El PP ha presentado esta semana de manera extraordinaria el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016  antes que en años anteriores debido al agitado calendario electoral del curso que viene. El 27-S en Cataluña profundizará muy probablemente aún más la crisis del régimen del 78, y, a su vez, las elecciones generales a finales del año seguramente significarán un duro golpe al bipartidismo español.Los objetivos del gobierno con estos presupuestos son tres: pagar en día los intereses de la deuda, reducir el déficit público para alcanzar las metas de superávit primario impuestas por la Unión Europea y hacer pequeñas concesiones a algunas partes de la población con la mirada puesta en las elecciones generales.La deuda pública llega al 98% del PIB

Pese los malabarismos políticos del gobierno para vender la idea de que empieza la recuperación tras los años de crisis, la vida real demuestra a diario que el cuento de hadas de Montoro y Rajoy solo existe en sus mentes enfermas.

Se confirman unos presupuestos adaptados a los nuevos tiempos de dependencia hacia la banca internacional y la troika, por un lado, y duros ataques a los trabajadores, por el otro.

Las previsiones más optimistas sitúan la deuda pública española en más del 98% del PIB. Para pagarla sería necesario utilizar prácticamente todo lo que se produce en el país durante un año. Muy lejos de Grecia no estamos. Esta deuda es impagable.

Solo el pago de intereses alcanzaría los 33.490 millones de euros, un 2,93% del PIB, y un 9,5% de todo el presupuesto. Esto significa que de cada cien euros gastados por el ejecutivo, más de nueve irían directamente al bolsillo de los banqueros españoles y europeos que detienen títulos de la deuda.

Luego está todo lo que se destinaría a pagar otros servicios de la deuda, que no aparecen claramente en el presupuesto y están incluidos en Gastos de carácter general (48.000 millones) o Gastos financieros, así como todo lo que las demás Administraciones Públicas gastarían con sus deudas. En total, cerca de un 30% del presupuesto se destinaría a pagar los intereses o la parte principal de las distintas deudas.

Menos dinero para las ayudas a los parados

Para que nos hagamos una idea, toda la cantidad destinada según el PGE para la protección al desempleo alcanzaría los 19.521 euros, 14.000 millones menos que los gastos con los intereses la deuda. Además, los gastos con la protección a los parados se reduciría un 22% el año que viene debido al fin de los derechos de cobro de una parte importante de las personas desempleadas, que cada vez más dependen de sus familiares para sobrevivir. Aproximadamente un 52% de los parados no están recibiendo ninguna prestación.

La inversión pública (infraestructuras, empresas públicas, etc) llegaría a los 13.231 millones de euros, también bastante inferior a lo que se gasta con la deuda pública.

Populismo electoral

Como contrapartida a estos presupuestos tan duros, el gobierno hace unas pequeñas concesiones a los funcionarios (paga extra), algunas rebajas fiscales en el IRPF y unas subidas irrisorias en algunas partidas sociales en un intento desesperado de conseguir votos y revertir la debacle electoral que le espera en las elecciones generales.

No al pago de la deuda

Unos presupuestos sociales destinados a revertir la situación de crisis en que se encuentra el país solo son posibles si empiezan por la inmediata suspensión del pago de esta deuda que no fue contraída por los trabajadores y el pueblo.

Hay que cambiar el sistema fiscal, que se basa en impuestos sobre el consumo, distribuidos de manera igual por todas las clases sociales, y crear un sistema que sobre tase a los beneficios de las empresas.

Solo entonces tendremos un presupuesto social que sirva para atender las necesidades de la población trabajadora y no a los intereses de los grandes capitalistas.