Una de las grandes medallas de las que ha presumido el gobierno de PSOE-UP al hacer el balance del año ha sido la aprobación de la nueva ley educativa LOMLOE, conocida como “Ley Celaá”. La Moncloa pretende vender este nuevo decreto como una gran victoria, aprovechando que la comunidad educativa lleva años reclamando la derogación de la anterior ley aprobada por el gobierno de Rajoy (la famosa LOMCE o Ley Wert).

Si bien es cierto que las propuestas más descabelladas de la ley del PP se retiran por fin (como las famosas reválidas, el castellano como lengua vehicular o el menosprecio hacia las asignaturas “no troncales” como arte o filosofía), la LOMLOE sirve para poco más que para recuperar con modificaciones el texto aprobado por el gobierno socialista en 2006, la LOE (Ley Orgánica de Educación). De hecho, podríamos decir que la mayor conquista de la nueva ley Celaá son los abucheos y rabietas sin sentido de la derecha y la Iglesia, porque aparte de eso, poco más hemos conseguido.

Esta ley deja los puntos clave del sistema educativo tal y como estaban, y no reconoce ninguna de las reivindicaciones que el movimiento estudiantil ha venido exigiendo los últimos años. En sus partes más progresivas, no es más que un listado de propuestas esbozadas como posibilidades sin definición ni presupuesto de ningún tipo. En definitiva, un texto más que se añade a la interminable lista de leyes educativas que se han aprobado en los últimos años y que, como todas las anteriores, queda muy lejos de garantizar una educación 100% pública y gratuita, de calidad y en igualdad.

En primer lugar, lo de educación 100% pública ni se contempla. El Estado español es el país con más escuelas concertadas de la Unión Europea, siendo el 30%, frente a la media del 14,3% de la UE. Los centros católicos, el 60% de los concertados, reciben cada año 4.866 millones de euros. Nada de esto cambiará, el drama teatral organizado por la derecha y la concertada es puro teatro, seguiremos pagando entre tod@s para que unos pocos hagan negocio con la educación robándole recursos a la pública.

Por un lado, la ley aprobada no se propone en ningún caso reducir las ratios, lo que es una medida imprescindible para garantizar una educación de calidad. Continuaremos siendo 25 alumn@s por docente en primaria, 30 en secundaria y 35 en Bachillerato, desoyendo por completo a la comunidad educativa incluso ahora que el COVID ha hecho aún más evidente la barbaridad que es tener 30 estudiantes en clase. La reducción de la ratio conlleva necesariamente la contratación de un número significativo de docentes, algo de lo que por supuesto tampoco se habla. De manera que, en la práctica, se pretende “enriquecer el currículo” sin los recursos humanos y materiales necesarios para ello y con un profesorado sobrecargado.

Pese a que la lucha por una educación en igualdad ha arrastrado a millones de estudiantes a las calles en los últimos años, tampoco se asume está reivindicación. En el texto se repite la intención de trabajar desde una “perspectiva de género”, pero esta afirmación no sólo no se concretiza sino que se contradice con otras partes del texto mucho más explícitas. La Iglesia continuará omnipresente en las aulas, pues se reconoce el derecho de los padres a que sus hij@s reciban una educación en concordancia con sus creencias religiosas y la segregación por sexos se podrá financiar con dinero público. Incluso será obligatorio para los centros públicos ofrecer la materia de religión. Se trata de una enorme irresponsabilidad por parte del gobierno de PSOE-UP, pues estas medidas no sólo podrían permitir plantear nuevos “Pines parentales” sino que continúan sin garantizar una educación sexual y afectiva en igualdad y para la diversidad. Dejando la salud y la vida de las jóvenes y LGTB sin protección ni acompañamiento.

“Esto nos pasa por un gobierno facha” era una de las consignas más repetidas en las movilizaciones durante el gobierno de Rajoy, pero ni siquiera el gobierno “más progresista de la historia” garantiza una educación pública de calidad si la movilización en la calle no le obliga. Por eso, hoy más que nunca es necesario recuperar la fuerza de la comunidad educativa organizándola.