El pasado sábado 9 de Octubre se organizó una fiesta solidaria y contra la represión en el centro social La Nave en Málaga, para apoyar la caja de resistencia de un grupo de compañeros y compañeras multadas por defender el derecho a la vivienda.
Reproducimos un extracto de la charla informativa que se llevó a cabo durante la misma:
«El pasado 25 de noviembre, varios activistas que trataban de paralizar un desahucio en Málaga, fueron identificados y propuestos para sanción. Unos meses después han empezado a recibir multas por valor de 600€ en concepto de obstrucción a la autoridad. El montante total asciende a casi 4.000€.
Todo ello ocurre bajo el mandato del autodenominado gobierno más progresista de la historia, ese que supuestamente puso en marcha un escudo social para evitar que se produjeran desahucios en plena pandemia. Además, se les aplica la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, cuando los dos socios de la coalición prometieron derogarla en campaña. Pero la realidad es que no sólo no se ha derogado, sino que además, en la actualidad, se hace uso de ella para castigar a quienes luchan por el derecho a la vivienda.
Aunque ese día lxs concentrados lograron paralizar el lanzamiento, éste se produjo finalmente dos días después. Chaima, en paro tras la declaración del estado de alarma y con dos padres enfermos, tuvo que abandonar la que hasta ese momento había sido su vivienda. Sin embargo, este caso tan sangrante no es ni mucho menos una excepción. Según datos del CGPJ, durante el primer trimestre de 2021 se ejecutaron 10.961 desahucios. En el segundo trimestre, las cifras fueron en aumento hasta situarse en los 11.571 desalojos.
Tal es la situación que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca puso en marcha hace unos meses un contador en el que van sumando uno a uno los lanzamientos que se producen bajo el mandato del gobierno progresista. En su web, la PAH afirma que “una vez más, los movimientos sociales somos los únicos actores que trabajamos para revertir la situación”.
Dicha afirmación describe a la perfección una realidad que ha quedado patente: es la movilización vecinal y de las plataformas antidesahucios la que logra poner fin a los lanzamientos, por mucho que PSOE y Unidas Podemos se hayan llenado la boca con la puesta en marcha de un escudo social para “no dejar atrás a nadie”. Sin embargo, los datos aquí expuestos muestran una realidad bien distinta.
Esto nos permite entender, por un lado, que las instituciones tienen un límite y que es necesario generar músculo en la calle para defender medidas que permitan una salida de la crisis favorable para los y las trabajadoras. Por tanto, las instituciones no son el espacio donde se logre un cambio real, por muchos que algunos se empeñen en hacernos creer lo contrario.
Por otro lado, que no se puede gobernar para la mayoría social sin enfrentar a quienes acaparan la riqueza. Y en materia de vivienda es algo que se ve muy claro. O se entiende la vivienda como un derecho básico, que debe estar garantizado por las administraciones públicas, o como un bien de mercado en mano de especuladores. Frente a esta oleada de represión y violencia del capital, sólo nos queda organizarnos tejiendo redes de solidaridad que nos permitan no sólo dar respuesta a corto plazo, sino también trazar estrategias y poner cuestiones concretas sobre la mesa. Y sobre todo, recuperar las calles como espacio de movilización y lucha, por mucho que algunos partidos intenten reconducir el descontento social hacia la vía institucional.