El pasado jueves 22 de diciembre se sometió a votación y aprobó en Parlamento el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, más conocida como “Ley Trans”, por el avance que supone en el derecho jurídico a la libre autodeterminación de género, su aspecto más polémico.

El avance recogido en la Ley Trans con respecto a la norma aprobada en 2007 al respecto es la eliminación del diagnóstico psiquiátrico y los dos años de tratamiento hormonal como requisito para poder modificar la mención de sexo registral. El proyecto fue aprobado con 188 votos a favor, 150 en contra (PP-VOX) y 7 abstenciones, entre ellas la de Carmen Calvo, exvicepresidenta del actual gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, la cual ha venido encabezando la campaña del ala transfóbica del PSOE en oposición a la despatologización de las personas trans.

A pesar de incluirse en el pacto de gobierno PSOE-UP, han tenido que pasar 3 años y decenas de declaraciones públicas envenenadas de transfobia por parte, no solo de la derecha, sino de propios cargos gubernamentales (como Carmen Calvo) para que, a las puertas de un nuevo ciclo electoral y con la indignación de la movilización a sus espaldas, el gobierno más progresista de la historia haya sido fiel, en este aspecto, a su mancillado pacto.

Hablamos de una victoria parcial porque de lo que el colectivo LGTBI movilizado propuso a UP allá por el 2018 a lo que ha aprobado el Congreso de Diputados finalmente se ha dejado a muchas personas atrás, contradiciendo el eslogan gubernamental desde la irrupción de la pandemia. La lista es larga: los menores de 12 años quedan excluidos del derecho a la autodeterminación de género, los mayores de 12 y menores de 16 no pueden autodeterminarse, sino que necesitan permiso de sus padres/tutores legales, las personas no binarias no existen jurídicamente, las migrantes no podrán cambiar su sexo registral en el NIE sin haberlo hecho en su país de origen y los bebés intersexuales tendrán que registrarse como hombre o mujer en el plazo de 1 año desde su nacimiento. Además no se blinda la financiación pública de los tratamientos médicos para la afirmación de género de las personas trans que los requieran, dejándola a la voluntad de las CCAA.

Este último punto es especialmente relevante pues muestra el carácter de las “políticas sociales” a 0 coste de los gobiernos patronales que se dicen progresistas. El avance en derechos jurídicos es importante y sobre todo, moralizante, para el movimiento que los gana mediante su lucha; pero los derechos jurídicos sin recursos sociales dejan de ser efectivos, se quedan en el papel.

¿Cómo pueden las personas trans autodeterminarse libremente sin, primero, emanciparse materialmente? ¿Y cómo pueden lograr tal cosa con un mercado laboral discriminatorio y la desinversión en empleo público? ¿Cómo podrán formarse en un sistema educativo sin recursos para combatir la transfobia y cada vez más en manos de la concertada, regentada por la Iglesia? El proyecto de Ley no concreta nada sobre las partidas que se dedicarían a la promoción de empleo público para las personas trans ni establece cupos laborales; tampoco concreta recursos para combatir la transfobia en Educación y Sanidad, en una dinámica general de desinversión y privatización, y el derecho al acceso a la vivienda ni siquiera se menciona.

Esta victoria nos tiene que servir para entender las limitaciones de las concesiones de los gobiernos patronales ante nuestra lucha y seguir avanzando en nuestras exigencias para que converjan en la lucha amplia de toda la clase trabajadora por empleo digno, vivienda, sanidad y educación públicas. Sin la emancipación material de las personas trans la autodeterminación de género no puede ser libre de la transfobia imperante en todas las esferas sociales, como parte de la ideología dominante que utiliza la discriminación para explotarnos más y mejor, y para dividirnos como clase. Cada persona trans en paro o cada persona migrante sin contrato presiona los salarios a la baja, pues la patronal utiliza la necesidad de les más oprimides para chantajear al conjunto de la clase obrera: “si no aceptas mis condiciones, otros más desesperados que tú lo harán”.

La libre autodeterminación de género debe ser una reivindicación del conjunto de la clase obrera al exigir:

– Reversión de todos los recortes en la Sanidad y Educación Públicas. Recursos para combatir la LGTBIfobia y atender las necesidades del colectivo.

– Creación de empleo y vivienda pública. Reversión de todas las privatizaciones de los Servicios Públicos. Cupo laboral para todos los colectivos oprimidos y acceso a alquileres sociales.

– Educación 100% pública. ¡Ni un euro a la concertada! ¡Fuera la Iglesia de nuestras aulas! Implantación de educación sexual en valores de igualdad obligatoria en todos los niveles educativos.