Reproducimos otro artículo más de un compañero de nuestro partido internacional, la Liga Internacional de los Trabajadores-cuarta internacional (LIT-ci), sobre la situación que está viviendo el pueblo cubano en torno a las protestas que empezaron este verano de 2021.

El empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo cubano ha llevado a las más grandes manifestaciones antigubernamentales, desde 1959, ocurridas el 11-J. En más de 60 ciudades, en las catorce provincias y el municipio especial isla de la Juventud. Donde se escucharon consignas como: “¡abajo la dictadura!” y “¡libertad!”. Las protestas, estallaron por la escasez de alimentos, los apagones y los efectos de la crisis económica agravada por la pandemia.

Compuestas mayoritariamente por sectores populares, que no tiene nada que ver con la derecha burguesa o proimperialistas (no son “mercenarios”, “opositores del socialismo”, “gusanos”, “contrarrevolucionarios”, o “agentes a sueldo del imperialismo”), y si manifestantes populares, movidos por como empeoran sus condiciones de vida.

Estas condiciones se agravaron, aún mas, a partir de 1 de enero de 2021 con el llamado día «cero», donde hubo un ordenamiento monetario combinado con una reforma salarial que cambió los ingresos personales y la asistencia social, además de corrección de precios y la eliminación de subsidios, considerados por el gobierno “excesivos e indebidos”, que van a afectar las canastas básicas y el transporte.

El agravamiento de la situación económica es fruto de la restauración del capitalismo, hecha por el propio gobierno cubano; combinada, con el criminal Bloqueo llevado a cabo por el imperialismo norteamericano, a lo que se suma la pandemia del COVID. Hechos que afectaran profundamente la economía y golpean la vida de los trabajadores.

Para el gobierno de Díaz-Canel estas medidas son esenciales para acabar con décadas de “ineficiencia” en la economía y aumentar la productividad, para el pueblo significa el aumento de la miseria.

El aumento de la represión

Tras las protestas realizadas en Cuba en 11-J, el gobierno castrista, ahora, teniendo a la cabeza el presidente Díaz-Canel, ha intensificado la represión contra la juventud y el pueblo cubano, criminalizando, aún mas, la protesta social, encarcelando y maltratando a activistas y jóvenes que fueron a las calles, solamente por el “delito” de expresar sus opiniones. Manteniendo varias personas detenidas en los últimos meses como presos de conciencia o como presos políticos.

“En respuesta a las protestas del 11 de julio, las autoridades cubanas han utilizado la misma maquinaria de control que usan desde hace décadas para actuar contra quienes piensan de otra manera, aunque esta vez en una escala que no habíamos visto en casi 20 años y con nuevas tácticas que incluyen censura e interrupciones de Internet para controlar y encubrir las graves violaciones de derechos humanos que han cometido”[1].

El cuadro de violaciones de derechos humanos, después de las manifestaciones, apunta a una política de represión dirigida a recuperar el control y restablecer una cultura del miedo que domina la sociedad cubana, intimidando, arrestando, deteniendo y criminalizando, en distintos grados, a las personas que protestaron.

Varias entidades de Derechos Humanos y organizaciones del movimiento obrero y sindical, en varios países del mundo, han documentado crímenes de los agentes del Estado y violaciones graves de derechos. Por eso se están sumando a la campaña para que se pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a los cientos de personas que continúan detenidas por protestar.

En su mayoría, los presos están acusados de delitos, que en verdad son acusaciones que se utilizan para silenciar la disidencia, como: “desórdenes públicos”, o “desacato”. Lo que fue confirmado por el artículo publicado en Cubadebate (periódico afín al gobierno)[2]. De las 62 personas juzgadas por hechos relacionados con las protestas del 11-J, su mayoría fueran por estos supuestos delitos, además de “resistencia”, “instigación a delinquir” y “daños”. Lo que contradice la versión oficial de que la mayoría está siendo juzgada por delitos violentos.

Violaciones del derecho de defensa

Tras las detenciones masivas del 11-J, manifestantes que fueran liberados, así como los que continúan en detención, han informado de una diversidad de violaciones del debido proceso legal y de su derecho a defensa.

Varios presos y/o libertos no son informados de su situación jurídica. En algunos casos solamente son informados de la sentencia o de la punición que deben cumplir. Como “presentarse a firmar todas las semanas” o penados con “pagar una multa”, en valores muchas veces que llegan dos o a cuatro veces el salario de un cubano.

Peor aún, cuando son informados de que mismo saliendo de la cárcel “no se habían retirado los cargos”, o ni siquiera informados de su situación jurídica, dejándolos con miedo de que pueden volver a ser detenidos a cualquier momento.

Los testigos seleccionados para declarar sobre los “autores, hechos y circunstancias” han sido en su mayoría oficiales y jefes de estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (muchas veces señalados también como “agredidos”) oficiales del DTI y otros agentes de la autoridad del Estado, lo cual demuestra una alta carga de parcialidad.

Como en muchos juicios no se les ha emitido documentación, que dé cuenta de las decisiones del tribunal, se imposibilita de realizar un análisis certero sobre las tomas de decisiones.

Los que continúan detenidos enfrentan procesos penales ordinarios. Se les imputan delitos más graves, como desorden público agravado, atentado, o delitos contra la Seguridad del Estado.

Cubadebate publico la información de la propria Fiscalía General de la República de que apenas el 35.4%, tuvo un abogado defensor, mismo así afirmando que en ninguna de las denuncias contra el MININT se haya detectado violaciones a la legalidad.

Al final, el grueso de los liberados es “personas con cierta visibilidad: artistas, estudiantes, universitarios, gente con redes de apoyo”. Mucha de la gente que continua encarcelada es gente del pueblo sin “visibilidad”, pobres, enfermos y discapacitados.

Régimen de detención: incomunicación y desapariciones

Los encarcelados denunciaran que las celdas son muy pequeñas, antihigiénicas y que en ellas no hay atención médica. Sufrieron amenazas e insultos, fueron sometidos a actos humillantes, acusaciones falsas, amenazas de muerte y de daños a la familia o personas queridas; sometidos a exposición a temperaturas extremas; hambre o la sed; privación del sueño y aislamiento.

Además, hubo corte de contacto con el mundo exterior, al no notificar a parientes o amigos que estaban en detención o negar el derecho a recibir visitas. Eso cuando no se ubicaba los presos lejos de sus provincias.

Hubo presos que se quedaron sin defensores jurídicos por más de una semana. Familias privadas de información, que no pudieron contactar o localizar donde estaban sus hijos detenidos o el lugar de reclusión.

Son varios los casos en que hubo detenciones bajo régimen de incomunicación. Aunque la Fiscalía General de la República niega que se haya privado de asistencia letrada a las personas detenidas o se les haya aplicado el régimen de incomunicación.

El magistrado del Tribunal Supremo Popular Joselín Sánchez declaró a Granma que la Fiscalía recibió 215 reclamaciones después del 11 de julio, principalmente para saber dónde estaban los detenidos.

También hubo casos de desaparición forzada, con arrestos donde se negaba a revelar el paradero de los detenidos.

Utilizando de la alegación del contagio de COVID las autoridades cubanas denegaron visitas de familiares. Lo que podría justificarse en determinadas circunstancias, pero debería compensarse, potenciando otras formas de contacto, como permitir el acceso a teléfonos, Internet, correo electrónico o videollamadas y que los familiares entreguen comida y otros artículos.

Además, nada indica que las autoridades cubanas estén realmente preocupadas con el contagio de los presos ya que en las celdas las condiciones de humedad, falta de espacio y de higiene eran generales, tampoco se habían adoptado medidas de distanciamiento social ni otras para prevenir la COVID-19.

En la manifestación: represión policial

“La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”, ordenó Díaz-Canel en el 11-J, dando luz verde tanto a las fuerzas represivas del Estado como a sus partidarios en grupos paramilitares (que agredieron con tonfas, piedras y palos los manifestantes).

Los ataques de las fuerzas especiales, principalmente los “Boinas Negras,” como de los agentes de policía y de seguridad del Estado fueron denunciados de manera generalizada. Uso de excesiva fuerza policial, malos tratos y violencia contra la población, jóvenes y particularmente las mujeres. Varias que fueron detenidas, por solo agentes hombres, fueron sometidas a requisas vejatorias. La violencia dejó hematomas en brazos y rodillas, producto del trato que sufrieron a manos de los agentes de seguridad del Estado.

Igualmente se sabe de encierro de personas en patrulleros bajo el sol y en camiones y reclusión domiciliaria sin causa formada.

Allanamiento y arrestos domiciliarios

Pero la represión no fue solamente durante las manifestaciones. Los agentes del Estado después de la protesta actuaron en contra de jóvenes, de quienes sospechaban que habían participado en ellas, los sacaron a rastras de sus camas y, a veces sin calzado ni ropa, se los llevaron a la cárcel en vehículos policiales.

Cuando no allanaban directamente, los agentes del Estado realizaban vigilancias y monitoreos en contra de los manifestantes. Con la presencia permanente y el seguimiento a estas personas. Acompañado de terror psicológico, con la amenaza contante de detenerla o la realización del arresto domiciliario.

Reclusiones domiciliarias

Otra táctica empleada por el Estado cubano es emitir formalmente órdenes de reclusión domiciliaria y con eso restringir la libertad de circulación. Tras las manifestaciones del 11-J muchas personas, que salieron de prisión y que tuvieron los cargos en su contra retirados, tuvieron que someterse a la condición de un arresto domiciliario, donde tienen que quedarse en su casa, a no ser para asistir a su centro de trabajo o estudio, o para atender a su salud, solo pudiendo hacerlo con autorización judicial formal.

Negación e interrupciones de internet

El mismo 11-J hubo una interrupción general del servicio de Internet en todo el país y, posteriormente, un descenso del tráfico en la red hasta el 12 de julio, según las mediciones de red recopiladas. Desde entonces, las autoridades han bloqueado regularmente las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y Signal.

El régimen se utilizó de su asociación con las empresas chinas Huawei e ZEF, responsables por los cortes de la internet para desmovilizar las manifestaciones.

Huawei también es responsable por el monitoreo y vigilancia de opositores de los gobiernos em Zambia y Uganda.

¡Libertad inmediata a todos los presos políticos en Cuba! ¡Basta de persecuciones!

Ante toda la situación que describimos, desde la LIT-CI consideramos urgente que todas las entidades sindicales y populares de manera internacional se suman a la campaña que exige al gobierno de Miguel Díaz-Canel que ponga en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas, exclusivamente por ejercer su derecho político a manifestarse.

El número actual de encarcelados no se sabe con seguridad. Una coordinación del Grupo de Trabajo sobre detenciones por motivos políticos, Justicia 11J, habla de 897 a 1167 “ciudadanos detenidos”, han sido excarceladas 480 (96 bajo medida cautelar de libertad bajo fianza y 41 en prisión domiciliaria). Continúan en detención al menos 10 menores [3], de entre 15 y 18 años, que pueden ser juzgados como adultos desde los 16 en la isla. Algunos expedientes han sido trasladados a Fiscalía Militar, a raíz de la modificación de los cargos en contra los acusados, en virtud de supuestos ataque a sitios pertenecientes al conglomerado empresarial militar GAESA.

Es fundamental reiterar la petición hecha por los abogados y defensores de entidades de Derechos Humanos y de organizaciones de la clase trabajadora, como sindicatos y movimientos populares, internacionales, de acceso en Cuba para monitorear la situación de los presos. Así como solicitar que estas entidades internacionales, del movimiento sindical y popular, pueda asistir, como observadores, a los próximos juicios de las personas que continúan detenidas.

Se prepara la represión para la marcha del 15-N

El régime cubano a través de la Fiscalía de la República, citó a varios miembros del grupo Archipiélago, entre ellos el dramaturgo Yúnior García, el jueves 21 de octubre, para advertirles sobre las consecuencias penales para los organizadores, si persisten en realizar la protesta pública. Eso fue precedido de una serie hostigamientos y represiones a través de amenazas, interrogatorios y hasta expulsiones laborales. Como las que pasaron con Daniela Rojo, encarcelada; el médico Manuel Guerra, detenido por algunas horas y expulso de su trabajo; el despido del profesor universitario David Martinez y la propria persecución de Yúnior García, entre otros.

El portal Cubadebate publicó una nota de la Fiscalía General informando que, si similares manifestaciones se realizaran en las localidades provinciales de Villa Clara, Cienfuegos y Holguín, los manifestantes incurrirían en los delitos de “desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir”, entre otros. El gobierno califica la marcha de “ilícita”, y supuestamente “para destruir al socialismo”.

Yúnior a la salida de la Fiscalía Provincial de La Habana declaró: “No percibo que haya una sola institución del país donde nací que se ponga del lado nuestro, del lado del ciudadano, que ni somos mercenarios, ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte, estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión, de criterio, de perspectivas sobre el país que soñamos y queremos construir”

Reiteramos nuestro apoyo a la convocatoria del 15N y hacemos un llamado a las organizaciones políticas, sindicales y sociales a defender el derecho del pueblo cubano a manifestarse. A exigir del gobierno que permita su realización y repudiar la represión, que ya está en curso, contra sus organizadores y participantes.

[1] Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

[2] En 4 de agosto

[3] El listado se puede consultar en este enlace.