Los grupos parlamentarios de “Junts pel Sí” (la coalición de Convergencia, Esquerra Republicana e independientes) y de la CUP-Crida Constituent (CUP-CC) han presentado el 27 de octubre una propuesta de resolución para que el Parlament, antes de la sesión de investidura, declare «el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república» y establezca que «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia«. Propone también que el Parlament “inste al futuro govern a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta Cámara, legítima y democrática.«
Por Felipe Alegría
La maquinaria represiva del Estado se pone en marcha
La presentación de esta propuesta ha puesto en marcha la maquinaria represiva del Estado, en medio de una campaña histérica de los medios de comunicación. Rajoy, que cuenta con el respaldo de Merkel, la UE y Obama, ha calificado la propuesta de «provocación» y ha advertido solemnemente que «no le temblará el pulso» para impedir «con todos los recursos legales a su alcance» que el pueblo catalán ejerza su soberanía y proclame la República catalana. Tiene a su disposición un completo arsenal legal, que incluye el artículo 155 y los estados de excepción de la Constitución, junto a la recién estrenada reforma de la ley del Tribunal Constitucional y la nueva Ley de Seguridad Nacional (aprobada por PP y PSOE y apoyada por Ciudadanos).
El PSOE y Ciudadanos han dado pleno apoyo al Gobierno y se han atrincherado con él tras la Constitución monárquica para defender la «patria española común e indivisible» contra la voluntad democrática de un pueblo. Pablo Iglesias (Podemos) ha hablado de diálogo y de tender puentes, pero hace depender todo de un referéndum pactado con el Estado, al que éste nunca accederá. En Cataluña, la coalición «Catalunya Sí que es Pot” mantiene la misma postura, negando la evidencia de que no habrá soberanía catalana ni derecho a decidir sin romper con el Estado.
La propuesta presentada por JxS y la CUP es, sin duda, la declaración de intenciones que ha ido más lejos en el soberanismo desde el final del franquismo. Ahora bien, está lejos de ser una declaración unilateral de independencia (DUI). Lo ha expresado con claridad el diputado de la CUP, Benet Salellas, en unas declaraciones a Vilaweb: «al dia siguiente de aprobar esta declaración seguiremos funcionando con la legalidad española«.
A pesar de ello, el Gobierno ya lo ha dispuesto todo para recurrir la declaración y las sucesivas decisiones de las instituciones catalanas, inhabilitar a sus responsables, multarlos y llevarlos a prisión. Están preparados para suspender la autonomía y someter a la Generalitat a las órdenes directas de Madrid, incluidos los Mossos d’Esquadra, que quedarían al mando de un general de la Guardia Civil.
La República catalana no vendrá de un proceso tranquilo y negociado
Hemos entrado en una fase decisiva. El dispositivo del Gobierno muestra a todas luces que la proclamación de la República catalana no será fruto de un proceso tranquilo, pausado y dialogado, sino que sólo podrá ser una ruptura traumática que cuestionará leyes e instituciones. Una ruptura que no sólo requiere ganar elecciones sino contar con una movilización popular masiva, general y sostenida, en la que participen sectores significativos de la clase trabajadora y donde contemos con la solidaridad de sectores de la población trabajadora del resto del Estado. Las clases medias pequeño burguesas catalanas no tienen la determinación ni la fuerza para enfrentar las amenazas y la fuerza coercitiva del Estado.
Visto así, es preciso reconocer que falta aún un buen trecho para la República catalana y que en este camino hay «aliados» que no son sino lastre, empezando por Mas y los dirigentes de CDC implicados en recortes, privatizaciones y corrupción. Estos días hemos visto al gobierno Mas organizando un despliegue policial provocador contra el movimiento anarquista, a instancias de la Audiencia Nacional, y al conseller de Interior declarando que él siempre pedirá a los Mossos «que acaten la legalidad«. Esta gente ni quiere ni puede resistir el embate del Estado español; nunca irán más allá de protestas verbales y alguna demostració de masas controlada. Tienen más miedo al protagonismo del pueblo trabajador que a Rajoy y a la Merkel.
Las tareas de la CUP-CC
Como miembros del espacio político Per la Ruptura, que con otras organizaciones compartimos con la CUP, creemos que no hay que tener ningún miedo a que digan que «vamos descarrilar el proceso» cuando éste, en realidad, no tiene carriles. La condición para ganar es construir una gran fuerza social y política, basada en el sindicalismo combativo y los movimientos sociales, cuya bandera sean sus reivindicaciones. Los diputados y diputadas de la CUP-CC son una pieza fundamental en esta tarea.
Para conseguirlo es esencial el plan de emergencia social, con puntos públicos e irrenunciables como: desahucios cero; pobreza energética cero a cargo de los beneficios de los oligopolios; alquiler social con los pisos vacíos de los bancos; no despidos, de entrada en las empresas con beneficios; renta mínima garantizada; alto inmediato a las privatizaciones y reversión de los recortes en salud y educación. Del mismo modo, es vital la derogación de la reforma laboral del PP y también de la ley mordaza y demás leyes represivas. No debemos entrar en el juego de las «microrupturas» que, en realidad, son remiendos que eluden la ruptura necesaria.
Asegurar este plan de choque exige que el Parlament se declare soberano y lo lleve adelante, desobedeciendo leyes e instituciones españolas. Del mismo modo, el Parlament debería organizar de manera unilateral y soberana un plebiscito sobre la independencia, sin esperar al permiso del Estado y desafiando sus prohibiciones. Después de las elecciones del 27-S la exigencia del plebiscito ha sido arrinconada por las fuerzas soberanistas, pero su realización sería una arma inmejorable para ampliar la base social y contra todos los que niegan legitimidad democrática a la exigencia de República catalana.
En consonancia con lo anterior, creemos urgente recuperar la hoja de ruta de «Per la Ruptura» sobre el gobierno, en particular la necesidad de «impulsar un gobierno de ruptura nacional, social y democrática» basado en cinco puntos «irrenunciables a la hora de negociar cualquier pacto de gobernabilidad» (DUI -ahora sería la soberanía del Parlament-; programa de emergencia social; proceso de desconexión nacional con el Estado español y la UE; carácter autoorganizado y popular; búsqueda del reconocimiento internacional).
De estas condiciones se deduce que no podremos apoyar la investidura de Mas ni de JxS. Dicen que eso supondría hacer «descarrilar el proceso». Pero quien lo haría descarrilar es quien se niega a un plan de choque digno de tal nombre, a tomar medidas de desobediencia básicas o a resistir el embate del Estado.