«Son presupuestos que van a crear empleo, que generan crecimiento económico, que son feministas, que van a cambiar la vida de l@s jóvenes…en definitiva, son presupuestos a los que es muy difícil decirles que no»
Yolanda Díaz, Ministra de trabajo y Vicepresidenta del Gobierno
Lo primero que tendrían que asegurar unos Presupuestos que hagan justicia a las pomposas declaraciones con las que el Gobierno los ha presentado, es que partan de un diagnóstico real de la situación en la que nos encontramos. Y aquí no hace falta irse a buscar análisis de izquierda que puedan ser acusados de «hacerle el juego a la derecha». Basta con leer, el informe de la Fundación Foessa[1], organización impulsada por Cáritas y por tanto nada sospechosa, para leer cosas como que: «Hay ya 11 millones de personas en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. Más de 6 millones en exclusión severa, cerca de 2 millones más que hace tres años.(…)
De los hogares en «pobreza severa», sólo un 26% «ha logrado» realizar el trámite para cobrar el IMV y casi la mitad del total de solicitantes han recibido ya una denegación por respuesta.
(…)Mientras, el empleo ya no asegura salir de la pobreza porque una gran parte son a tiempo parcial o con salarios de miseria, El porcentaje de hogares con todas las personas activas desempleadas ha pasado del 5,9% en 2018 al 10,3% en 2021.
(…) El porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal está en «inestabilidad laboral grave» ha subido del 4,8% al 10,3% en el mismo periodo».
Cada vez más personas, en su mayoría mujeres y jóvenes, tienen contratos a tiempo parcial y los ERTES han pasado a ser permanentes y «a la carta» para el capital. Esto supone condenar a millones de trabajador@s a la precariedad más espantosa, que encima nos venden casi como la única solución para preservar los empleos mientras las reformas laborales que el Gobierno no ha derogado, les permiten seguir tirando de ERTEs y ERES.
Con este panorama tan desolador, hasta UGT ha criticado la subida prevista del 2,5% para el IPREM en 2022, hasta los 579,02 euros. Este indicador es referencia para el acceso a varias prestaciones y ayudas como la asistencia jurídica gratuita, viviendas de protección oficial o ayudas para la gratuidad de libros, así como para determinar la cuantía de varios subsidios de desempleo como el de mayores de 52 años o la renta mínima de inserción en varias Comunidades Autónomas. Desde que se creó en 2004, ha aumentado un 84% menos que el SMI ya de por sí miserable y ha perdido casi seis puntos de poder adquisitivo.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sube hasta los 483,08 euros, pero sigue incumpliendo la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Las pensiones mínimas y no contributivas; las más bajas del sistema, se elevan un 3%. En el resto, se vinculan al IPC mientras aceleran sus planes de reducirlas aún más y sobre todo de privatizarlas.
También el gobierno saca pecho de que las nuevas cuentas incluyen 157 millones para el bono social térmico; un 43,7% más que el año pasado. Pero según un informe de la fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes[2]), la mitad de las personas o familias con derecho a recibir la ayuda no lo hacen, ya sea por desconocimiento o por hastío con los trámites burocráticos necesarios y muchas pueden estar hasta tres meses sin respuesta para el bono social.
Todas estas subidas son totalmente insuficientes y al igual que el irrisorio incremento del SMI que no significa nada para 18 millones de asalariad@s, quedarán sin efecto por el disparatado aumento del precio de la luz que continúa en ascenso o por una inflación desbocada que devora los salarios e ingresos y apunta llegar al 4% al final de año; la mayor subida en 13 años.
A esto hay que añadir los más de 79.000 desahucios que según la PAH (Plataforma afectados por la hipoteca) están por venir y que se sumarán a los miles que ya se han producido en lo que llevamos de 2021, pese al «escudo social» y que la nueva ley de alquiler tampoco va a prohibir ni paralizar.
Y el segundo requisito que deberían cumplir unos Presupuestos dignos de llamarse así, es que en 2022 pagarán más los que más tienen. Más aún en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Sin embargo, el gobierno vuelve a dejar aparcada una reforma fiscal profunda que era de una de las promesas de PSOE y UP, para seguir favoreciendo a las grandes empresas a las que se les respeta el grueso de su entramado de bonificaciones fiscales. A esta nueva amnistía fiscal se añade, que «la parte del león» de los fondos europeos de reconstrucción se los lleva la oligarquía del Ibex 35.
Eso sí, el dinero que viene de Europa no es ningún regalo y lo terminaremos pagando la clase trabajadora con más recortes y con un aumento brutal de la deuda, cuyos intereses presumen de haber rebajado en estos Presupuestos ¡hasta los 30.175 millones! Eso son ¡11.000 euros más que las partidas previstas para Sanidad (6.606), Educación (5.073), IM(4.436) y Vivienda(3.295) juntas!
La única novedad fiscal de estos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) es el establecimiento de un tipo mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones de euros. Esto supondrá un pequeño incremento de la recaudación en torno a 400 millones de euros anuales. La misma ínfima cantidad que prevé gastar el ejecutivo en otorgar un «bono cultural» a quienes cumplan 18 años, para gastar en libros, cine o música.
Estamos de acuerdo en que la juventud necesita poder acceder, promover o crear cultura (y no sólo consumir la cultura prefabricada que le venden). Pero eso no se arregla con una paguita que en este caso parece servir para esconder la absoluta incapacidad que está demostrando este gobierno, para ofrecer a la juventud un futuro digno.
Otro «guiño» a la juventud en estos Presupuestos son las ayudas al alquiler de 250 euros. Esta medida, aparte de ser una medida electoralista, sigue el modelo especulativo actual, ya que será la administración quien, con fondos públicos o con su maquinaria de engrosar la deuda para mayor gloria del capital financiero español, pagará a bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, etc., pues se asegurará que los jóvenes paguen a los propietarios privados antes de concederles tal “ayuda”.
Con esto, el gobierno pretende sustituir a los jóvenes por la clase trabajadora (la gran pagadora de impuestos y la gran sufridora de los recortes) en sus alquileres, de manera que el dinero fluirá desde lo contribuido por el pueblo trabajador a la “clase” rentista que especula con las viviendas, a través de dichos jóvenes, en vez de ir destinado dicho dinero a la creación de un parque de vivienda público que solucionaría de raíz el problema de acceso a la vivienda
En definitiva, a falta de que se concreten los detalles de estos nuevos Presupuestos y sobre todo de que el gobierno logre aprobarlos, para analizar en detalle cómo afectarán a los sectores más castigados por esta crisis, podemos decir que volverán a ser con la complicidad de Unidas Podemos, unos presupuestos para la recuperación, sí, pero de los de siempre.
[1] «Sociedad expulsada y derecho a ingresos. Análisis y perspectivas 2021»