El año pasado por estas fechas, Pablo Iglesias ya vicepresidente del gobierno, reivindicó a los que pelearon por los valores republicanos a principios del siglo XX, que «fueron los pioneros de nuestra democracia». Pero ¿de qué democracia hablamos?, porque ya se ha visto que la II República era, como democracia capitalista, superior cualitativamente a la democracia actual vigilada por las instituciones heredadas del régimen que destruyó la II República; la Monarquía borbónica a la cabeza del ejército y el poder judicial.

O como ya es normal en Iglesias, la ambigüedad calculada del concepto “nuestra democracia” le permitiría decir ante las críticas que no es “nuestra”/ “su” democracia. Esta ambigüedad en los términos es la seña de identidad de un partido, Podemos, y de una corriente, la “nueva política” que se encaramó en las espaldas de los que el 15M gritaron, “le llaman democracia y no lo es”.
¿Republicanos en un gobierno de la Monarquía?
Desde el 2014 era evidente que el régimen precisaba sangre nueva, pues su desprestigio aumentaba de manera exponencial. Los efectos combinados de la crisis económica y social, de las movilizaciones obreras y populares que cristalizaron en marzo con las manifestaciones de las Marchas de la Dignidad y la corrupción de la Casa Real, provocaron la dimisión/abdicación del Jefe del Estado, el rey Juan Carlos.

Los viejos aparatos políticos vivían en un “sin vivir”, especialmente los dos partidos que habían sido el sostén del régimen desde la clase trabajadora y l@s oprimid@s, el PSOE e IU/PCE. La irrupción del 15 M fue la ruptura de millones de jóvenes y no tan jóvenes con estos partidos, abriendo la puerta para la entrada en liza de nuevas organizaciones políticas, sindicales y sociales.

Las MMDD que eran un conglomerado de pequeñas organizaciones políticas, sindicales y sociales renunciaron a dar el paso para aparecer como un polo de la clase obrera ante el desbarajuste social que el 15M había provocado, al enzarzarse en peleas internas que condujeron a su desaparición como lo que podían haber sido, una alternativa obrera y popular a la crisis de los viejos partidos y sindicatos.

En la sociedad, como en la física, el vacío no existe, el espacio a la izquierda del régimen fue ocupado por un nuevo partido, PODEMOS, que tras una fraseología aparentemente rupturista escondía todos los males de la “nueva política”; una teoría que renunciaba abiertamente a la lucha de clases, reducida a una “disputa por los espacios y el discurso”, y al programa de transformación social; renuncia adornada con frases altisonantes como la de “asaltar los cielos”, que sin una referencia expresa a la lucha de la clase obrera se convierte en un saludo a la bandera, vacío de contenido.

La deriva de este partido es de todos conocida; el año pasado llega a un acuerdo con el PSOE para formar un “gobierno progresista de coalición”. Los que decían hablar en nombre del 15M, que habían gritado hasta la saciedad que “le llaman democracia y no lo es”, pactan un gobierno con uno de los principales apoyos del régimen del 78, el PSOE. Vuelven, como si fueran ayer, los fantasmas del Frente Popular, cuando las organizaciones obreras aceptan los límites de defensa del sistema burgués que la pequeña burguesía de Izquierda Republicana, y los partidos burgueses catalanes y vascos.

Hoy los “republicanos” de Podemos pactan con el “monárquico” PSOE que no se tocarán los límites del régimen del 78; ellos se dedicarán a los “problemas sociales”, mientras los problemas políticos quedan en manos de los ministros socialistas, que garantizan una buena relación con las instituciones del régimen, comenzando por la monarquía, y la UE.

Como si de los viejos “economistas” de Lenin se tratara desde Podemos consideran que a la clase obrera y al pueblo solo les interesa los asuntos económicos y sociales, el empleo y los derechos sociales; los asuntos políticos son cosa de los políticos y al “vulgo” no le interesan los “grandes” temas políticos como las libertades democráticas, el régimen, etc. En estas condiciones de reparto de trabajo, es evidente que es posible un gobierno de coalición entre “republicanos” en los días de fiesta, pero “monárquicos” en los hechos.

Cualquiera que tenga una concepción no paternalista de la lucha política “rechazará con indignación todos esos razonamientos sobre la lucha por reivindicaciones que “prometan resultados palpables” (Lenin, ¿Qué hacer?), que solo sirven para justificar una política que conduce a ser el sostén de un régimen burgués y corrupto.

Y continúa Lenin, “no somos niños (los trabajadores y trabajadoras) a los que se pueda alimentar solo con la papilla de la política “económica”; queremos saber todo lo que saben los demás, queremos conocer detalladamente todos los aspectos de la vida política y tomar parte activa en todos y cada uno de los acontecimientos políticos”, porque como demostró el 14 de Abril y julio del 36, nos va literalmente la vida en ello. Las libertades políticas, el régimen bajo las que se desarrolla la lucha de clases son la esencia de esa lucha.

La libertad de la clase trabajadora no se resume en “los resultados palpables” de la lucha económica, sino en los objetivos que como seres humanos tienen de liberarse a través de la transformación socialista de la sociedad, frente a un sistema que los deshumaniza y los oprime.

Los herederos del 14 de Abril no son aquellos que reivindican una República que fue un cascarón vacío y un freno a la revolución socialista, sino los que recogiendo las esperanzas e ilusiones de la clase obrera y l@s oprimid@s, de libertad y fin de la explotación, manifestadas esas jornadas, defendieron con su vida que solo el socialismo, la lucha por el poder de la clase obrera y el campesino pobre podía frenar al fascismo.

A los hechos nos remitimos, a 90 años del 14 de abril de 1931, seguimos viviendo las consecuencias de la inconsecuencia de los que autoproclamándose “comunistas” y “socialistas” desarmaron a los obreros “bajo pena de fusilamiento”, como dijera el presidente de la burguesa II República, Casares Quiroga en los días del golpe militar.
¿Echar a la Monarquía, por ladrona o por antidemocrática?
Dijo Valle Inclán que “Los españoles han echado al último Borbón no por Rey, sino por ladrón», en una frase que se refería a Alfonso XIII y que se ha repetido en el 2014, cuando Juan Carlos I abdicó/dimitió del ejercicio de su cargo.

Pero esta es la desgracia que el Estado español ha sufrido desde la restauración monárquica tras la I República; no se expulsa a los reyes por ser una institución anacrónica que basa su existencia en un derecho de sangre, contradictoria por el vértice con cualquier criterio mínimamente democrático, de capacidad de decisión de los pueblos. Y si esto es aplicable a cualquier monarquía, sea la británica, la holandesa o la japonesa, el caso del Estado español tiene “más delito”.

La Monarquía española actual fue reinstaurada por el régimen de Franco, que desde los años 50 acunó al que sería su heredero al frente del Estado, Juan Carlos I con todas las consecuencias, es el Jefe del Estado Mayor de un Ejército que no fue depurado de militares golpistas, sino que se les ascendió, con la tarea constitucional de “mantener la integridad de la patria española”.

Frente a los que intentan equipararla al papel simbólico de otras monarquías mienten como bellacos; los acuerdos que dieron base a la Transición certificaron un papel activo del monarca en la política diaria como garantía de que el ejército intervendrá si ve en peligro la “unidad de la patria”. Y eso fue lo que empujó a Felipe VI, heredero del rey “a la fuga”, a salir en TV el 3 de Octubre del 2017, tras los acontecimientos de Catalunya, gritando “a por ellos”.

Es más, el régimen monárquico del 78 es la forma que tiene la burguesía de organizar la explotación de los trabajadores y trabajadoras hasta el punto de que en estos casi 40 años el retroceso en las condiciones de vida ha sido sistemático con todos los gobiernos que se han sucedido estos años, a través de las sucesivas reconversiones industriales, reformas laborales, de las pensiones, de la legislación sobre la vivienda, etc., etc.

En la Transición se robó a los pueblos del estado el derecho a decidir entre “Monarquía o República”, porque sabían que lo perderían y tuvieron que montar el golpe del 23F para legitimar a un rey puesto por Franco en el referendo de sucesión de 1969; es hora de que la población trabajadora pueda decidir bajo qué régimen quiere vivir.

Pero a la Monarquía hay que echarla no solo “por ser ladrona” como decía Valle Inclán, sino por ser una institución antidemocrática que garantiza los derechos de los capitalistas a explotar a la clase obrera y saquear a los pueblos. Que una parte de estos beneficios caigan en la mesa real, en forma de comisiones o asignaciones de la Casa Real con cargo a los presupuestos que paga toda la clase trabajadora, es el pago por sus servicios.

Una sociedad democrática no puede admitir que nadie, por mucha “sangre azul” corra por sus venas tenga unos privilegios por derecho de sangre, y mientras la sociedad española no se libere de ese anacronismo paternalista que la infantiliza, no podrá avanzar en el camino de la transformación socialista de la sociedad.