En un contexto español de graves problemas de gobernabilidad, la política catalana está marcada por tres hechos interconectados: el pacto de Junts pel Sí (JpS) y la CUP, la investidura del convergente Carles Puigdemont como President de la Generalitat y la constitución del nuevo govern, una coalición entre Convergència y Esquerra Republicana, con apoyo externo de la CUP.
Editorial Página Roja 36
Ahora, después de semanas de angustia, los votantes de Junts pel Sí han respirado aliviados y, con la investidura, viven una relativa euforia inicial. Un sector de las bases de la CUP comparte este sentimiento; otro, haciendo un arriesgado acto de fe, se ha resignado a aceptar el acuerdo, y una pequeña minoría se opone a comulgar con un pacto que convierte la CUP-CC en ala izquierda del gobierno de JpS, acaba con su independencia política y la mete en un proceso autodestructivo.
Pero más allá de las bases militantes de la CUP, el impacto del pacto y de las agónicas negociaciones ha sido demoledor entre la mayoría de sus votantes de las poblaciones y barriadas trabajadoras, muchos de los cuales habían votado a la CUP por primera vez en las pasadas municipales o el 27S. La inconsistencia política mostrada y la capitulación final ante Convergència y Esquerra Republicana han desacreditado fuertemente a la CUP y le cierran el camino para arraigarse en el área metropolitana, favoreciendo a otras opciones como «Catalunya Sí que es Pot» o «En Comú Podem», defensoras de un referéndum pactado con el Estado que saben que no tiene ninguna viabilidad.
Ahora, mientras prepara los próximos presupuestos, el gobierno Puigdemont-Junqueras ha desplegado una intensa campaña mediática basada en una política de gestos (fórmula de juramento del President…) y en una imagen de gobierno dialogante y contrario a los recortes. Pero el gobierno de JxS es un gobierno sometido a la Unión Europea y obediente a sus normas, directivas y «recomendaciones» antiobreras y antipopulares. Y es también un gobierno amigo de las patronales, con las que se ha comprometido a salvaguardar la «seguridad jurídica» y a rechazar toda política de ruptura unilateral con el Estado. Con Junts pel Sí en el gobierno no habrá independencia.
A pesar de su disfraz y de algunas concesiones sociales menores obligadas, el gobierno Puigdemont-Junqueras mantendrá la política de austeridad de Mas, se enfrentará a las luchas que surjan, como hizo Mas con Panrico, y claudicará ante la lucha por la República catalana. De momento el plazo de 18 meses ya ha dejado de serlo.
Este gobierno no merece ningún apoyo político y será necesario enfrentarlo y combatirlo de frente. Por supuesto, si sufre una agresión del Estado será necesario salir a defenderlo frente a la represión españolista.
Hace unos días hemos vivido la huelga y victoria parcial de los compañeros de SEAT Componentes de El Prat y ahora los trabajadores/as del Metro de Barcelona anuncian huelgas para febrero contra la precariedad laboral y por sus salarios. General Electric avisa que quiere despedir a 298 compañeros/as en Barcelona. Es un momento de lucha y solidaridad, de parar los pies a los despidos y de recuperar lo que hemos perdido estos años. El gobierno Puigdemont-Junqueras y también el Ayuntamiento de Ada Colau tendrán ocasión de mostrar de qué lado se ubican en estas luchas.