Fin del Estado de Alarma, pero no de la pobreza y la desigualdad | La otra cara de la pandemia

Cuando llegó la pandemia, no era nuevo ni este gobierno podía ignorar cuando se puso al mando, que nuestro país estaba a la cola de inversión en gasto social en Europa. Por debajo del conjunto de los 27 del gasto en discapacidad, tercera edad, familia, infancia, inclusión y sobre todo vivienda, donde el Estado casi no existe, según los datos de Eurostat.

Y no nos referimos al gasto bruto donde como es lógico, países más ricos que España como Francia o Alemania gastan más, sino en relación con su PIB o riqueza nacional. La única excepción es en protección por desempleo, donde pagamos caro el alto índice de paro desde la crisis de 2008, gastando más que el promedio.

No era difícil por tanto prever las colas del hambre que estamos viviendo, ya que la pobreza tenía un terreno abonado antes del virus. La propia Comisión Europea advirtió hace un año de que la crisis provocada por la pandemia iba a incrementar los niveles de pobreza y exclusión social en el Estado español, en particular entre las familias con hij@s.

Esta desigualdad es también la que explica que, en distritos como Vallecas, cuya renta per cápita es de un 36% del promedio del distrito de Chamartín, sus vecin@s tuviesen un 68% más de probabilidades de contraer la enfermedad, que en los distritos más ricos. Por eso no nos hemos cansado de decir, que, aunque el virus no entiende de clases sociales, los gobiernos sí lo hacen

Un escudo social que fue, de papel para los de abajo….

En el medio de su «nueva normalidad», lo@s trabajador@s fuimos obligad@s a librar esta guerra contra la pandemia, con la única protección del llamado «escudo social», aprobado durante el Estado de Alarma y con el que este Gobierno -decía-, «no iba a dejar a nadie atrás.»

El problema es que para la clase trabajadora ese escudo social era «de papel». Unas medidas escritas en el papel, que o no se han traducido a la vida real o resultaron totalmente escasas e insuficientes.

También para pequeños autónomos del comercio y la hostelería, que son uno de los sectores más afectados por las restricciones de la pandemia, las ayudas han llegado tarde y mal, provocando el cierre o la quiebra de muchos negocios. Casi 800.000 personas cayeron en la pobreza severa con la pandemia y hay 10,9 millones de personas que viven con menos de 24 euros al día, mientras los multimillonarios españoles ganaron más de 26.000 millones; el triple del gasto sanitario.

Pese al discurso del gobierno, durante el Estado de Alarma no se han prohibido realmente los desahucios y las familias que pudieron acogerse a una moratoria en pagos de alquiler o de hipoteca, quedaron aún más endeudadas. Sólo en 2020 hubo más de 21.000 desahucios y se prevén muchos más cuando miles de familias tengan que enfrentarse a los pagos paralizados y más trabajador@s se vean en la misma situación de impago.

Tampoco se prohibió el corte de los suministros y han sido muchas las familias vulnerables a las que se les han cortado los suministros básicos, incluyendo la luz, en los peores meses de invierno. ¡Y si no, que se lo digan a las que viven en la Cañada Real de Madrid!. Igualmente, el bono social eléctrico al que se incorporaron unos 42.000 hogares durante el Estado de Alarma ya existía desde 2009. Una medida que no alcanza a l@s más vulnerables que no pueden pagar nada y deja fuera a much@s por los engorrosos trámites y estrictas condiciones que exigen las compañías eléctricas.

En cuanto a los ERTEs, otra de las medidas de dicho escudo social que han venido para quedarse y amenazan convertirse en un nuevo mecanismo de flexibilidad laboral, están suponiendo un trasvase gigante de dinero público a las empresas, mientras las familias afectadas ven disminuidos notablemente sus ingresos (¡y eso si tienen la suerte de cobrar!). Pero es que además ¡no han servido para detener la avalancha de cierres, EREs y despidos que estamos viendo y que este gobierno se ve ahora incapaz de evitar!

Y qué decir del Ingreso Mínimo Vital, que era la «medida estrella» para acabar con la pobreza extrema, pero que sólo ha llegado a 160.000 hogares de los 850.000 previstos y cuyo acceso, con las oficinas de la Seguridad Social cerradas, es una auténtica “gincana”. 

….Y de hierro para los de siempre

 En cambio, para proteger los beneficios multimillonarios de las grandes multinacionales, el escudo ha sido de hierro. El Estado ha desembolsado a las grandes multinacionales, miles de millones para aportarles liquidez, para el aplazamiento de impuestos, para avalar los créditos que han solicitado a entidades financieras o para coberturas aseguradoras. Y a eso se sumarán ahora los fondos de reconstrucción europeos, donde «el gordo» también le tocó a las empresas del Ibex 35.¡Una verdadera bicoca!

Y por supuesto, ni hablar de tocar el bolsillo de la Iglesia a la que seguimos subvencionando, de exigir a la Casa Real que devuelva lo robado, ni de pedir a los bancos el dinero del rescate anterior. Para colmo, la Banca pretende sanear sus cuentas en esta nueva crisis, con un macro ERE que supondrá decenas de miles de despidos y que dejará a muchos municipios pequeños sin oficinas ni cajeros.

¡Es hora de sacudirnos la resignación y el miedo y volver a las calles!

Esta semana el Gobierno aprobó un decreto que ampliará hasta el 9 de Agosto, varias de estas medidas del escudo social, una vez finalice el Estado de Alarma, así como la consideración como «servicio esencial», de la atención a las víctimas de violencia de género (¿acaso no debería serlo siempre?).

A esto se suma el anuncio de hace días, de que los ERTES se alargarán más allá del 31 de mayo, que es la última prórroga que se pactó en el marco del diálogo social.

Aunque Carmen Calvo diga que con estas medidas «todos los ciudadanos pueden estar tranquilos ante el fin del Estado de Alarma», la verdad es que poco o nada, cambiará la situación de la clase trabajadora y en especial la de los sectores más vulnerables, cuyo futuro se torna cada vez más oscuro.

Esta pandemia ha dejado en evidencia, no sólo la irracionalidad del sistema capitalista, sino de qué lado están y estarán SIEMPRE quienes gobiernan dentro de él, por más discursos y ropajes distintos que se pongan. Desde Corriente Roja, llamamos a sacudirnos la resignación y el miedo y a volver a las calles hasta arrancar al gobierno PSOE-UP y todos los gobiernos autonómicos, las medidas del plan de choque sanitario, social y económico que NO aprobaron y que la clase trabajadora y en especial la juventud, los sectores inmigrantes y las mujeres, necesitamos, para salir de esta crisis.