A poco más de un mes de las municipales y autonómicas, al PP le ha estallado en las manos el caso Rato, uno de los casos de corrupción más hirientes en unos tiempos marcados por los escándalos de la Gürtel, Bárcenas, la operación «Púnica», los ERE o los Pujol.

Rato, la podredumbre del régimen en su esplendor

Rato está acusado de blanqueo, de vaciar sus empresas y de fraude fiscal (por valor de 5,3 millones). Había montado un entramado de 40 sociedades fantasma para blanquear dinero y eludir al fisco. Disponía de 78 cuentas en 13 bancos, principalmente el Santander, La Caixa y Sabadell, y operaba con paraísos fiscales como Luxemburgo, Gibraltar, Suiza, República Dominicana, Swazilandia o Panamá. La Agencia Tributaria le calcula un patrimonio de 27 millones, que no se sabe de dónde han salido.

Rato no es un cualquiera. Fue el segundo de Aznar, su vicepresidente económico y casi su sucesor. Ha sido presentado como el artífice del milagro económico español (el «boom» del ladrillo). Fue director del FMI (con apoyo de Zapatero) y más tarde presidente de CajaMadrid y Bankia por voluntad de Rajoy. Cesado al hundirse Bankia, fue acogido en los consejos de Iberia, banco Santander, La Caixa y Telefónica (que él había privatizado).

Antes del escándalo de estos días, Rato estaba ya encausado de organizar el fraude multimillonario de la salida de Bankia a Bolsa y por el saqueo de las tarjetas black. El escándalo ha precedido en sólo unos días el nuevo caso de corrupción, que afecta al PP de Castilla y León, a cuenta de los permisos de los parques eólicos.

Es sólo cuestión de tiempo que comiencen a filtrarse los casos de las 715 «personas políticamente expuestas» que están siendo investigadas, de entre las 30.000 que se acogieron a la escandalosa amnistía fiscal de Rajoy y Montoro. Son personajes de especial relevancia pública (altos cargos, jueces, embajadores o jefes militares y familiares directos) cuya lista se niega a hacer pública el gobierno porque amenaza convertirse en una bomba política.

El escándalo Rato coincide en el tiempo con la declaración ante el juez de los hasta ayer principales dirigentes del PSOE andaluz, encabezados por Chaves y Griñán, los mayores responsables de las tramas de corrupción de los ERE y los fondos de formación. Entretanto, en Cataluña prosiguen las comparecencias ante la comisión parlamentaria creada a raíz del escándalo de los Pujol.

Ya es hora ¡Hay que echarlos!

Las próximas elecciones del 24 de mayo han de servir para poner en práctica lo que tantas veces hemos dicho en las manifestaciones: ¡que se vayan! Hay que echar a los responsables del robo de los presupuestos públicos, de los recortes y las privatizaciones, de los desahucios, de la reforma laboral y de las pensiones, de la deuda ilegítima, de la represión a los luchadores sociales, a los que niegan a las nacionalidades como Cataluña el derecho a decidir su destino.

Vamos a hace campaña por las candidaturas municipales impulsadas y apoyadas por «Andalucía desde Abajo», como «Participa Sevilla» o como «Ganemos Tocina-Los Rosales», la candidatura de la vega sevillana comprometida en cuerpo y alma con la lucha de los jornaleros y los sectores más humildes. Vamos a hacer campaña en Madrid por «Ahora Madrid», «Ganar Torrejón», «Rivas puede» o «Ganar Alcorcón». En Cataluña vamos a hacer campaña y apoyar a candidaturas como la «Crida per Sabadell» o «Guanyem Cornellà-Crida per Cornellà» y, en general, todas aquellas candidaturas comprometidas con las reivindicaciones populares y los derechos nacionales.

Vamos a dar nuestro apoyo a todas las candidaturas construidas desde abajo para echar fuera a los alcaldes del PP, y a los de partidos como CiU o PNV en las nacionalidades. Y, por supuesto, para quitarnos de encima a los alcaldes del PSOE, corresponsables de aplicar las políticas de la troika.

Poner los ayuntamientos al servicio del pueblo

Ganar las elecciones municipales es un primer paso que nos debe permitir detener los desahucios, parar la privatización de los servicios públicos, garantizar luz, agua y alimentación a todas las familias o poner en marcha auditorías de la deuda y echar luz sobre los casos de corrupción. Pero no hay que olvidar que para avanzar será necesario expulsar de los ayuntamientos a las grandes constructoras que, con sus filiales, monopolizan los servicios públicos municipales a costa de los derechos de sus trabajadores y de la calidad del servicio. Que habrá que plantarse y no pagar la deuda ilegítima que ahoga a los municipios. Del mismo modo, debemos tener en cuenta las fuertes limitaciones a que están sometidos los municipios, atenazados por la ley de racionalización del PP que lamina sus competencias y por el sometimiento financiero a los dictados del ministerio de Montoro. Hay que acabar con esas leyes.

Pero lo más importante es ser conscientes de que, más allá del voto, la clave del cambio real está en la fuerza de la movilización: en la lucha de las mareas en la sanidad y la educación, en el activismo contra los desahucios, en la lucha de los compañeros de las contratas de Telefónica, de Coca-Cola, Madrid Río o UPS, en las mujeres en lucha o en la juventud antifascista… Solo apoyándose en esa fuerza de base vamos a poder parar los desahucios, revertir las privatizaciones, tener unos servicios públicos de calidad y poner coto al despotismo de los patronos.