Se han cumplido ya los 100 primeros días del Gobierno del PSOE presidido por Pedro Sánchez. Lo anunciaron como el gobierno del cambio y en rigor así ha sido: en sólo tres meses, sus promesas se disolvieron y “donde dije digo, digo Diego”.

Cuando se llega al gobierno hay dos opciones: o se gobierna para los que mandan, la gran patronal y la Europa del capital, o se hace para la clase obrera. O se defienden los derechos democráticos, incluido el derecho a la autodeterminación, o se actúa de testaferro de la monarquía. No hay más caminos. Y el gobierno Sánchez tiene claro el suyo, como antes lo tuvo Zapatero: nunca va a traspasar los límites que le dictan la UE, los grandes del IBEX 35 y la Monarquía y va a ser obediente a sus dictados.

Por eso, no han tenido empacho en desdecirse de las promesas que hacían cuando eran leal oposición. Pero su incumplimiento tiene consecuencias muy graves para los trabajadores/as, la juventud y los sectores más pobres. Mantener en pie las infames reformas laborales permite, entre otras, que en un solo día se rescindan 304.000 puestos de trabajo; que los salarios sigan bajando a costa de la eventualidad, de los contratos a tiempo parcial y de las horas extras obligadas que no se pagan. Explica el drama de miles de familias afectadas por los desahucios, que se siguen produciendo a razón de 164 cada día.

La cobardía y el doble lenguaje marca a fuego a los dirigentes del PSOE. Los que iban a derogar la Ley Mordaza, ahora que pueden hacerlo, se niegan. Los que se llenaron la boca con la política migratoria y “el ejemplo” del Acquarius, en solo unos días dieron el infame espectáculo de la expulsión de los 116 migrantes en Ceuta. Venían a normalizar Cataluña, pero los presos politicos siguen en la cárcel y ni siquiera se atreven ordenar a la Fiscalía que retire la acusación de rebelión, que todo el mundo sabe que nunca existió. Y cuando Torra sube la retórica (porque de ahí no pasa), Sánchez le recuerda el 155.

Y sin embargo, nada de esto es obstáculo para que los dirigentes de Unidos Podemos y la burocracia sindical de CCOO-UGT hagan de palmeros del Gobierno y se corresponsabilicen de su actuación, en nombre de su carácter “progresista” y de “enfrentar” a la derecha. El vociferio de Casado y Rivera, con epicentro en la cuestión catalana, es más una disputa de espacio entre ambos que un “choque” con el gobierno. Pero si para combatir a la derecha hay que apoyar a un gobierno obediente de la UE, la patronal y la monarquía, apañados vamos.

Cifrar las expectativas de cambios y mejora de los problemas de fondo que azotan el país en medidas cosméticas del gobierno Sánchez y en el ciclo electoral que se anuncia para el próximo año (incluida la Ley Electoral antidemocrática de siempre), no es muy diferente de las expectativas que se alientan con los viajes a Lourdes o a Fátima. Es cuestión de fe en los milagros.

Necesitamos, por eso, seguir apostando por el impulso de la movilización obrera y democrática. Por rodear de apoyo a los/as que enfrentan EREs y despidos (Vestas, Transcom, Sargadelos…), traslados (LIDL) y despidos encubiertos (interinos/as); a los/as que luchan por su convenio; a los/as que se movilizan en defensa de las pensiones y contra los desahucios; a los/as que luchan contra la represión y por el derecho de los pueblos a decidir; a las mujeres que enfrentan la violencia machista…. Necesitamos construir desde ahí una verdadera fuerza de oposición obrera y democrática a la derecha franquista, al régimen, a la patronal y al gobierno Sánchez.