En la “cumbre” que la CEOE está haciendo entre los grandes empresarios españoles se han escuchado tres ejes: uno, en boca del representante de Inditex, “la reforma laboral no se toca”; dos, en boca de Botín y otros, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, cotizan a la baja, hay que controlar los salarios y las vacaciones, “las tendrán si se puede y el que pueda” dijo uno; y tres, el representante de Ebro Foods, además de cargar contra la “paguita” del IMV, afirmó que “los impuestos no deben tener un carácter distributivo” y que “no se pueden subir a los empresarios”.
Este millonario, hijo de millonarios, que hicieron su fortuna con cientos de presos políticos del franquismo, puso blanco sobre negro cómo ellos ven que se debe financiar la salida de la crisis: menos “ociosidad” y que los impuestos lo paguen los de siempre, los trabajadores y las trabajadoras.
La deuda que se va a generar
La Unión Europea va a emitir deuda por valor de 750.000 millones de euros para financiar el “plan Marshall” que están negociando, dado que manejan datos de que la caída del PIB en la Unión va a ser del 12% y eso supone pérdidas millonarias en todos los sectores: por primera vez en su historia Inditex ha cerrado el primer trimestre con más de 200 millones de pérdidas netas.
Una emisión que, como impone el Tratado de Maastricht, va a servir para que los bancos y las entidades financieras, fondos de inversión y demás hagan su agosto, comprándola. Teniendo en cuenta que todas las constituciones europeas tienen la “prioridad absoluta” del pago de los intereses de la deuda, está claro que, de nuevo, en esta crisis “la banca gana”.
El reparto de los millones: la banca gana
Si llegan a buen puerto las negociaciones entre los diferentes estados de la Unión, encarriladas por el acuerdo entre las dos grandes potencias europeas, Alemania y Francia, y el “club de los frugales” (los “nórdicos”, Holanda, Austria, Dinamarca,…) no lo impiden, al Estado Español le “corresponden” 140.000 millones; el segundo tras Italia, por ser los dos lugares donde la pandemia golpeó más fuerte.
Según han negociado, 77.000 millones serían en subvenciones a fondo perdido, y los 63.000 restantes en forma de préstamos sujetos a las condiciones de devolución del artículo 135 de la Constitución. La parte que se asignaría a fondo perdido tendría condiciones desde la Comisión Europea: “no revertir la reforma laboral sino profundizarla para reducir la temporalidad y adoptar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones” (Invertia, 27/05/20), además de la adopción de “reformas estructurales”.
Antes de entrar a ver cómo van a financiar esta deuda, proponer que no se revierta la reforma laboral “sino profundizarla para reducir la temporalidad”, suena a chiste de mal gusto. La reforma laboral ha convertido el trabajo fijo en precario, que es otra manera de llamar a la temporalidad. ¿O en Europa no saben que una misma cosa se puede decir de distintas maneras, “trabajo precario=temporalidad”?
Sobre la segunda condición, “garantizar la sostenibilidad” de las pensiones. Ya es de todos conocido cómo lo hacen en el famoso “club de los frugales”, privatizándolas a través de la “mochila austriaca” o cualquier otro mecanismo ligados a fondos privados de pensiones, para luego capitalizarlas a base de inversiones en deuda de los Estados europeos.
Vaya, ¡qué casualidad! Encontramos a los del “club de los frugales” negándose a que la deuda vaya a subvenciones a fondo perdido, si no a préstamos a los Estados que comprarán entre otros, esos fondos de privados de pensiones. Este mecanismo hace que las pensiones de holandeses, austriacos, suecos, etc…, dependan directamente del saqueo de los trabajadores y trabajadoras de toda la UE; de todos y todas. No sólo los trabajadores y trabajadoras del sur son los que van a pagar los intereses de esa deuda con sus impuestos y los recortes en los servicios públicos, sino también los mismos que viven en el “club de los frugales” y sus jefes, Alemania.
Una deuda se convierte en un problema cuando no hay ingresos para cubrirla; si uno gana 3.000 euros mensuales y tiene una deuda de 1.000, no hay problema, tiene una liquidez de 2.000 euros. Pero si de los 3.000 se baja a mil y se mantiene la deuda, el problema es gordo.
El “club de los frugales” son los países más endeudados de Europa que tienen que financiar, pero la Unión Europea hace una trampa contable, no cuenta la deuda privada creada al privatizar los fondos de pensiones, sino sóolo la deuda pública; de ahí su interés por mantener la presión sobre los Estados del sur para mantener los ingresos de sus fondos de pensiones. Si estos ingresos no siguen entrando, todo su entramado contable explotaría, con consecuencias terribles sobre sus pensionistas, que viven de esa capitalización de los fondos de pensiones privados.
Por eso los dirigentes políticos de estos países apelan constantemente a la xenofobia, a llamar “vagos” a los del sur; tienen que tapar que son unas sanguijuelas que viven del ahorro de los “vagos del sur”. Y por eso el no pago de la deuda es una medida que dinamitaría su estabilidad social.
Así, en un movimiento circular, los 140.000 millones, como el conjunto de los 750.000 millones de deuda que va a emitir la Unión Europea, tienen que volver a las entidades financieras que la compraran, incrementadas con los tipos de interés que los mercados financieros impongan.
Es el sueño de todo financiero y especulador; por seguir la fórmula que Marx utilizaba para expresar la circulación del capital: D (dinero) – M (mercancía) – D’ (incremento de dinero) será sustituido por el D – D’. El dinero produce dinero, sin pasar por el aparato productivo. Y después hablan de la especulación en el Estado Español; por lo menos se construía algo (aeropuertos o autopistas), aunque no sirviera para nada.
El drama es que el dinero como forma monetaria del capital, lo tiene que generar alguna relación comercial; no crece en los árboles de la nada, sino que sale del trabajo humano, de la producción de bienes y servicios; y aunque durante algún tiempo pueda parecer que no es así, tarde o temprano la caída de los beneficios de una empresa o banco (las hipotecas subprime que eran fruto de la venta a crédito de un bien necesario, la vivienda, a gente que se sabia que no la podía pagar) o un virus como ahora, desmorona todo el edificio, y comienzan los problemas.
Pero a corto plazo, y esto es lo que a los capitalistas les interesa, las empresas subvencionadas, los bancos prestamistas y los fondos de pensiones / inversión interesados reparten beneficios. Lo que pueda pasar en el futuro no es de su incumbencia: tras de mí, el diluvio. “La banca gana”es el lema de todo neoliberal que se precie.
Otras maneras de financiar la salida de la crisis
Desde las fuerzas progresistas se insiste que “no hay que recortar y aplicar el control de déficit” (Alberto Garzón dixit), que sólo redunda en desmantelamiento de servicios públicos, y que lo que se impone ante estas crisis es aprender del pasado -los recortes fueron la causa del desborde y en casos colapso de los servicios sociosanitarios en la pandemia- y “aumentar los ingresos” para sufragar los costes de la deuda. Dicho de otra forma, establecer una nueva política fiscal.
Resurge así la “tasa Tobin” a los movimientos de capital financieros, como si fuera una medida revolucionaria; hablan de una tasa “google” para las industrias tecnológicas, impuestos verdes para también combatir el cambio climático. En un revival de las políticas fiscales que sustentaron el estado del bienestar, se proponen todo tipo de impuestos aparentemente progresivos, como los citados.
Pero es pura apariencia, puesto que no se tocan las fibras fundamentales que se introdujeron en los 80, cuando la contrarrevolución neoliberal derribó todos los sistemas impositivos progresivos y liberalizó los flujos financieros: los paraísos fiscales, los internos en la UE (Holanda, Luxemburgo, las SICAVs en el Estado Español, …) y los externos (Panamá, Isla Caimán, Bermudas, etc.), y el fomento de la utilización de los impuestos indirectos; especialmente el IVA, cuyo monto recaudatorio creció exponencialmente en la vía de sustituir como medio de financiación a los impuestos directos (IRPF), o sobre las sucesiones y el patrimonio. En este sentido Madrid, y ahora Andalucía, son verdaderos paraísos fiscales dentro del Estado, pues han abolido la cuota autonómica de ambos impuestos, con lo que los ricos tienden a trasladar su domicilio a Madrid.
Por eso, sin acabar con los paraísos fiscales internos y externos cualquier subida de impuestos a los más ricos y las grandes empresas sólo será un saludo a la bandera, puesto que con la liberalización en el movimiento de capitales no hay manera de hacer que esos impuestos sean pagados realmente; siempre encontrarán un lugar libre de impuestos donde asentarse.
En segundo lugar, el IVA, como el resto de los impuestos indirectos entran en contradicción flagrante con cualquier propuesta de política fiscal progresiva. El IVA es un impuesto al consumo que paga la ciudadanía en última instancia. Las compraventas entre empresas y autónomos desgravan el IVA pagado en cada factura, mientras que el consumidor final no puede descontarlo para desgravarlo.
Es un impuesto que sólo paga la clase obrera, puesto que es el único sector social que no tiene facturas que le permitan desgravarlo, si no sólo nóminas; y contra las nóminas no se puede repercutir ningún gasto en IVA. Por eso, cualquier política fiscal progresiva pasa, primero, por su desaparición y la de todos los impuestos indirectos que paga por igual cualquier persona, tenga el nivel de renta que tenga.
Sin estas dos precondiciones, la desaparición de los paraísos fiscales y los impuestos indirectos, todo lo que se haga en cuestión fiscal es un saludo a la bandera; si además se plantea, como se está planteando desde el gobierno, que serían figuras impositivas temporales, mientras durara el periodo de crisis para financiar al Estado, el saludo a la bandera pasa a ser un insulto a toda la clase obrera.
Dentro del marco burgués existen otras maneras de financiar al estado a partir de estas dos precondiciones, y es recuperar la vieja propuesta de una política fiscal progresiva, “que pague más quien más tiene”, sin ningún tipo de impuesto indirecto que saquee desde el estado las nóminas de los trabajadores y trabajadoras.
El carácter retrogrado del régimen del 78
La política fiscal en el Estado Español parte de una mentalidad cristiana, de que la fiscalidad sólo sirve para ayudar a los “más débiles”, como hace Felipe VI “convenciendo” a sus pares de sangre azul, la “nobleza”, para que “repartan leche y aceite” entre los y las “más desfavorecidas”. Es una concepción caritativa de la política fiscal no muy diferente de lo que hace Amancio Ortega con las donaciones o al poner los aviones de Inditex al servicio del Estado cuando este lo precisa, mientras tiene su fortuna en SICAVs o paraísos fiscales. La política fiscal no puede partir de esta concepción, que es la expresada por el representante de Ebro Foods en la cumbre de la CEOE, pues se limitaría a ser “asistencial”, no de justicia social; que es bien distinto.
La política fiscal o tiene un objetivo redistributivo de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad, o sólo es asistencial. Es el reconocimiento de que esa riqueza no surge de la nada o de la herencia de sangre, como el dinero no sale de los cajeros si uno no tiene saldo; sino del trabajo humano; así se estableció cuando la burguesía hizo su revolución. En el mundo burgués “avanzado” la política fiscal se basa en que el trabajo humano, sea del capitalista como del trabajador, es la fuente de esa riqueza; en el mundo burgués “medievalizado” como el español, que no hizo su revolución burguesa, no existe esta concepción; para ellos son los presupuestos generales del Estado los generadores de riqueza, porque son los que financian al núcleo duro del capital español, el turismo y la construcción: Madrid es la capital donde se aprueban esos presupuestos, reparte el dinero a todos y todas las habitantes del estado como si este hubiera brotado del Manzanares.
Una política fiscal progresiva debe tener ese carácter y bajo el principio de que “paga más quién más tiene”, y no de una forma temporal como avanzan algunos miembros del gobierno con el “impuesto del Covid-19”; sino permanente. Los ricos pagan más porque acumulan más riqueza fruto del trabajo humano, y punto. Y si no quieren, se les expropia pues si algo ha demostrado estas crisis es que la pandemia no la frenaron los Ortegas, Florentinos, Roigs, Botines, y demás capitalistas, pequeños, medianos o grandes, que rápidamente se apuntaron a los ERTEs o a los despidos masivos; sino la clase obrera, con los sanitarios y sanitarias a la cabeza.
Obviamente, como el régimen del 78 tiene como pilares justo esa concepción cristiana de la fiscalidad, heredera de la que aplicó el franquismo a lo largo de 40 años con base en las “hermanitas de la caridad”, ahora «ONGs», es que o se rompe con el régimen, o es imposible impulsar una verdadera fiscalidad progresiva y democrática.
Fiscalidad y transformación socialista de la sociedad
La financiación del Estado a través de la política fiscal, incluso la más progresiva, se basa en la existencia de la propiedad privada de los medios de producción, distribución y financieros; y hacer que “pague el que más tiene” es estirar al máximo su carácter democrático que, tarde o temprano, termina chocando con esa propiedad privada, como sucede desde los años 80 con el triunfo del neoliberalismo.
La caída de la tasa de ganancia que redujo los beneficios de los capitalistas está en la base de la crisis de los 70 y para sufragarlo liberalizaron los flujos financieros; abrieron las fronteras para que el capital pudiera moverse libremente por todo el mundo al tiempo que modificaban la política fiscal, adquiriendo un carácter más regresivo; la recaudación por impuestos directos e indirectos recae cada vez más sobre las rentas de trabajo y no las rentas de capital y así sustituyeron la tasa de ganancia por exención de impuestos.
Sin entrar en el análisis marxista de que todo el dinero que existe en un Estado es fruto del trabajo obrero, puesto que sólo el trabajo asalariado genera riqueza y por lo tanto el 100% de la recaudación la genera la clase obrera, y admitiendo la diferencia entre las rentas de capital (beneficios de empresarios y autónomos que se basan en la facturación que ellos declaran) y las rentas de trabajo (que se basa en criterios objetivos, las nóminas que se cobran); hoy en el Estado Español el 70% de la presión de los impuestos recae sobre estos últimos.
Hasta aquí condujo la contrarrevolución neoliberal de los 80; y ahora los capitalistas, en palabras del representante de Ebro Foods, no sólo no admiten ninguna modificación así sea temporal del mecanismo fiscal del Estado, sino que quieren profundizar en la línea de que sean los trabajadores y las trabajadoras las que sigan soportando todo el peso de la financiación del Estado. ¡Para después pedir “ayudas y subvenciones” por las pérdidas!.
El sueño de los “progresistas” de volver a la fiscalidad progresiva de los años del estado de bienestar es eso, un “sueño”, una “ilusión” que murió con el estado del bienestar, y que esta pandemia solo ha clavado el último clavo.
La caída abrupta de la economía, que va a provocar una caída de más del 10% del PIB, una tasa de ganancia en decadencia desde hace años que hacía que los capitalistas buscaran otras vías para mantener los beneficios como la especulación con bienes y servicios, con la deuda de los estados, con una política fiscal que los eximía del pago de impuestos, etc., baja a la realidad esas “ilusiones” de una vuelta a los “buenos viejos tiempos” del estado del bienestar
Eso se ha acabado; la agresividad xenófoba del “club de los frugales”, aliados al PP, las declaraciones en la cumbre de la CEOE, la política de la UE de “dar dinero con condiciones”, apunta en el sentido contrario a esas “ilusiones” reformistas. Apunta a una agudización durísima de las políticas de la burguesía: tienen mucho que perder.
El camino que hay que construir es el opuesto a fomentar esas “ilusiones”. Cierto es que no pagar la deuda o establecer una política fiscal progresiva serían pasos importantes en ese camino, pero no podemos olvidar que en las condiciones actuales de decadencia del capitalismo, esas medidas son imposibles de adoptar si no es a través de la lucha de la clase obrera por la transformación socialista de la sociedad.
El capital y su personificación, los burgueses, hablan claro: ningún gobierno va a dejar de pagar la deuda y, menos que menos, va a hacer una política fiscal que toque ni un euro de sus beneficios; al revés, intentarán socializar las pérdidas aumentando los impuestos indirectos, en especial el IVA, y eximirán a los capitalistas del pago de cuotas de la Seguridad Social, etc.
Frente a ello, crear la menor ilusión de que desde el gobierno se pueden crear “escudos sociales” sin decirle a la población de que la minoría explotadora exige justo lo contrario, y que sólo luchando por expropiarla se podrán conquistar, es engañar a la población y desarmarla contra las políticas que con toda claridad están poniendo sobre la mesa.
Un apunte final
En el socialismo los impuestos no existen, porque no existirá propiedad privada de los medios de producción, distribución y financieros; la sostenibilidad de la sociedad se hará directamente desde el trabajo humano verdaderamente libre de la explotación asalariada, directo y asociado en su administración. No habrá Estado que financiar, porque al desaparecer la propiedad privada y las clases sociales no será necesario ninguna herramienta de opresión de un parte de la sociedad sobre otra.
Al no haber intercambio de mercancías que necesite dinero como cuantificación del valor del trabajo, el mercado, habrá desaparecido “el gobierno sobre las personas” a través del Estado, siendo sustituido por “la administración de las cosas” sobre el trabajo asociado. Los impuestos sólo existen en las sociedades que basan en el dinero como forma de cuantificar ese trabajo humano; sin el dinero, los impuestos desaparecen. La transformación socialista de la sociedad es su último acto.