¡Depuración ya del sistema judicial!

Desde Corriente Roja nos sumamos a las muestras de repudio y rechazo ante la sentencia en el caso de Pozoblanco, que condena a los violadores de «La Manada» a penas de entre 2 años y 10 meses, y 4 años y medio de cárcel, por abuso sexual y por un delito contra la intimidad.

Una vez más, agredir sexualmente en grupo a una mujer que está semiinconsciente dentro de un coche, grabar y difundir por las redes sociales dicha agresión y empujarla fuera del coche después es considerado por sus señorías abuso sexual y no violación, porque no ven en ello «violencia e intimidación».

Una vez más, la justicia se pone del lado de los agresores y no de sus víctimas, mientras las instituciones se ponen «de lado»: la consejera de Igualdad de Andalucía se ha limitado a mostrar por Twitter su apoyo a la víctima, dejando claro también que ella «respeta todas las decisiones judiciales».

Y es que, aunque gracias a la lucha y la movilización las mujeres hemos conseguido en estos años algunos pequeños triunfos judiciales, está claro que esta sentencia es la «norma» y no la excepción.

La norma con la que actuó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que con nocturnidad y alevosía, en plena crisis del coronavirus, modificó el 20 de marzo la calificación de los hechos protagonizados en noviembre de 2017 por los tres exjugadores de la Arandina, por los que habían sido condenados a 38 años de cárcel como cooperadores de tres delitos de violación a una menor de 16 años. Este tribunal no sólo consideró que no hubo intimidación, sino que la víctima de 15 años consintió todas las relaciones sexuales, por lo que absolvió a uno de ellos y rebajó las condenas de los otros dos en 4 y 3 años de cárcel.

Y es la misma norma por la que en mayo, un año después de que Verónica se quitase la vida, el juicio por el Caso Iveco ha quedado cerrado «por no haber encontrado ningún culpable» y la empresa sigue sin ser sancionada pese a no tomar ninguna medida ante el acoso sexual colectivo que dicha trabajadora sufrió durante semanas, y de la que tenían conocimiento.

El que las absurdas e infundadas acusaciones y demandas judiciales de la derecha por las manifestaciones del 8M, en las que no merece la pena ni entrar, hayan encontrado eco es igualmente otra demostración de la naturaleza machista, franquista y retrógrada de una parte de la judicatura y de las instituciones del Estado, que es preciso depurar.

Por eso, más que nunca, no podemos bajar la guardia ni permitir que quienes por activa o pasiva son cómplices de esta violencia, nos arrebaten las calles.

¡Nosotras no acatamos sentencias injustas, ni nos vamos a conformar! Valoramos y esperamos el cambio de leyes prometido para que «sólo sí sea sí». Pero sabemos que por mucho que cambien las leyes, nada cambiará mientras sigan sin enfrentar y depurar una justicia y un régimen herederos del franquismo, con los que es preciso romper.

Exigimos a este gobierno la destitución de todos aquellos jueces o juezas que dicten sentencias machistas. ¡Que sean ellos; violadores, feminicidas y abusadores, y no nosotras, quienes tengan miedo! ¡Vivas y libres nos queremos!