En el mismo tono que el resto del documento, el pacto recoge una serie de promesas sin concreción ni presupuesto, rotuladas como «políticas feministas».

Lo primero es señalar que poca efectividad pueden tener esas medidas si no van acompañadas de políticas económicas y sociales decididas a revertir el ataque a nuestros salarios, los recortes y la privatización de lo público que venimos sufriendo. Porque además de mujeres, somos mayoritariamente trabajadoras, ya en activo o desempleadas, estudiantes o pensionistas.

Por más leyes que hagan, no es posible acabar con nuestro mayor desempleo y temporalidad, o con la brecha de género en salario y pensiones, sin derogar TOTALMENTE las reformas laborales de 2010 y 2012, que convierten cualquier política o plan de igualdad en papel mojado. Tampoco sin implantar una pensión mínima de 1.084 euros y garantizar éstas en base a los Presupuestos Generales del Estado. Igualmente «Universalizar el acceso a la Educación Infantil 0-3 años»(2.1.11) NO es lo mismo que garantizar una educación infantil laica, pública y GRATUITA. Y «reducir las listas de espera en Dependencia»(2.3.2) nos alegra, pero es insuficiente sin invertir lo necesario en centros públicos de atención socio-sanitaria

Igualdad laboral y retributiva

Ninguna novedad respecto al decreto de marzo de 2019, que casi un año después no tiene desarrollo reglamentario y obliga a las empresas a llevar un libro de salarios y «avanzar» en la implantación de planes de igualdad, según un calendario que se extiende hasta 2021. El objetivo es lograr una mayor transparencia salarial, pero no hay medidas de fondo para acabar con todas las causas que están detrás de que la brecha salarial se mantenga. Actualmente, sólo un 10% de las empresas obligadas a ello cuentan con planes de igualdad por la resistencia empresarial y no hay sanciones previstas. Los permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y remunerados vuelven a posponerse hasta 2021. Decepcionante es que para las empleadas de hogar, en su mayoría inmigrantes, se garantice «su integración en el régimen de la Seguridad Social, a lo largo de la legislatura», cuando es urgente hacerlo de forma inmediata.

Violencia machista

Celebramos que se incorpore lo dispuesto en el Convenio de Estambul. Pero más de dos años después, el 75% de las medidas del pacto ya aprobadas aún están pendientes y la nueva ley de violencia sexual no tiene presupuesto. Recordemos que Podemos prometía 600 millones de euros anuales en las elecciones para un plan estatal de Lucha contra las Violencias Machistas. Y como gritamos ante cada sentencia machista, no basta cambiar las leyes y dar formación sin depurar un sistema judicial encargado de aplicarlas e interpretarlas, que la transición nunca depuró.

No es creíble hablar de «Erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual», mientras mantengan las políticas antimigratorias de la UE que promueven el tráfico ilegal de personas. Más allá de la prosa, nos surge la duda de si irán hasta el final en la investigación y desmantelamiento de las lucrativas redes de proxenetismo que bajo cobertura legal operan en los llamados clubs de alterne. El pacto habla de acabar con la trata pero deja fuera cualquier referencia a impulsar medidas para abolir la prostitución, que era la pretensión anterior del PSOE.

Derechos sexuales y reproductivos

Está bien «proteger la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE». Pero reclamamos aborto en la sanidad pública, sin derecho a objeción de conciencia por el personal sanitario, y no en clínicas privadas pagadas con dinero público como hasta ahora, lo que genera discriminación y desigualdad entre territorios. ¿Garantizar el IVE a todas las mujeres, supone derogar la ley que impide a las jóvenes de 16 y 17 años hacerlo sin consentimiento paterno? Por último: «actuaremos frente a las agencias intermediarias en los vientres de alquiler». ¿Qué harán, las van a sancionar económicamente?

No podemos bajar la guardia. ¡Por un 8M de clase y combativo!

Estas y otras razones señaladas en otros artículos, nos llevan a no tener confianza en este nuevo ejecutivo. El próximo 8M salgamos a las calles exigirle que cumpla con sus promesas y sigamos en ellas hasta arrancarles las medidas que de verdad necesitamos.