Tras las informaciones publicadas en medios internacionales y la investigación en los tribunales suizos, los escándalos de corrupción de Juan Carlos I han alcanzado tales proporciones que ya no tienen forma de silenciarlos. Hasta el PSOE y el PP, los partidos que le han protegido incondicionalmente durante cuatro décadas, se ven obligados ahora a desmarcarse de sus tropelías para intentar así proteger al heredero y a la Monarquía. Incluso han activado la Fiscalía del Supremo para sacar la investigación de la Justicia suiza y evitarse sorpresas.

No es sólo la corrupción de un monarca, es la corrupción de un sistema

Los desmanes de Juan Carlos I no son, como se nos quiere presentar, algo ajeno a la Monarquía que él ha personificado durante 40 años, desde que fue coronado en las Cortes franquistas tras jurar los «Principios Fundamentales del Movimiento», hasta su deshonrosa abdicación en junio de 2014.

Si Juan Carlos I ha podido comportarse como un delincuente de altos vuelos desde el mismo inicio de su reinado es por dos razones. Una es la descarada impunidad que le concede la Constitución, cuyo artículo 56.3 dice textualmente: «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad«. La otra la indecente complicidad de la que ha disfrutado, tanto de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP como del resto de la cúpula de Estado y de los grandes medios de comunicación.

El ahora degradado rey emérito es el mismo que anteayer era presentado como «el mejor embajador de España». El mismo que se ha embolsado desde los años 80 fabulosas comisiones por la compra de cada barril de petróleo saudí, por la venta de armas españolas o por hacer de intermediario «regio» de las grandes firmas del IBEX 35 con las que comparte impunidad. El mismo que estaba detrás del «caso Noos». Y es también el mismo que estaba detrás del general Armada en el 23-F, pero fue después santificado como el gran «defensor de la democracia española».

La comisión de 100 millones de dólares cobrada por el contrato del AVE de Medina a La Meca es sólo la punta del iceberg de una fabulosa carrera de corrupción con la que ha podido acumular una de las mayores fortunas de Europa: 1.800 millones de euros, según publicaba el New York Times en 2012. Una fortuna manejada por testaferros en Suiza y en paraísos fiscales que le ha permitido llevar una vida marcada por el lujo, la disipación y el despilfarro más extremos, mientras en cada uno de sus discursos apelaba a la ejemplaridad moral.

La clave de bóveda del pacto de la Transición fue la permanencia en la jefatura del Estado de Juan Carlos I, el rey restablecido por Franco. Su «inviolabilidad» o, mejor dicho, su patente de corso para robar a manos llenas, formó parte del trato.

Un trato en el que el PSOE, el PCE y los partidos nacionalistas, a cambio de oficializar libertades y derechos ya conquistados en la calle, aceptaron la continuidad de los aparatos de Estado franquistas (ejército, cuerpos policiales, jueces y altos funcionarios), la amnistía de los crímenes del franquismo, la renuncia al derecho a la autodeterminación y la permanencia de los grandes negocios amasados bajo el franquismo.

La corrupción del rey emérito ha derivado en una crisis de Estado que embarra a Felipe VI y a la propia institución monárquica, amenazando abiertamente la arquitectura de la Transición.

Operación Rescate: ¡Salvar a la Monarquía!

El Gobierno trata ansiosamente de levantar un cordón sanitario alrededor de Felipe VI, del que remarcan su «conducta ejemplar». Lástima que los hechos no se apiaden del relato oficial. Felipe VI conocía, como mínimo desde marzo de 2019, la existencia de una fundación «offshore» con sede en Panamá y opaca al fisco español, de la que el rey emérito era titular y él mismo primer beneficiario. Pero no fue hasta un año después, cuando la prensa internacional lo había hecho público y ya no podía ocultarse, que emitió un comunicado expresando su «intención» de renunciar a la herencia que en un futuro le pudiera corresponder de fondos ilegales. Por supuesto, no denunció los hechos ni exigió una investigación judicial.

Felipe VI ha seguido cultivando las lucrativas amistades de su padre, con sus visitas a Arabia Saudí, Emiratos, Qatar o Kazajistán. Se gastó 467.000 euros en su luna de miel, sufragados por su padre y uno de sus testaferros. Y son conocidas sus amistades íntimas como López Madrid, yerno de Villar Mir, condenado por las tarjetas black de Bankia y «compi yogui» de la pareja real.

Su principal actuación política como Rey ha sido su discurso del 3 de octubre. Toda una declaración de guerra contra el pueblo de Catalunya por querer defender su derecho a decidir frente a una España unida a la fuerza. No es extraño que el 75% de catalanes rechacen la Monarquía. Ni tampoco que lo haga más del 50% en el resto del Estado, razón por la cual el CIS hace cinco años que no pregunta al respecto en sus encuestas.

El Gobierno y resto de altos poderes del Estado, buscan angustiados una salida negociada con la Casa Real, en la que no descartan “sacrificar algún dedo” si es preciso, para “salvar la mano”. Entre otras opciones, sopesan sacar al emérito de la Zarzuela, buscándole un exilio dorado o incluso excluirlo de la Familia Real, opciones todas ellas problemáticas, que requieren además la conformidad de Juan Carlos.

Sánchez, en una maniobra de distracción, ha lanzado la «reflexión» de estudiar un cambio constitucional para que la inviolabilidad del rey sea «sólo en las funciones propias de su cargo«. Pero esto no sólo es confuso jurídicamente, sino que él sabe que las condiciones extremas que la Constitución exige para esta reforma la hacen inviable.

PP y Vox por su parte, hacen propaganda contra Sánchez porque no defiende al Rey «con la firmeza necesaria«. Pero la verdad es justo la contraria, pues Sánchez está embarcado, junto a la Casa Real, en plena operación de salvamento de Felipe VI y la Monarquía.

Claman también contra Podemos porque según ellos, ataca a la Monarquía. Pero hay que leer con atención el pronunciamiento de Iglesias, que comienza alabando lo que él llama » la valentía de Sánchez y la sensatez de Felipe VI«. Después de pasarles la mano por el lomo y decir algunas verdades de Perogrullo como que no se pueden «desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey«, o que «resulta complicado ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación«, concluye diciendo que «no hay correlación de fuerzas» y que «un debate de esta naturaleza difícilmente puede traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político». Y que Unidas Podemos, aunque no le guste «está comprometido con la Ley». Es decir, que se someten gustosamente a una ley corrupta para seguir formando parte del gobierno y ejerciendo de ala izquierda del régimen.

Para luchar por un verdadero plan de rescate a la clase trabajadora: ¡echemos abajo este régimen monárquico corrupto!

Cuando el desempleo y la pobreza se extienden por los barrios populares, la violencia machista y el racismo aumentan y los rebrotes del coronavirus se multiplican, obligando a muchas a elegir entre contagiarse o el hambre. Mientras nos llaman a unirnos con la gran patronal y a confiar en la Europa de capital para «luchar juntos contra la crisis», intentan convencernos de que no vale la pena preocuparse ahora por los negocios sucios del rey emérito o por la lucha por la República.

Pero de la misma manera que unirnos con la gran patronal es la ruina de la clase trabajadora y que las «ayudas» de la UE son una soga en nuestro cuello, tenemos que rechazar a los que dicen que la suerte de la Monarquía no es asunto que nos deba inquietar. Si acabamos con esta Monarquía corrupta, dinamitaremos un régimen hecho a medida de los grandes empresarios del IBEX 35, en el que las viejas élites franquistas han pervivido y siguen medrando.

Llamamos a unir fuerzas para movilizarnos contra la monarquía corrupta, para exigir que devuelvan hasta el último euro robado, sean juzgados y paguen con la cárcel por sus delitos. Llamamos a unir fuerzas para luchar por un referéndum vinculante sobre la Monarquía. Llamamos a unir fuerzas para acabar con el régimen y toda su herencia franquista, para convocar a Cortes Constituyentes libres, sin las ataduras de la Constitución del 78 y respetuosas del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

¡Abajo la Monarquía corrupta!¡Referéndum ya sobre la Monarquía!¡Fuera el régimen monárquico del 78 y toda su herencia franquista!¡Elecciones libres a Cortes constituyentes!