El 2 de agosto, el “emérito” se escapaba a los Emiratos Árabes Unidos, tras las declaraciones de la que había sido su amante implicándolo en cobros de comisiones en Arabia Saudí. La fiscalía lo ha librado de ser imputado, puesto que cuando se cometieron los hechos estaba bajo el amparo de la “inviolabilidad” constitucional con la que le protegieron.

Ahora salen a la luz dos nuevas noticias; la utilización por casi toda la familia real de unas “tarjetas de crédito opacas”, con cargo a una cuenta que alimenta un empresario mexicano, y que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales ha localizado una fortuna oculta del Rey emérito en la isla de Jersey.

La Constitución del 78 establece, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. El Borbón, con el pacto de silencio que se estableció a su alrededor, hizo una lectura extensiva de esta “inviolabilidad”; era la forma actual del derecho de pernada, según el cual un señor feudal, “de horca y cuchillo”, tenía poder sobre la vida de todos sus siervos y súbditos.

¿La justicia va a ir hasta el fondo?

En el marco de una crisis social, política y económica como la actual, que en los tiempos que vienen se va a profundizar tensando todas las costuras del sistema capitalista y el régimen del 78, el que le permitieran hacer y deshacer a su antojo al “Borbón” se ha convertido en una verdadera pesadilla: la Casa Real puede apartarse todo lo que quiera, pero durante decenios vivieron a la sombra de los negocios del “emérito”, y eso puede estallar en cualquier momento.

Cuando Juan Carlos abdicó, tuvieron que hacer una costura a las prisas, aprobando una ley orgánica para  garantizarle por lo menos un aforamiento, puesto que mantener dos “inviolabilidades”, la de Felipe VI y la de Juan Carlos suponía cambiar la Constitución, que dice literalmente, “la persona del Rey”. Si se hubiera quedado quieto, lo tenían todo controlado, pero es un “Borbón” descendiente de Luis XIV y educado por Franco; y eso se lleva en la sangre. Tuvo que utilizar, él y parte de la familia, tarjetas opacas… y para eso no llega el aforamiento.

Mientras la población se hunde en la pobreza, el paro y la precariedad, la familia real vive, como no podía ser menos, a cuerpo de rey a costa del dinero de los que ven cómo pierden sus puestos de trabajo, los expulsan de sus casas o les cortan la luz. El abismo entre los “borbones” y el pueblo comienza a ser tan grande como el que llevó a los franceses a levantarse el 14 de julio de 1789. Sólo falta una “Maria Antonieta” que ante el hambre del pueblo, diga, “que coman pasteles”.

Pero no tienen por qué preocuparse por la justicia; como mucho buscarán un “Urdangarín” al que cargarle el mochuelo. La justicia española está para encarcelar a un “robagallinas”, a políticos catalanes, a sindicalistas, a titiriteros, a independentistas gallegos, no para perseguir a “eméritos”, a banqueros, a empresarios corruptos, etc…

¿Qué va a perseguir una justicia que absuelve a un violador porque la víctima se “preparó” llevando la ropa interior roja? ¿Qué va a perseguir una justicia que considera prescritos delitos que según la ONU son imprescriptibles, como los de lesa humanidad cometidos por ministros y torturadores del franquismo?

Por la justicia popular

La “justicia” española, basada en ese trípode que es el Tribunal Supremo, el TOP/Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional es uno de los pilares del régimen de la Transición, junto con el ejército y la Casa Real. Está claro para cualquiera que la “justicia” no va a ir contra uno de los pilares del régimen, el “emérito” y la familia real; tocaría las bases del régimen y ese no es su papel. Al revés, es el de protegerlo como sea y a costa de lo que sea. Por ello, llamar a confiar en “comisiones de investigación” que no hacen nada, a que los jueces resuelvan con justicia, etc…, no sólo es ingenuo, sino que supone engañar a la población con falsas salidas.

No es la justicia heredera del franquismo la que tiene que juzgar al heredero de Franco, es la clase trabajadora, los pueblos del Estado, que han sufrido y sufren un insulto constante desde la familia real, la que debe juzgarle, pero no sólo por los delitos financieros de los que se le acusa; sino por haber sido Jefe de Estado en un régimen nacido de la amnistía de los crímenes de la dictadura, que le implica a él personalmente. Juan Carlos, desde 1969, es el heredero “legal” de Franco, lo que le convierte en parte activa de los crímenes de la dictadura desde ese momento.

La justicia burguesa podrá, en el mejor de los casos, buscar alguna “cabeza de turco”; pero esto no llega para que la clase obrera y los pueblos dejen de luchar, primero por la prisión para los corruptos comenzando por el “emérito”, segundo, por la incautación de todos sus bienes y cuentas corrientes, en el Estado y en paraísos fiscales, y tercero, por la derogación de la Ley de Amnistía que les ampara, y así responder por su papel en los crímenes del franquismo.

Como la justicia no va a hacer nada de esto; sólo la movilización independiente por la apertura de un proceso constituyente que suponga la ruptura con el pasado franquista y sus instituciones, puede garantizar que se hace justicia de verdad.