El 23 de diciembre, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, sindicatos y empresarios alcanzaban un acuerdo para modificar la Reforma Laboral del año 2012. Ese día se llegó, tras varios meses de negociaciones, a un acuerdo calificado como «histórico» por las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, con el que reformar el mercado laboral de España. «Hoy no es un día cualquiera, es uno de los más importantes de esta legislatura», señalaba en comparecencia Yolanda Díaz. “Un logro histórico para l@s trabajador@s”, “un cambio de paradigma para pasar página a la precariedad” y “la primera Reforma en el ámbito de la UE que recupera derechos y fuerza para l@s trabajador@s”.  Finalmente el texto fue aprobado el 3 de febrero de 2022 en el Congreso de los Diputados con 175 votos a favor, 174 en contra y ninguna abstención.

Sin embargo, lo que la vicepresidenta del gobierno no mencionaba de manera interesada era que el gobierno de coalición había prometido en numerosas ocasiones que iba a derogar la Reforma Laboral y en menos de un mes pasó a decir que esto era “técnicamente imposible” y que hacerlo, además, “no sería correcto”. Un nuevo incumplimiento de su programa de investidura.

Han pasado ya varios meses y a pesar del corto tiempo transcurrido es un buen momento para hacer balance de los efectos de la nueva Reforma Laboral, hacia donde empieza a apuntar y si son ciertas las “bondades” que se nos prometían. Y es que aunque el gobierno ha vuelto a lanzar una nueva andanada de propaganda con unos datos triunfalistas y “espectaculares” de empleo (en boca de Yolanda Díaz), el tiempo no tardará en demostrar que éstos son humo. En realidad, pretenden capear con gestos vanos una crisis económica y social que cada día que pasa se hace más insoportable.

El 19 de enero el artículo firmado por Corriente Roja Estatal “Una Reforma Laboral que no deroga la anterior, precariza más el empleo y es un nuevo atraco a los salarios” ya pronosticaba las nefastas consecuencias que esta nueva Reforma Laboral iba a provocar en medio de una situación económica catastrófica para la clase trabajadora (la inflación en agosto se sitúa en el 10,4).  

20 millones de empleos: ¿Estamos mejor que antes?

El Estado español supera hoy los 20 millones de empleos (20.468.000) que prometía en su día Mariano Rajoy. Pero, ¿estamos mejor que antes?

En 2022, tener trabajo no significa necesariamente poder llegar a fin de mes: la inflación, la temporalidad y los numerosos contratos a tiempo parcial elevan el riesgo de pobreza. Hay más gente en el mercado laboral, pero se trabajan menos horas (en 2008, se registraron 9.100 millones de horas trabajadas, frente a las 8.500 de ahora). Los salarios han subido, pero a menor ritmo que la inflación, y cada vez es más difícil llegar a final de mes. La tasa de paro sigue siendo superior, y la temporalidad campa a sus anchas. Una coyuntura que afecta especialmente a la juventud obrera, sumida en la precariedad más extrema, con el 31,1% de contratos de un solo día: 19.600 jóvenes entre los 20 y 24 años durante este primer semestre del año. 

El empleo indefinido no garantiza una vida digna

La Reforma Laboral ha conseguido que el empleo indefinido se dispare en 2022, mientras que el temporal ha caído. Sin embargo, en la última década observamos que el contrato indefinido ya no es lo que era. En primer lugar, porque una parte sustancial de esos contratos no llegan al año de duración. El coste para la empresa de cesar a un empleado de poca antigüedad y contratar a otro es menor que el de mantenerlo en la empresa.

Este año hay 612.000 más contratos de menos de 40 horas semanales con respecto al mismo mes en el año 2019. Y mientras entre las 30 y 40 horas hay 246.000 contratos más -donde se encuentran los contratos a jornada parcial y el maquillaje de los fijos discontinuos-, la mayor parte del crecimiento se concentra en las jornadas de entre 20 y 29 horas semanales.

Tener contrato fijo y no poder llegar a final de mes

De nada sirve tener contrato indefinido si al llegar a final de mes no logras salir adelante. En lo que va de 2022 el empleo indefinido ha crecido un 180% respecto a 2021: 1,7 millones de contratos entre enero y abril. Pero el 51% son fijos-discontinuos o a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial han generado pobreza laboral. Cuando miras la retribución anual, muchas personas no llegan a salir del umbral de la pobreza. Los contratos a jornada parcial, sean temporales o indefinidos, y los fijos-discontinuos, llevan aparejados menos horas de trabajo y, por ende, salarios más bajos. Si el salario mínimo ahora mismo está en 1.000 euros brutos, para un trabajador a media jornada suponen sólo 500 euros al mes.

Por mucho que se suba el salario mínimo, si no se trabajan suficientes horas, no llegas. Esto explicaría que, a pesar de que el empleo crece, la tasa de riesgo de pobreza también está aumentando. Este tipo de contratación aumentó sustancialmente durante la gran crisis, y actualmente supera los niveles de 2007. Hace 15 años había 2,3 millones de trabajador@s con jornada parcial. En 2022 hay 2,8 millones. 

La nueva Reforma Laboral ha afianzado la figura del contrato fijo discontinuo: se trabaja unos meses al año y posteriormente hay que recurrir al paro. Un dato engañoso en el que se apoya el “gobierno progresista” para maquillar la temporalidad es que  este contrato queda registrado en la categoría de contrato indefinido disminuyendo así el índice de precariedad. Por ejemplo de los 1,4 millones de contratos firmados en el mes de abril, aunque casi la mitad figura como indefinidos, 175.154 son a tiempo parcial y 238.760 son fijos discontinuos.

Crece el pluriempleo

A finales de junio se contabilizan más de medio millón de personas con dos trabajos o más (547.800). La contratación a tiempo parcial se concentra en su gran mayoría en el sector servicios (4 de cada 5), y so en gran parte las mujeres las tienen que recurrir a pluriemplearse con mayor frecuencia que los hombres. Tener un empleo de jornada parcial NO es voluntario, y obliga a complementar el salario con otro empleo para poder llegar a fin de mes. A estas condiciones precarias se suma el incremento del robo patronal de las horas extras no pagadas: esta primavera, rebasaron los 3,2 millones, algo que no se daba desde 2016.

Algunas conclusiones

Por último, es importante aclarar que el adjetivo “indefinido” induce en no pocas ocasiones a confusión. Contrato indefinido solo quiere decir que no sabes cuánto va a durar el contrato. Pero no quiere decir que no te puedan despedir. Lo importante es lograr una relación laboral estable y el error es considerar que la estabilidad te la puede proporcionar el tipo de contrato que te hagan. Mientras el despido siga siendo fácil y barato la llave siempre la tendrá el empresario ya que lo que determina la estabilidad laboral no es siempre la formalidad del contrato, sino el coste de extinguir ese contrato. Y eso no se ha modificado. Con la nueva Reforma Laboral se ha mantenido intacta. La declaración de improcedencia continúa siendo sin salarios de tramitación y a 33 días por año trabajado. 

La temporalidad no se solucionará con este tipo de Reformas. Si bien se han simplificado las modalidades contractuales, no se ha modificado el quid de la cuestión: las indemnizaciones, por lo que por mucho que cambies el nombre, se seguirá causando fraude de Ley si la improcedencia sale muy barata. 

Un programa que vaya a la raíz de los problemas  

Hace escasos días la ministra de Defensa, Margarita Robles declaraba que «hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir» y «que las perspectivas son muy pesimistas de cara a un invierno largo, complicado y durísimo».

El gobierno mira con preocupación la ola de protestas en Reino Unido, donde las movilizaciones han llegado a paralizar ciertos sectores del país. La hipótesis de que en el Estado español al igual que en otros países de Europa ocurra lo mismo y asistamos a un otoño caliente no está descartada. Los salarios y el coste de la vida debido a la inflación puede ser uno de los detonantes.

En este momento son muchas las reivindicaciones parciales que surgen de esta situación, pero  son dos las grandes reivindicaciones centrales: el derecho a un trabajo estable y salarios dignos. Contra la ideología del mal menor y el pragmatismo que nos viene empujando a la resignación y el retroceso permanente, Corriente Roja defendemos que la clase obrera tiene que declarar una guerra implacable a la política de los capitalistas, de sus gobiernos (tengan el color que tengan). La lucha por el empleo exige la derogación inmediata de todas las Reformas laborales y el establecimiento de un nuevo Estatuto de los Trabajador@s, que establezca el derecho al trabajo como un derecho básico que el Estado está obligado a garantizar por una u otra vía.

Acabar con la desocupación de millones de trabajador@s incluye la defensa del empleo existente, por eso la derogación de las Reformas laborales vigentes para acabar con esa sangría del empleo que patronal, gobierno y burocracia acuerdan a cada paso vía los ERE y ERTE. Un ejemplo ahora mismo es el de la Administración Pública, en lugar de garantizar el empleo desde el Gobierno, se resuelve una Ley (el Icetazo) que puede dejar en la calle alrededor de 800.000 trabajador@s públicos, el mayor ERE de la historia de la mano de un gobierno progresista.

Nosotr@s defendemos la reducción por Ley de la jornada a 35 horas semanales como primer paso en el camino de la escala móvil de las horas de trabajo, es decir repartir el trabajo existente entre toda la mano de obra disponible y será así como se vaya determinando por Ley la duración de la semana de trabajo. Y como esa medida responde a las necesidades básicas de la clase obrera la reducción de jornada será sin reducir el salario. A su vez se hace imprescindible lograr una socialización cada vez mayor, del trabajo doméstico y de cuidados, un trabajo gratuito que recae fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres y que se ha visto agravado por la pandemia

Tomar urgentemente medidas para que la inflación y la crisis paguen los capitalistas: un aumento de emergencia de salarios y pensiones y cláusulas de revisión salarial automáticas de acuerdo al IPC. La lucha por un salario digno y contra la desigualdad, exige igualmente medidas efectivas para sancionar y acabar con la brecha salarial de género en todos los centros públicos y privados con más de diez personas empleadas así como protocolos de actuación contra cualquier tipo de discriminación por género u orientación sexual.

La defensa del Sistema Público de pensiones, y la derogación de las Reformas de pensiones del PSOE y el PP, es un mecanismo contra la privatización y por la defensa de un derecho básico para millones de trabajador@s, además un mecanismo de generación de empleo estableciendo la jubilación a los 60 años.

La nacionalización de los bancos, las eléctricas y las empresas de servicios públicos, sin indemnización y bajo control obrero.

Estas exigencias forman parte de un programa de rescate a la clase trabajadora y el pueblo que Corriente Roja venimos defendiendo desde la crisis de 2008 y que necesitamos poner en pie de forma unitaria desde la organización, la lucha y la movilización. Un programa que obligadamente supone tomar medidas resueltamente anticapitalistas, enfrentando a la banca, las multinacionales, al FMI, la Unión Europea y al gobierno burgués de turno, se llame como se llame.