Este verano, nos han repetido como un mantra que, pese a la quinta ola, España ha hecho bien los deberes porque la vacunación «se ha hecho bien, de forma rápida y ordenada». Y es cierto que aun con diferencias entre CCAA, nuestro país ha logrado ser líder mundial en personas vacunadas con la pauta completa, por delante de otros países europeos. Pero este discurso, trata de negar las consecuencias de la irresponsabilidad que una vez más (¡y van cuatro!), nuestros gobernantes siguen demostrando en la gestión de la pandemia.
«Spain is diferente»…
España ha vuelto a ser el primer país de la Unión Europea en sufrir un rebrote del Covid-19, al inicio de las vacaciones. Una quinta ola explosiva con cifras peores incluso que la tercera, en cuanto a la necesidad de atención diaria de pacientes con coronavirus. Una quinta ola en la que los contagios se cebaron en una juventud que no estaba vacunada y a la que no dudaron en convertir en chivo expiatorio, culpándola de las altas tasas de incidencia. Un nuevo rebrote que ha vuelto a dejar en evidencia la saturación de la Atención Primaria, lo que ha impedido hacer diagnósticos rápidos y un buen rastreo y control del virus, de las personas contaminadas y de sus contactos estrechos.
Un caos que se ha trasladado a los hospitales, donde de vuelta tanto el personal como las camas, volvieron a ser totalmente insuficientes para la cantidad de pacientes que en pocos días estaban ingresando. La tasa de ocupación de camas por pacientes Covid se situó de media en el 8,69%, mientras que en las UCIs llegaba al 20%. Casi la mitad de los pacientes, con menos de 50 años.
La mayoría de los hospitales tuvieron que reorganizar o suspender intervenciones quirúrgicas como en olas anteriores. Agosto acabó con la quinta ola en claro descenso, pero casi todas las CCAA seguían en riesgo alto de transmisión.
Y es que después de reabrir el ocio y el turismo y relajar la prohibición de usar las mascarillas al aire libre para dar apariencia de normalidad, en las localidades con más presión turística y donde la población se sabe que aumenta de manera considerable durante el verano, no sólo no se ha reforzado la atención sanitaria, sino que se ha reducido el personal como consecuencia de las vacaciones de una parte del mismo.
Junto a esto, los gobiernos han permitido aglomeraciones tanto en espacios abiertos donde muchas veces no se guarda la distancia social, como en espacios cerrados, con un simple resultado negativo de un test rápido o con una sola dosis de la vacuna.
El retraso en la vacunación como consecuencia de que tanto el ritmo como el número de dosis disponibles, están en manos de las multinacionales y no de éste ni de ningún gobierno, nos ha pasado factura. Además de a la juventud, esta quinta ola ha pillado sin vacuna a algunos segmentos de la población de 30 a 39 años y a muchas personas entre 60-70 que no tenían la pauta completa.
Esto ha supuesto muchas hospitalizaciones en esa franja de edad, además de las de personas más jóvenes, demostrando que tampoco «estaban a salvo» como se nos hizo creer, así como de una minoría de mayores de 80 años cuya inmunidad estaba debilitada por la edad.
…y Madrid, más todavía.
En esa carrera por seguir debilitando la Sanidad pública, Madrid por supuesto no podía ser menos y por esto ha cerrado 200 camas públicas este verano en pleno aumento de casos y hospitalizaciones y ha dejado bajo mínimos a los centros de salud y de cara al verano planeaba el cierre de 41 de los 49 centros de Atención Primaria existentes en los ocho distritos del Centro. A Ayuso no le ha temblado el pulso para gastar más de siete millones de euros en privatizar la administración de las vacunas. Un dinero con el que podrían haber contratado 200 profesionales de enfermería durante un año y haber incrementado de manera notable el ritmo de vacunación en la Atención Primaria, que se ha resentido con el caos que ha supuesto dicha privatización.
Cuando se trata de proteger y mantener los intereses de las multinacionales, por tanto, nuestros gobiernos siguen jugando a la ruleta rusa con nuestra salud. Al final, en su intento de “salvar” la temporada turística, aunque sea a costa de aquella, no lograron ni una cosa ni la otra, puesto que como hemos visto, el aumento exponencial de los contagios produjo un efecto cascada por el que muchos países europeos desaconsejaron viajar a España. Es verdad, por tanto, que gracias a la vacunación se ha conseguido reducir la mortalidad. Pero no es menos cierto que sin ella, esta quinta ola hubiera sido una auténtica escabechina.
Aplausos y promesas que caen en saco roto: el dinero de los fondos europeos no salvará la Sanidad pública
España destinará 1.069 millones de euros a reforzar la Sanidad pública. Esto equivale a poco más de un 1,5% de los 69.528 millones que llegarán de Europa hasta 2026.
Si le sumamos los 170 que irán a la transformación digital y los 878,326 millones para el fomento de la investigación, la cifra sube hasta un 3,5% del Plan de Recuperación. Aún así, es el tercer país de la UE que menos dinero le dedica a la Sanidad pública. La mitad que Alemania y casi la tercera parte que Francia.
De esa cantidad, el 75% del dinero no será para contratar más personal o reducir la temporalidad que alcanza el 41,9% de media estatal. Tampoco para cubrir las 70.000 camas hospitalarias que nos hacen falta para igualar la media de la Unión Europea, sino para la adquisición de equipos de alta tecnología.
Igualmente, la «Propuesta España 2050» se propone alcanzar el 7% del PIB en gasto sanitario público, ¡en 2030!, cuando el acuerdo de gobierno señalaba alcanzar ese objetivo en esta legislatura. En esto han quedado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno a la UE, los aplausos y sus promesas para reforzar la Sanidad pública.
Mientras, siguen las dificultades de la población para acceder a una cita telefónica en muchas CCAA y no digamos ya una cita presencial, arrojándola a las urgencias hospitalarias y/o a la medicina privada si es que pueden costeárselo.
Y sigue el incremento de las listas de espera para determinados tratamientos o una intervención quirúrgica, con las repercusiones que esto tendrá para la morbilidad y la mortalidad por otras enfermedades y problemas de salud.
Un ejemplo es la salud mental que es como sabemos, otra de las grandes afectadas por la pandemia. Los expertos señalan que ésta ha provocado «un aumento exponencial «de menores y adolescentes con problemas graves de salud mental. En los próximos años se espera un incremento del 20% de los trastornos mentales graves de la que ya ha alertado la OMS y para la que no estamos preparados. España tiene un 30% menos de psiquiatras por 100.000 habitantes que la media europea y destina un 5% del gasto sanitario a salud mental frente al 7,5 de la UE.
Igualmente, y tras más de año y medio de Covid, cada vez más personas (un 15% de todos los contagios según algunas estimaciones), sufren lo que se conoce como «covid persistente», que aparece como secuela en la que el paciente puede sufrir hasta 36 síntomas distintos que aparecen y desaparecen tras la infección. Una dolencia que no acaba de ser reconocida por el sistema público y para el que las personas afectadas reclaman más tratamientos multidisciplinares y un esfuerzo serio por investigar sobre la misma.
Terceras dosis y la mentira del fin de la pandemia
Si hace un año se hablaba de que era necesario alcanzar el 70% de vacunación para lograr la famosa inmunidad de rebaño, los expertos dicen ahora que la expansión de la variante delta, más infecciosa, hace preciso lograr al menos una 80% de población vacunada. También se empieza a hablar de la necesidad de una tercera dosis de la vacuna en la población más vulnerable.
Pero lo cierto es que los gobiernos saben muy bien que seguiremos expuestos a nuevas oleadas mientras esa inmunidad de grupo no sea a nivel mundial. Y que la persistencia de la pandemia puede dar lugar a nuevas mutaciones, quizás incluso más infecciosas que la variante delta y resistentes a las vacunas actuales, lo que pone en riesgo a toda la humanidad.
Se da la paradoja de que mientras países como Israel, ya ha comenzado a inyectar la tercera dosis entre su población mayor de 60 años y otros como Alemania, Francia o Reino Unido, han decidido hacer lo mismo, el 68 % de la población mundial sigue esperando recibir al menos una dosis de alguna vacuna y un 25% no tendrá acceso a ella hasta 2022.
En África, que logró escapar medianamente bien a la pandemia en 2020, la tasa de letalidad actual de la Covid-19 es un 18% más alta que el promedio mundial. Hablamos de un continente donde millones de personas no tienen acceso a la sanidad pública y en varios países ésta es casi inexistente y en el que tan sólo el 5% de la población ha recibido una dosis.
El Estado Español por su parte, tomará en estas semanas una decisión al respecto de esta tercera dosis, mientras preocupan cada vez más la vuelta de contagios en las residencias. Pero el Gobierno ha cerrado ya un contrato de 1.800 millones de euros con Pfizer y cerca de 480 millones con Moderna para recibir dosis de vacunas en 2022 y 2023.
Esta política de los gobiernos sólo contribuye a seguir engordando los obscenos beneficios de las multinacionales farmacéuticas, a medida que los países imperialistas aumenten sus encargos con el fin de administrar terceras dosis de la vacuna el próximo invierno. Las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna subieron en más de un cuarto y una décima respectivamente, el precio de sus vacunas anticovid en los últimos contratos de suministro a la Unión Europea.
Y desde luego, deja patente el carácter irracional y genocida del sistema capitalista como tantas veces venimos denunciando. La OMS ya ni siquiera pide liberar las patentes. Se conforma con lanzar hipócritas y estériles discursos, rogando y suplicando a los países ricos una moratoria en la tercera dosis hasta finales de septiembre; plazo fijado para lograr que al menos el 10% de la población mundial esté inmunizada, mientras reconoce que alcanzar esta meta «será difícil».
Para acabar con la pandemia y garantizar nuestro derecho a la salud, no queda otra que seguir exigiendo el refuerzo de la Sanidad pública y en especial de la Atención Primaria, así como la liberalización de las patentes y la expropiación de la sanidad privada y las farmacéuticas y obligar a los gobiernos a poner en marcha un plan de vacunación masivo a nivel mundial.