El 28 de septiembre en muchos países se reivindica el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto. En esta jornada de lucha, las mujeres exigimos el acceso a la interrupción del embarazo en centros médicos, de manera legal, segura y gratuita, con el fin de proteger nuestras vidas. Exigimos el fin de todas las leyes que encarcelan y procesan mujeres por abortar.

La crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid no nos encontrará en las calles del mismo modo que en años anteriores, pero la necesidad de este derecho sigue tan vigente como antes.

En el mundo, el 40% de las mujeres en edad fértil viven en países donde las leyes prohíben el aborto total o parcialmente o donde, aunque sea legal, no se cuenta con servicios o son completamente inaccesibles obligando también a recurrir a abortos inseguros.

La despenalización del aborto es una lucha por la vida de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año en el mundo se realizan 25 millones de abortos inseguros 760,000 mujeres reciben atención médica por complicaciones relacionadas a abortos inseguros y mueren al menos 22.800 de ellas.

Las mujeres pobres, rurales, pertenecientes a minorías étnicas, migrantes, jóvenes y menos educadas son aquellas que tienen mayor riesgo de complicarse y morir, datos de algunos países muestran que cerca del 70% de complicaciones se da en estos grupos. Igualmente, son estas mujeres las más vulnerables quienes con mayor frecuencia son procesadas por delito de aborto en los países que esto sucede, ahondando más la brecha de la desigualdad y castigándolas doble y triplemente. Esto muestra una marcada desigualdad de clase en la cual la mujer que tiene los medios económicos puede pagarse un aborto clandestino pero seguro o viajar a un país con una legislación más amplia, mientras que la que no puede tiene que elegir entre un aborto inseguro y la maternidad forzada.

Otros datos como los del instituto Guttmacher hablan de cerca de 40 millones de abortos anuales. El 97% de estos abortos inseguros se realizaron en Latinoamérica, África y Asia. Sólo en Latinoamérica, se realizan 6,5 millones de abortos por año.
La lucha por la legalización del aborto en el mundo
En Latinoamérica y el Caribe únicamente tres países permiten la interrupción del embarazo independientemente del motivo por el que se realice: Guyana, Uruguay y Cuba.

El pasado año en México se sumó la ciudad de Oaxaca la ciudad de México, con una legislación donde el aborto es permitido por cualquier causa hasta la doceava semana. Este caso se suma a Puerto Rico y a Colombia donde se permite interrumpir el embarazo no sólo por causales físicas, sino también por salud mental y ante una violación, pero dadas las múltiples barreras de acceso que hay cerca del 90% de abortos continúan siendo ilegales por lo que diferentes organizaciones están luchando por la despenalización total.

En diciembre de 2019 Costa Rica consiguió, luego de años de reclamar, la Norma Técnica que regula el aborto terapéutico únicamente cuando está en riesgo la vida de la madre o por malformaciones incompatibles con la vida.

En seis países de la región (El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana, Surinam y Nicaragua) el aborto no es permitido bajo ninguna circunstancia.

El Salvador es uno de los países del mundo con la legislación más represiva sobre el tema, y se vive una verdadera persecución contra las mujeres pobres. Muchas son denunciadas y presas incluso por abortos espontáneos. Algunas mujeres han sido condenadas hasta por 40 años de prisión por practicarse un aborto, dado que las acusan falsamente de homicidio.

En otros, como Paraguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Guatemala y Dominica se encuentra criminalizado y sólo se permite cuando haya riesgo de muerte para la mujer. Ecuador acaba de votar una ley que permitiría el aborto cuando la madre o el feto se encuentren en peligro inminente, sin embargo, ésta limitada legislación no ha entrado aún en vigor porque Lenin Moreno se niega a dar la firma presidencial para que entre en vigencia.

Hace unos meses Brasil se ha visto sacudido por el debate de la legalidad del aborto con más fuerza. El caso de una niña de 10 años que había sido violada sistemáticamente por su tío, y a quien la propia gestación y parto ponía en peligro de muerte generó mucho debate y posicionamientos. Sectores de derecha y la propia Ministra Damares (Ministerio de la mujer, la familia y los DDHH) intentaron impedirle la interrupción del embarazo, que en casos de violación es legal en ese país.

La movilización del movimiento de mujeres logró que la pequeña pudiera realizar el procedimiento, sin embargo, luego el gobierno de Bolsonaro ha sancionado un decreto que endurece las medidas para acceder a ese limitado derecho.

En Chile luego de mucha lucha se consiguió en 2017 revertir un poco la legislación que criminalizaba el aborto desde 1990, cuando estaba terminando el gobierno de Pinochet. La limitada legislación permite hace 3 años abortar sólo en tres causales (peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación) sin embargo, aunque ha sido sancionada con una presidenta, Bachelet, la norma permite la objeción de conciencia del personal sanitario lo que lamentablemente es una causa fundamental para no dar acceso a la gran mayoría de las mujeres que lo necesitan.

En un estudio reciente se confirmó que el 51% de los médicos obstetras del sistema público de salud se declara objetor de conciencia, que quienes reciben a las mujeres “no les creen” y se niegan a atenderlas. Se estima que el 10% de las violaciones puede terminar en un embarazo y entre 2010 y 2018 hubo 174.000 denuncias, pero desde la sanción en 2017 hasta finales de 2019 sólo 150 mujeres han abortado por esta causa. Eso muestra claramente que ese limitado derecho no se está garantizando en el país cordillerano.

La lucha de las mujeres en Argentina en 2018 repercutió en el mundo luego de grandes movilizaciones en todo el país y concentraciones de más de un millón de personas en la capital exigiendo la legalización del aborto. Aunque el Parlamento les dio la espalda, se convirtieron en un referente que avivó la lucha en diferentes países.

En el Estado Español, al igual que en otros países de Europa, el aborto es legal dentro de plazos determinados. Sin embargo, sigue estando dentro de una serie de restricciones del Código Penal, obligando a un “periodo de reflexión” de tres días, siempre bajo tutelaje y en muchas ocasiones la “información y asesoramiento” previo es administrado por organizaciones “pro-vida”.

De igual manera, no es público y gratuito por cuanto el 90% de los abortos se realizan en centros privados. Existen comunidades autónomas que no lo practican o imponen barreras para hacerlo, obligando a las mujeres a desplazarse a otras localidades. Además, que la Ley reconoce la “objeción de conciencia” del personal sanitario, con lo que se niega también el acceso a la atención sanitaria de las mujeres.

En EEUU la lucha es por defender lo conquistado, Donald Trump ha declarado varias veces su deseo de volver a penalizar en todo el país el aborto y junto a sectores conservadores, evangélicos y de derecha han librado una cruzada “anti abortista” desde que ha tomado el control de la Casa Blanca. Si bien no ha logrado aún ese objetivo, sí pudo conseguir aplicar restricciones en determinados estados, desfinanció a las organizaciones que practican el aborto o ayudan con los trámites y modificó la composición de los tribunales nombrando muchos jueces autodenominados “pro-vida”.
El derecho al aborto en tiempos de pandemia
La desesperante situación de la pandemia en el mundo y el colapso de todos los sistemas de salud dificultan aún más el acceso al aborto donde es legal. A las ya anteriores restricciones o desfinanciamiento de los gobiernos sobre el tema se suma ahora la imposibilidad de dar respuesta a la salud de la población mundial.

Las necesidades de interrumpir un embarazo no deseado no han cesado con el coronavirus, muy por el contrario, van en aumento. Esta decisión personal e íntima que solo corresponde a la mujer está mediada muchas veces por condiciones sociales y económicas. El crecimiento exponencial del desempleo, la crisis sanitaria y económica, el aumento de la violencia doméstica y la cuarentena que confinó a miles de mujeres y niñas junto a sus agresores son motivos para tener acceso a la interrupción legal del embarazo.

Sin embargo, los gobiernos muestran su verdadero rostro y no garantizan si quiera los derechos ya conquistados. En el Estado Español la Atención Primaria en salud está colapsada y eso vulnera el derecho al aborto. Este propio 28 el personal sanitario de Atención Primaria en Madrid estará realizando una huelga, la que cuenta con toda nuestra solidaridad.

Los obstáculos para legalizar el aborto no son exclusividad de los sectores de derecha como Bolsonaro o Trump, sino también de aquellos gobiernos que posan de progresistas o “feministas”. El caso de Argentina vuelve a ser emblemático, luego de las masivas movilizaciones y de que la campaña electoral de Alberto Fernández prometía tomar la reivindicación del aborto, en la actualidad el proyecto está paralizado y el gobierno usa la pandemia para negar este derecho tan reivindicado en las calles.

Alegando un sistema sanitario colapsado, el presidente plantea que no es momento de legalizar el aborto. En lugar de dejar de pagar la deuda externa e invertir en la salud pública, Fernández prefiere que las mujeres sigan muriendo y exponiéndose a la clandestinidad que se lucra con su sufrimiento.

El aborto legal es un derecho tan necesario para salvar la vida de las mujeres, las niñas y las personas gestantes, aún en tiempos de pandemia ese derecho debe ser conquistado. No hay excusas para seguir dejándonos morir o encarcelándonos.
Acceso a educación sexual laica y anticonceptivos modernos
Que los países donde está penalizado, tengan tasas más altas de abortos se explica por el poco acceso a la educación sexual y a los anticonceptivos modernos. También es un dato que demuestra que la prohibición del aborto no lo previene, sino que causa muertes de mujeres, y que quienes se llaman “provida” en realidad no tienen interés en la misma.

Por ejemplo, en los países semicoloniales se estima que son 214 millones las mujeres con necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos, es decir, que no tienen acceso a ningún método, aunque lo deseen o que utilizan métodos tradicionales y menos efectivos.

Solo en Latinoamérica y el Caribe, el 56% de los embarazos son no deseados, y se calcula que cada año son 99 millones de embarazos no planeados en el mundo. De ellos, al menos el 56% terminan en abortos.

En los países semicoloniales, el 84% de las gestaciones no deseadas ocurren entre las mujeres con una necesidad insatisfecha de anticonceptivos.

En muchos países la educación sexual en las escuelas públicas no existe y en otros, como en el Estado Español es una actividad extraescolar, insuficiente, puntual, voluntaria y con un enfoque centrado en la reproducción.

La lucha hoy es por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito; pero, además, a educación sexual científica y laica en las escuelas y centros de salud, a anticonceptivos gratuitos, a programas de planificación familiar y demás medidas enfocadas a evitar embarazos no deseados.
Conquistar la legalización del aborto con la lucha
La lucha sigue siendo por la vida de las mujeres. En Argentina las mujeres dieron un ejemplo de cómo encarar esta lucha. Sin embargo, las organizaciones feministas que dirigieron esa gran “marea verde” pusieron las esperanzas y expectativas de las mujeres en manos del parlamento y los acuerdos entre bloques legislativos. Lo que se ha demostrado no sólo insuficiente, sino que lleva a un callejón sin salida la lucha grandiosa de las mujeres y los sectores de la sociedad que masivamente salieron a apoyarlas.

Muchas de esas organizaciones hoy tienen una incorporación al gobierno de Fernández, bajo el discurso del «empoderamiento», siendo así parte del Pacto Social proponiendo la inmovilidad y alejándose de esa manera cada vez más de las necesidades urgentes de las mujeres pobres y trabajadoras.

La pelea está en las calles, sin confianza alguna en los parlamentarios o los gobiernos. Pero lejos de ser una lucha sólo nuestra, debe ser apoyada por el conjunto de la clase trabajadora, con sus organizaciones en las calles.

Incluso en los años recientes, existe una ofensiva en diferentes países de sectores conservadores y la Iglesia para restringir aún más o evitar las reformas sobre el tema del aborto.

Y donde se han frenado estos ataques, ha sido por la resistencia del movimiento de mujeres. Pero hace falta avanzar más, que la clase trabajadora tome esta bandera y avance hasta acabar con las legislaciones que condenan a la muerte y persecución de las mujeres, principalmente las más pobres.

Bajo el capitalismo, no está garantizado el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad de forma digna, y esto en muchos casos es lo que las obliga a recurrir al aborto, incluso en contra de sus propias convicciones ideológicas y religiosas. Así como la ilegalidad del aborto obliga a la maternidad a aquellas mujeres que no tienen el deseo de ser madres.

Por otra parte, se niega el derecho a una educación sexual y anticonceptivos gratuitos, además de negar o restringir la posibilidad de practicarse un aborto seguro; ya sea por penalización en la legislación o por trabas y recortes en los sistemas de salud promovidos por los gobiernos a servicio de la burguesía.

La lucha por la despenalización y legalización del aborto es una lucha de toda la clase trabajadora, hombres y mujeres. Este 28 de septiembre tenemos que recordar a todas las mujeres que han sufrido y muerto por causa de los abortos clandestinos, pero además organizar la lucha para que el derecho al aborto sea garantizado por ley.

Para que ninguna mujer más sea perseguida, castigada ni ponga su vida en riesgo por abortar. Lucharemos contra las políticas de los sectores conservadores que quieren imponerse sobre los cuerpos de las mujeres. Y contra la hipocresía del Estado Burgués capitalista que niega el derecho al aborto, mientras es incapaz de garantizar a las trabajadoras la posibilidad de ejercer la maternidad de forma digna.

Seguiremos en las calles, sin confiar en los parlamentos, en los gobiernos o los tribunales de justicia burgueses; porque sólo con nuestra movilización y lucha arrancaremos este derecho.

Este 28 de septiembre, a pesar de la pandemia, seguiremos peleando por la vida de las mujeres al grito de: ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir!