nos aplasta y conducirnos hacia un futuro socialista.