Desde Página Roja charlamos con algunas compañeras y compañeros que trabajan en situación de precariedad laboral en distintos Servicios Públicos y cuya situación laboral se verá afectada por la tramitación en el Congreso del RD 14/2021 para la reducción de la temporalidad en el Empleo público.

PR: ¿Como empleados públicos en vuestro sector laboral, ¿por qué creéis que tenéis que participar de la movilización del 25 S?

Juan Ramos. Bombero forestal de Infoca (Sevilla)

Necesitamos movilizarnos contra la precariedad laboral. En INFOCA somos unos mil trabajador@s temporales, muchos en fraude de ley. Mi contrato de bombero forestal es de 4 o 5 meses por “circunstancias de la producción”, aunque estoy cubriendo una vacante estructural del dispositivo. Mi plaza antes la ocupaba un fijo, ahora la cubren con un contrato precario. Con ello, yo pierdo estabilidad laboral, y durante 7 meses y medio el dispositivo queda a medio gas, justo cuando se realizan labores de prevención de incendios. 

Es evidente que, con contratos tan cortos, es muy difícil poder desarrollar nuestra formación y práctica a fondo, por lo que la preparación del dispositivo a la hora de acudir a una emergencia también se ve debilitada.

Julia Mirón. Interina en la Diputación de Coruña.

En mi caso, trabajo en la Diputación de Coruña desde el 2005 y también estuve en otras administraciones, siempre con contratos en precario. Desde hace más de tres años estoy cubriendo una vacante en la Diputación.

Hay que ir al 25-S porque es parte de la lucha que llevamos desde hace años. Este verano nos movilizamos contra el proyecto de reforma del EBEP del ministro Iceta; ahora sustituido por Montero, que no nos da ninguna solución. No sólo no van a reducir la temporalidad del personal al servicio de las administraciones públicas, sino que volverá a aumentar Además hace caso omiso a la Directiva Europea, que “exige” al gobierno de PSOE-PODEMOS transformar al personal en abuso en emplead@s fij@s. Durante la pandemia nosotras seguimos trabajado para que los servicios públicos siguieran funcionando y ahora nos pagan intentando echarnos a la calle. Vamos para demostrarle al Gobierno una vez más, que no estamos dispuestas a permitir el ERE y que vamos a luchar por lo que consideramos justo.

 Evaristo Espigares Garzón. Profesor de Educación Secundaria (Barcelona)

Más allá del 25-S y nuestra condición concreta como funcionari@s, interin@s o personal sustituto, considero muy importante que tod@s participemos de las movilizaciones  para luchar contra el RDL 14/2021, el conocido como Icetazo. 

En primer lugar, en solidaridad con compañer@s que se encuentran en fraude de ley y que merecen en justicia la fijeza y no que las mareen con trampas de trilero, que es lo que está haciendo vergonzosamente el gobierno, en lugar de regularizar la situación de quienes han estado trabajando en primera línea durante muchos años demostrando una profesionalidad intachable.

En segundo lugar, porque la mejora de las condiciones laborales de todo el colectivo nos favorece por lógica a tod@s. Y es necesario defender unos Servicios Públicos que son de tod@s.

Maite Agredano. Agencia de Vivienda Social (Madrid)

Tengo 47 años. Llevo trabajando en el sector de la vivienda de la Comunidad de Madrid 13 años y anteriormente estuve trabajando 5 años en Inspección sanitaria.

El sector en el que trabajo (Vivienda Pública), lleva años golpeado por el expolio del patrimonio público para malvenderlo a fondos de inversión, liquidando de un plumazo el derecho a la vivienda que figura en la Constitución. Los y las trabajadoras del sector de la vivienda debemos salir el 25S a manifestarnos para defender nuestros puestos de trabajo, pero también porque como servidores públicos, queremos seguir prestando un servicio/derecho a la ciudadanía como es tener una vivienda pública y digna.

 Laura Requena. Valoradora del Servicio de Dependencia (Málaga)

Creo que hay que ir a la manifestación porque únicamente desde la unidad y la movilización, hemos ido consiguiendo que se nos oiga en estos años y seremos capaces de alcanzar la estabilidad laboral que reivindicamos y que es de justicia social.

El Decreto 14/2021 sigue apostando por las oposiciones, como la vía para conseguir la plaza que llevamos años ocupando. Y se ha demostrado que estos falsos procesos de estabilización son un fraude. En nuestro caso, el primer examen eliminatorio para poder consolidar nuestra plaza se celebró en octubre de 2020. De casi 3.400 personas que nos presentamos, tan sólo 44 lograron aprobar, por lo que el porcentaje no llegó al 2%.

Después de 14 años en el puesto, el Icetazo nos condena al paro y la exclusión social. Más aún cuando somos en un 90% mujeres y muchas con más de 45 años. Y esto afectará también al Servicio de Dependencia. Porque nuestra experiencia se perderá, si la mayoría de nosotras somos cesadas.

PR: ¿Cuál creéis que es la solución a vuestro conflicto?

Juan: En primer lugar, es necesario estabilizar a todos y todas quienes estamos encadenando contratos temporales campaña tras campaña. Demanda que ponemos, juicio que ganamos. La Administración debe aplicar una solución colectiva para quienes estamos contratad@s en fraude: En nuestro caso, demandamos convertirnos en trabajadores indefinidos.

En segundo lugar, es necesario que se recuperen las plazas fijas que se han perdido durante los últimos 15 años a través de la oferta de OPEs, que sirvan para que l@s actuales eventuales ocupen su plaza definitivamente. Todo esto sólo lo podemos conseguir si luchamos con fuerza. Hemos comprobado que el gobierno sólo mueve ficha si le obligamos a hacerlo. 

Julia: Si son las administraciones las que se han saltado la norma con la excusa de la crisis- todo ello permitido por los diferentes gobiernos a los que les vino como anillo al dedo para reducir plantillas y privatizar los servicios públicos- no se puede castigar  ahora a quienes hemos sufrido esta precariedad.

Considero que todo el personal en fraude tenemos derecho a quedarnos en nuestros puestos de trabajo. Porque en estos años hemos demostrado con creces nuestra capacidad y mérito y como dicen las trabajadoras del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar: “14 años de adicación, foron a nosa oposición”.

Evaristo: En mi opinión, sin duda, la solución pasa por la fijeza para las compañeras/os   en abuso de temporalidad. No por la realización de un proceso de oposiciones ni por relegar a l@s compañer@s a realizar sustituciones esporádicas, mucho menos por dejarlos fuera de la bolsa de trabajo con una indemnización irrisoria. La fijeza cabe ganarla con la movilización social continuada y el apoyo sin fisuras a tod@s l@s compañer@s que se encuentran en fraude de ley. Hay que defender los puestos de trabajo y los Servicios Públicos que son de tod@s.

Maite: La solución a nuestro conflicto pasa por la trasposición de la Directiva europea de contratación temporal que las Administraciones llevan 20 años saltándose a la torera, igual que ocurrió en 2015 con el sector privado. Se modificó el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para permitir la transformación automática de un contrato temporal a uno indefinido.  

Las resistencias a hacer lo mismo en el sector público están llevando al personal temporal a una lucha que no solo implica la defensa del puesto de trabajo, sino también la pervivencia de los Servicios Públicos, porque las medidas que quieren llevar a cabo tanto el gobierno como los sindicatos mayoritarios, es liquidar a un tercio de la plantilla de la Administración para su posterior privatización.

Laura: A corto plazo, la solución a nuestro conflicto laboral, para acabar con la temporalidad abusiva y cumplir con la Directiva europea, es la fijeza en el puesto de trabajo como personal fijo a extinguir para todo aquel/aquella que lleve tres o más años ocupando una plaza estructural. Esto es a coste 0 para las Administraciones y es perfectamente legal. Es una cuestión de voluntad política.

Acabar con la temporalidad a futuro requiere medidas estructurales. No se trata como pretende este gobierno, de echar a la calle con indemnización al personal temporal pasado tres años si su plaza no sale a una Oferta de empleo público, para así no incurrir en fraude. Eso es acabar con la temporalidad abusiva, perpetuando la precariedad laboral en la Administración, haciéndola parte de su «nueva normalidad». 

Hay que crear empleo público estable sacando todas las plazas que sean necesarias para reponer el empleo perdido en estos años y garantizar Servicios Públicos de calidad. En nuestro caso, sólo en Málaga tenemos más de 12.000 valoraciones pendientes y no damos abasto. A esto deberían dedicar los fondos europeos, en vez de a pagar indemnizaciones por ceses o despidos para seguir engrosando las listas del paro o a regalárselos a las empresas del Ibex 35.